La protesta a nivel estatal está prevista para el 12 de febrero. El objetivo es asegurar que el derecho a una pensión digna del Sistema Público «sea una realidad para todas las personas, para el presente y para el futuro».
Las Cortes Generales aprobaron a finales de diciembre la norma que modificaba la Ley General de la Seguridad Social y ya es efectiva desde este 1 de enero de 2022. La convocatoria de movilización, para el próximo 12 de febrero, es una respuesta a la nueva reforma de las pensiones, por la cual están haciendo un proceso de concienciación social y de movilización, “que necesariamente debe acabar con la derogación de esta nueva Ley, y de las anteriores reformas de 2011 y 2013”. Su objetivo es asegurar que el derecho a una pensión digna del Sistema Público (Art. 50 de la Constitución Española) “sea una realidad para todas las personas, para el presente y para el futuro”.
Las Plataformas y los Movimientos de Pensionistas del Estado presentaron en rueda de prensa el 17 de diciembre la valoración conjunta de la Ley 121/000066 de Reforma de las Pensiones.
Tras el “esperanzador” título de la Ley “de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones” aparece para estas entidades a lo largo del texto un doble lenguaje que apunta en otra dirección.
Según COESPE -Coordinadora Estatal de Pensionistas-, el IPC que se utiliza no es el interanual acumulado, sino el IPC medio, por lo que, “lejos de garantizar nada”, se reduce este año el poder adquisitivo de las pensiones en un 3%. “Se olvida en esta reforma subir las pensiones mínimas a niveles de dignidad, para eliminar las pensiones de miseria y la brecha de género”, señala la plataforma.
En esta ley aparece una nueva figura: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que dice derogar al anterior factor de sostenibilidad. Sin embargo, habla de posibilitar recortes de las pensiones cuando lo consideren necesario. “Ni una mención sobre reponer las cantidades que se desviaron de la caja de la Seguridad Social para gastos ajenos a las pensiones (gastos impropios)”, señalan.
De hecho, COESPE denuncia que “se ahonda en los recortes de las anteriores reformas de las pensiones”, como puede ser el retraso de la edad de jubilación, y el alargamiento del período de cómputo para el cálculo de la base reguladora.
También señalan que esto deja el terreno preparado para la privatización: “Para que otra parte de lo público, en este caso las pensiones, pase a ensanchar el terreno del negocio privado y financiero”. COESPE ha dejado claro en multitud de ocasiones su rechazo a esta nueva reforma. Por ello, están organizando la jornada de movilización unitaria y estatal del próximo 12 de febrero.
Esta movilización está apoyada por ASJUBI 40 (Asociación Jubilación Anticipada sin penalizar), COESPE (Coordinadora Estatal de Pensionistas), EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria), MADPP (Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas), MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensions e os Servizos Públicos) y Plataformas de Pensionistas de Badajoz y Móstoles.
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