El hacinamiento grave ya afecta al 12,6 % de la población de Catalunya. La cifra, recogida en el informe sobre exclusión y desarrollo social de la Fundación FOESSA y difundida por organizaciones sociales y sindicales, dibuja una de las consecuencias más duras de la crisis de la vivienda: personas que trabajan, familias con menores y hogares enteros obligados a compartir un espacio insuficiente porque no pueden pagar otra cosa.
El indicador considera hacinamiento grave vivir en una vivienda con menos de 15 metros cuadrados disponibles por persona. No describe simplemente la convivencia voluntaria entre compañeros de piso. Habla de dormitorios convertidos en espacios comunes, habitaciones realquiladas, falta de intimidad y casas donde descansar, estudiar o cuidar de alguien enfermo se vuelve extraordinariamente difícil.
El informe sitúa además en torno a 568.000 los hogares catalanes afectados por precariedad residencial, en los que viven cerca de dos millones de personas. La vivienda se ha convertido en una de las principales puertas de entrada a la exclusión social, incluso para quienes mantienen un empleo y una nómina.
Trabajar y no poder pagar una casa
En Catalunya, el encarecimiento del alquiler obliga a muchas personas a aceptar condiciones que hace pocos años habrían considerado provisionales. Una habitación alquilada sustituye al piso; un comedor se convierte en dormitorio; varias unidades familiares comparten cocina y baño. El problema se hace especialmente visible entre personas jóvenes, hogares con salarios bajos y población migrante, aunque se extiende a sectores cada vez más amplios de la clase trabajadora.
Los datos de Oxfam Intermón publicados en marzo de 2026 ayudan a entender esa presión: el 53 % de las personas que viven de alquiler en Catalunya no consigue ahorrar después de pagar la renta y una de cada tres dedica más de la mitad de sus ingresos a la vivienda. La organización también detectó mudanzas forzadas por razones económicas entre la población inquilina. Son cifras de otra investigación y no deben confundirse con la medición de hacinamiento de FOESSA, pero describen la misma pérdida de capacidad para decidir dónde y cómo vivir.
Cuando el alquiler se lleva una porción creciente del salario, compartir techo deja de ser una elección. La aparente normalidad de trabajar y volver a casa esconde jornadas de desplazamiento, turnos de empleo y noches en una habitación donde apenas caben las pertenencias de quienes la ocupan. El hacinamiento afecta al descanso y a la salud, pero también a la posibilidad de organizar la vida familiar y conservar vínculos en el barrio.
La vivienda, en el centro de la movilización sindical
CGT Catalunya viene situando el acceso a una vivienda digna entre las reivindicaciones centrales de la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre. El sindicato vincula el coste de alquileres e hipotecas con la pérdida de poder adquisitivo y reclama intervenir sobre los precios, proteger a las personas inquilinas y garantizar que el salario permita vivir sin destinar la mayor parte a un propietario.
El debate ya no se limita al mercado inmobiliario. Afecta a las condiciones de trabajo y al reparto de la riqueza: lo que se gana en la empresa termina en buena medida en manos de arrendadores, bancos y grandes propietarios. Para las organizaciones que preparan la movilización, exigir mejoras salariales sin abordar los alquileres dejaría intacta una de las principales vías de empobrecimiento.
La cifra del 12,6 % permite poner nombre a una realidad que a menudo permanece detrás de las puertas: personas obligadas a vivir apretadas en un territorio donde tener empleo ya no garantiza disponer de un espacio propio. El problema requiere vivienda pública asequible, límites efectivos a la especulación y protección frente a los abusos del alquiler de habitaciones. Mientras esas respuestas no llegan, el coste humano lo siguen soportando los mismos hogares.
