La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) y la CGT denuncian que los servicios mínimos aprobados para la huelga general del 11 de noviembre restringen el derecho a parar de miles de trabajadores. Señalan diferencias difíciles de justificar entre comunidades autónomas y anuncian que combatirán las imposiciones que consideren abusivas.
A menos de veinticuatro horas de la huelga general por la vivienda y los salarios, el alcance de los servicios mínimos se ha convertido en otro frente del conflicto. La CSI y la CGT acusan a distintas administraciones de fijar porcentajes que, en su opinión, preservan buena parte de la actividad ordinaria y reducen la fuerza de una convocatoria destinada precisamente a interrumpir el trabajo.
Del 25 % en Catalunya al 80 % en Madrid
Las diferencias son llamativas. Según los datos difundidos por las organizaciones, la Comunidad de Madrid establece para el Metro un 80 % de servicio en horas punta. En Catalunya el transporte público tiene fijado un 25 % en esas franjas y en Euskadi el porcentaje indicado es del 30 %. Para Cercanías, los mínimos estatales llegan al 75 % en hora punta.
La comparación, sostienen los sindicatos, obliga a las administraciones a explicar con criterios concretos por qué una misma necesidad esencial exige mantener tantos servicios en un territorio y muchos menos en otro. No basta con invocar genéricamente el interés público: cada restricción del derecho de huelga debe estar motivada y ser proporcionada.
Educación, sanidad y transporte: el caso valenciano
En el País Valencià, el Consell impone la apertura de todos los centros escolares, el 60 % de las plantillas de comedor y el 80 % en Educación Especial, según la denuncia sindical. También establece actividad en la mitad de los quirófanos programados. En Baleares, el transporte escolar queda fijado al 100 % y el metro de Palma al 80 % durante buena parte de la jornada.
En Andalucía, las organizaciones cuestionan el 75 % señalado para la sanidad pública y privada. También critican que La Rioja extienda las obligaciones a instalaciones como museos, bibliotecas y polideportivos. El debate no consiste en desatender emergencias o poner en riesgo vidas: se trata de impedir que la obligación de atender lo verdaderamente imprescindible se utilice para mantener servicios ordinarios y vaciar de eficacia la huelga.
Los porcentajes concretos del 11-N: trenes, metro, sanidad y seguridad
La información de servicios mínimos difundida el 10 de noviembre permite medir con más precisión el alcance de las restricciones. En los servicios de Cercanías de Renfe se han anunciado el 75 % de las circulaciones en horas punta —de 6.00 a 9.00, de 13.30 a 15.30 y de 18.30 a 20.30— y el 50 % fuera de esas franjas. Para Media Distancia se fija el 65 %; para Alta Velocidad y Larga Distancia, el 73 %; y para mercancías, el 26 %. Son categorías y ámbitos de servicio distintos, que no deben confundirse con las disposiciones específicas de los transportes dependientes de las comunidades autónomas.
En Madrid, el Metro debe mantener el 80 % del servicio en sus tres tramos de hora punta —de 7.30 a 9.30, de 14.00 a 16.00 y de 18.00 a 20.00— y el 50 % el resto del día. Los autobuses urbanos de la capital tienen fijado un 50 % durante toda la jornada; en los interurbanos madrileños se establece un 50 % en las primeras horas y un 45 % después. Para Catalunya, la orden autonómica señala un 25 % en las franjas de 6.40 a 9.30 y de 16.30 a 21.00 en los distintos transportes públicos comprendidos en ella, sin porcentaje mínimo de circulación fuera de esos periodos. El contraste entre territorios refuerza la exigencia sindical de justificar por qué se mantiene tal proporción de servicio en cada lugar.
En los vuelos, el criterio no se expresa siempre como porcentaje de vuelos obligatorios. Para las rutas entre la Península y los archipiélagos se exige capacidad para reubicar al 90 % de los pasajeros previstos; para determinadas rutas internacionales o aquellas con alternativas terrestres superiores a cinco horas, al 65 %. La diferencia importa para no presentar una obligación de transporte de pasajeros como si fuera necesariamente una cuota idéntica de aeronaves.
En sanidad, Madrid dispone con carácter general las dotaciones habituales de un día festivo, con guardias y refuerzos para urgencias, diálisis, cuidados críticos, oncología y otras atenciones graves. La orden autonómica establece además un límite general del 35 % del conjunto de efectivos. En Catalunya se mantienen las urgencias y tratamientos inaplazables; en Atención Primaria se ha fijado el 25 %. Proteger una urgencia vital es imprescindible. Obligar a conservar actividad aplazable es una restricción distinta que requiere su propia justificación.
En seguridad privada, Interior ha establecido coberturas del 80 % en instalaciones como centrales nucleares, refinerías, infraestructuras energéticas y entidades financieras, y del 90 % en puertos, aeropuertos, estaciones y centros de telecomunicaciones. No se trata de porcentajes para todo el personal de seguridad privada, sino para actividades e instalaciones determinadas. Con dotaciones de ocho o nueve de cada diez vigilantes, el margen para ejercer la huelga resulta muy reducido y la proporcionalidad de cada obligación merece examen.
La designación para servicios mínimos no puede quedar a la sola voluntad de una empresa. La autoridad competente debe establecerlos y justificarlos para servicios esenciales; otra cuestión son las tareas de seguridad y mantenimiento indispensables, que tienen su propio régimen. CGT y otras organizaciones anuncian impugnaciones cuando consideran que se usa la excepcionalidad para mantener la actividad ordinaria. Los porcentajes publicados describen lo decretado, pero no resuelven por sí mismos si cada medida cumple las exigencias constitucionales.
Correos y el argumento electoral
La controversia alcanza igualmente a Correos. La CSI cuestiona los servicios mínimos vinculados por la Administración a las elecciones del 29 de noviembre. CGT ya había denunciado que la campaña operativa electoral señalada por Correos comienza el 13 de noviembre, dos días después de la huelga. La organización exige justificar qué operaciones no pueden aplazarse y por qué se obliga a trabajar a parte de la plantilla el día 11.
CGT anuncia denuncias contra las imposiciones abusivas
El secretario general de CGT, Miguel Fadrique, sostiene que estos mínimos vulneran de forma encubierta el derecho de huelga de miles de personas y anuncia que el sindicato denunciará las situaciones que considere abusivas. La CSI respalda las acciones legales y recuerda que la jurisprudencia constitucional exige justificar la necesidad y proporcionalidad de las restricciones.
Las organizaciones recomiendan a quienes reciban una orden para cubrir servicios mínimos que exijan la designación individual y por escrito y comuniquen cualquier irregularidad a su sección sindical. Una designación no debe confundirse con una autorización sin límites a la empresa o a la Administración para reorganizar toda la plantilla a su conveniencia.
La huelga del 11-N reclama salarios suficientes, vivienda accesible y servicios públicos. Sus convocantes insisten en que la atención de emergencias y necesidades esenciales debe estar garantizada, pero que esa protección no puede convertirse en una excusa para impedir un derecho fundamental. La dimensión del conflicto se medirá mañana también en los centros donde más trabajadores han sido obligados a cubrir mínimos.
Agencias Confederales · Información contrastada con Europa Press y comunicados de CSI y CGT.
Imagen de archivo: movilización por la vivienda en Madrid, 26 de septiembre de 2026. Fotografía: Barcex / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Fotografía original.
