El 19 de julio de 1936, los obreros y obreras de la CNT y diversas fuerzas revolucionarias y de izquierdas eran dueños y señores de las calles de Barcelona y de otras localidades catalanas. El intento de golpe militar y fascista había sido sofocado por las fuerzas del ejército leales a la República y por las fuerzas obreras, izquierdistas y revolucionarias. Sin embargo, las instituciones estatales se habían derrumbado y habían perdido el control de la situación.
En este contexto, los trabajadores y trabajadoras se apresuraron a crear una nueva sociedad y llenaron el vacío de poder: proliferaron centenares de comités por todo el territorio catalán; se ocuparon edificios para utilizarlos como sedes de sindicatos, partidos y otras organizaciones; se colectivizaron fábricas y negocios, y se formaron patrullas de control. Dentro del conjunto de organizaciones obreras cuyos militantes participaron en este proceso, la CNT y la FAI se convirtieron en los principales protagonistas de lo que pasó a denominarse Revolución social.
La articulación de comités, patrullas y otros organismos hizo posible la existencia de un poder político obrero sin el cual no habrían podido sostenerse las colectividades, las instituciones educativas y culturales, así como otros experimentos sociales. Este texto pretende ofrecer un breve repaso de estos órganos sobre los que se construyó la sociedad revolucionaria.
Originalmente diseñados para actuar como grupos armados, los comités asumieron, durante el verano de 1936, un papel de sostenimiento de la sociedad revolucionaria mediante tareas organizativas, como el abastecimiento y el control de las calles. De este modo, se extendieron por los barrios de Barcelona y por el ámbito municipal fuera de la capital, donde controlaban la vida local y estaban compuestos, a menudo, por representantes de distintas organizaciones según la correlación de fuerzas existente. Paralelamente, se formaron grupos armados que perseguían a fascistas y enemigos de la revolución.
El control de la situación por parte del anarcosindicalismo dio lugar a la creación del Comité Central de Milicias Antifascistas, junto con otros organismos como el Consejo de Economía y el Consejo de la Escuela Nueva Unificada. En el Comité estaban representados ERC, la CNT, la FAI, la UGT, el PSUC, el POUM y la Unió de Rabassaires, además de la Generalitat de Cataluña. Desde allí se organizaron ámbitos como los suministros, el abastecimiento, la sanidad, la propia actividad bélica y el orden público. En relación con este último, se crearon las denominadas patrullas de control, en las que los militantes cenetistas tenían un peso fundamental, aunque una parte importante de sus integrantes pertenecía a la UGT y a ERC. Las patrullas desempeñaron la función de defensa armada de la revolución en las calles mientras las milicias marchaban al frente.
Otro órgano de defensa fue la Oficina Jurídica. En agosto, Ángel Samblancat, al frente de una milicia, tomó el Palacio de Justicia de Barcelona. La nueva institución, que pasó a estar dirigida por el prestigioso abogado Eduardo Barriobero, revisó los procesos abiertos que habían quedado paralizados tras el estallido revolucionario y aplicó una nueva justicia conforme a unos nuevos principios políticos y sociales.
No obstante, el poder estaba fragmentado. El Comité Central de Milicias Antifascistas no era capaz de extender su control a todo el territorio. En Lleida, por ejemplo, el POUM ejercía la hegemonía en el comité local y su Tribunal Popular funcionaba de forma independiente. Podrían citarse otros ejemplos que demuestran que, en muchas localidades, las distintas fuerzas actuaban por su cuenta. En la propia Barcelona, los comités de barrio se resistían a perder su autonomía y ejercían un contrapoder.
Sin embargo, el Estado fue recuperando progresivamente su papel predominante en la sociedad. El Comité Central de Milicias Antifascistas se disolvió a finales de septiembre para dar paso a un Gobierno de la Generalitat; los ayuntamientos republicanos sustituyeron a los comités locales, y en las patrullas de control se produjo una pugna entre ERC y el PSUC, que pretendían someterlas al control de la Consejería de Interior, y la CNT, que defendía su mantenimiento.
La Revolución continuaría inmersa en este proceso de asfixia, con el PSUC y ERC como principales responsables (aunque también podría analizarse el papel ambivalente de la dirección anarcosindicalista). No obstante, este sería un tema para otro artículo. El despliegue de comités, patrullas y otros órganos de control obrero constituye uno de los experimentos revolucionarios más importantes, profundos y transformadores de la historia reciente, y obliga al movimiento libertario actual a plantearse cuestiones como la construcción del poder en una nueva sociedad.
