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Reclaman garantías para la plantilla y criterios laborales responsables ante la fusión CaixaBank-Bankia

Y saltó la noticia, que posteriormente confirmaron ambas entidades, sobre la posible integración CaixaBank-Bankia. Las conversaciones ya están iniciadas. La complejidad de la situación actual se une la incertidumbre ante esta operación, no hay que olvidar que la suma de ambas plantillas supera las 44.000 personas en todo el Estado.

Los derechos laborales de las más de 4.500 personas actualmente empleadas en las 681 oficinas de ambas entidades en País Valenciano no pueden quedar pendientes de un hilo.

Esta operación sigue en la línea de concentración iniciada a partir de la crisis anterior (2007) y, desde el punto de vista financiero, dada la situación de mercado, tipos de interés y avance de la digitalización, es una operación que responde a una lógica empresarial.

En cuanto a la coyuntura generada por la Covid, este movimiento se anticipa y prepara para los impactos que puedan amenazar los balances ante la destrucción de tejido productivo. Se trata, además, de una operación de alcance en términos estratégicos de país. La entidad resultante tendría asegurada no sólo su viabilidad futura, sino que sería una importante palanca para la canalización de proyectos de inversión en un momento de Reconstrucción Económica.

Los sindicatos CCOO y CGT ya han manifestado su preocupación en sendos comunicados: CCOO transmite a las direcciones de ambas empresas un mensaje claro: exigimos garantías para la plantilla.

El secretario general de la Federació de Serveis CCOO PV, Jose Miguel Mandingorra considera que “La subsistencia de una entidad financiera con elevada participación Estatal debería garantizar crédito a las empresas encargadas de la reconstrucción” afirma.

Desde CGT “Creemos que estas reestructuraciones de plantilla deben correr totalmente a costa de la cuenta de resultados de las empresas, utilizando para ello la figura de la prejubilación a partir de determinada edad, exonerando con ello al Estado de sufragar coste alguno, garantizándole así los ingresos por cotizaciones e impuestos en unos momentos en donde todo el dinero público es necesario para construir lo que denominan “escudo social”.

Es inasumible para la clase trabajadora que sea el Estado quien indirectamente rescate nuevamente al sector financiero. Por otro lado, no podemos aceptar que este momento que vivimos de pandemia, donde están recortados seriamente derechos fundamentales que hacen que sindicalmente no podamos realizar nuestras funciones con todas las garantías constitucionales, sean utilizados en su favor por los grandes grupos empresariales para negociar en clara posición de ventaja.”

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