El problema de la precariedad en el entorno laboral está a la orden del día en España. Se observa en casos como el de Lupe, que dejó su anterior trabajo en un restaurante harta de las condiciones: «Cobraba 800 euros, nada de 1.000. Trabajaba más de ocho horas, pero las otras ni se ven». Los bajos sueldos y las horas extra se suelen asociar con la precariedad, pero no son los únicos factores a tener en cuenta.
Así lo plantea el sindicato de Comisiones Obreras, que en un estudio ha establecido otros cinco indicadores con los que reconocer a un trabajador precario. Entre ellos, la sobrecualificación. Es la situación en la que se encuentra Matías, diseñador gráfico que trabaja en un restaurante: «No tuve la opción de meter la cabeza en un puesto de trabajo fijo y tuve que buscarme otras salidas».
Según este inédito informe, casi la mitad de los españoles reúne varios puntos de esos indicadores, por lo se puede definir como trabajador precario. En contraposición, solo el 28% de los encuestados no sufre ninguna de esas condiciones. «Es un dato demoledor. En España no solo hay muchos trabajadores y trabajadoras precarias, sino que los que lo son, lo son en niveles de intensidad severa», ha afirmado Unai Sordo, secretario general de CCOO.
Con estos datos, ¿cómo saber entonces si formamos parte de ese alto porcentaje de trabajadores en situación precaria que denuncia el sindicato? Teniendo en cuenta algunos de los indicadores que se recogen en ese documento: cobrar menos de 1.000 euros, tener un contrato temporal o parcial no buscado, la sobrecualificación frente al trabajo actual que se ocupa, cumplir las horas extra extendidas y no devueltas o no pagadas.
Si se cumplen estas condiciones en nuestra situación laboral, entonces ocupamos un puesto precario. «Te ofrecen un contrato de determinadas horas, al final te tienes que quedar un poco más de las que te tocan. Era muy complicado que me pagaran las extra, muchas veces ni lo hacían, o no tenía propinas», han relatado a laSexta dos trabajadoras sobre las malas condiciones laborales que han sufrido.
Precisamente, esa precariedad es mucho más elevada entre las mujeres (54% del total) y se dispara entre los jóvenes (75%) y los inmigrantes (67%). Por comunidades, se supera con creces la media en Canarias y Andalucía. «Se requieren mis conocimientos profesionales, pero al final la naturaleza del trabajo y las condiciones son propias de trabajos no cualificados», ha lamentado un joven malagueño. Una precariedad que el sindicato asegura que se multiplicó tras aprobarse la reforma laboral del 2012.
Sólo uno de cada seis trabajadores amparados por un convenio colectivo tiene una cláusula de garantía salarial que permite que su sueldo sea revisado al alza cada año en función de la inflación para que no pierda poder adquisitivo, protección que se concentra en convenios de empresa del sector industrial.
El incremento salarial de alrededor del 5 % -dependiendo de cómo cierre el IPC el año- que Mercadona va a aplicar a todos sus trabajadores para que no pierdan poder adquisitivo por la elevada inflación ha puesto de actualidad que la garantía salarial es una rareza que ha desaparecido de la mayoría de los convenios colectivos durante los últimos años.
Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, la cláusula de garantía salarial cubre a 1,23 millones de trabajadores amparados por 457 convenios colectivos, el 16,5 % de total de los registrados y con efectos económicos hasta noviembre.
En total, de enero a noviembre de este año se registraron 2.757 convenios colectivos con efectos económicos en 2021, que afectan a 7,3 millones de trabajadores, datos que contrastan con los registrados a comienzos del siglo XXI.
En el año 2000 casi la mitad de los 5.252 convenios colectivos que había (2.311) contaban con una cláusula de salvaguarda, que beneficiaba a 6 millones de trabajadores de los más de 9 que había amparados.
Las cifras son parecidas en los siguientes años, hasta que la crisis financiera de 2008 provocó congelaciones y rebajas salariales que propiciaron la extinción de las cláusulas de garantía.
Hasta noviembre de 2021 la subida salarial media aplicada en los convenios con efectos económicos de este años se situó en el 1,5 %, mientras que la inflación media de estos once primeros meses del año rozó el 2,8 %.
Un informe elaborado por CCOO exponía cómo la práctica totalidad de los trabajadores protegidos por convenio han tenido subidas por debajo de la inflación actual: al 25,6 % tiene pactados incrementos de entre el 0 y el 1 % para 2021; el 34,6 %, de entre el 1 y el 1,5 %; el 28,7 %, de entre el 1,5 y el 2,5 %, y solo el 11,1 % ha firmado incrementos salariales por encima del 2,5 %.
«El repunte de la inflación en 2021 perjudicará en mayor medida a los sectores más precarios y vulnerables», señala el citado informe.
La mayoría de los convenios con cláusula de garantía son de empresa (337), pero sólo afectan a 71.071 trabajadores, repartidos entre compañías industriales (48.197) y de servicios (21.516).
El resto (120) son convenios sectoriales que, no obstante, amparan a casi 1,2 millones de empleados repartidos también en los ámbitos industriales (730.430) y de los servicios (395.802).
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