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Denuncian que la fusión de Bankia y CaixaBank creará un oligopolio bancario

El sindicato CGT teme que la anunciada fusión entre Bankia y CaixaBank, que forma parte de la “tan deseada por algunos” concentración bancaria, va a provocar en la práctica un oligopolio en el sector, en perjuicio de los derechos de los consumidores.

En un comunicado, Fesibac-CGT se lamenta de que la situación de unos servicios “precarizados y recortados ya bastante” para amplias capas de la población empeore tras la operación.

Por ello, apuesta por una banca pública que garantice unas condiciones financieras asequibles y unos servicios bancarios de calidad a la ciudadanía, independientemente de su edad, clase y/o ubicación; algo a lo que el Estado, accionista mayoritario de Bankia a través del FROB, ha renunciando.

Para la CGT, la “reducción de costes” que implica una operación de este tipo no es más que un eufemismo, que esconde “salvajes restructuraciones de plantillas que suponen la destrucción de miles de empleos”, así como el cierre de un número muy importante de oficinas bancarias, que en muchos casos desbancarizan más el mundo rural.

En esta misma denuncia se suman CCOO y UGT que transmiten a las direcciones de ambas empresas un mensaje claro: exigimos garantías para la plantilla.

Además, esta reducción de empleo “grava seriamente las arcas del Estado, ya que esta se concreta únicamente mediante procedimientos de despido colectivo, amparados en una reforma laboral hecha a medida de los empresarios, que permite el uso de esta herramienta a empresas con miles de millones de beneficios y que le suponen un doble coste.

Por un lado, aclara CGT, la pérdida de ingresos a la Seguridad Social por cotizaciones y a Hacienda por IRPF, y por otro el pago por parte del SEPE de prestaciones por desempleo, así como cotizaciones, a lo que hay que unir las exenciones fiscales aparejadas al despido.

La Confederación considera que estas reestructuraciones de plantilla deben correr totalmente a costa de la cuenta de resultados de las empresas, utilizando para ello la figura de la prejubilación a partir de determinada edad, “exonerando así al Estado de sufragar coste alguno”.

Es inasumible para la clase trabajadora, añade la nota, que sea el Estado quien “indirectamente rescate nuevamente al sector financiero”

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