La Inspección de Trabajo ha destapado un sistema de prácticas que, según su expediente, cubría puestos y necesidades permanentes del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya con jóvenes sin contrato laboral. Son 207 personas en dos convocatorias, las de 2024-2025 y 2025-2026. La Administración ha suspendido el programa, mientras discute las conclusiones de la inspección y ha presentado alegaciones.
El asunto va mucho más allá de una beca mal organizada. Los jóvenes cobraban unos 1.250 euros mensuales, realizaban jornadas habituales de 8:00 a 15:00 y, según la documentación conocida, se encargaban de tareas propias de funcionarios y personal laboral. Se les privaba de vacaciones, protección por desempleo y otros derechos ligados a una relación de trabajo. La Tesorería General de la Seguridad Social ha acordado su alta de oficio como trabajadores.
Una factura de 2,16 millones de euros
Inspección de Trabajo reclama a la Generalitat 2,16 millones de euros por cotizaciones no ingresadas entre octubre de 2024 y julio de 2026, con un recargo del 20 % por el retraso. En documentación interna, el propio Govern calculó que reconocer a los 207 jóvenes como personal trabajador podría costar más de 9,7 millones de euros. La cifra da idea del ahorro que puede esconder una práctica presentada durante años como una oportunidad de formación.
La conselleria ha recurrido la decisión de la Tesorería y ha presentado alegaciones frente a la inspección; por tanto, se trata de conclusiones administrativas que la Generalitat está impugnando, no de una sentencia firme. El 29 de octubre decidió terminar el programa de prácticas. Para algunos participantes, la comunicación llegó cuando apenas llevaban un mes en el puesto.
De quitar grapas a tramitar expedientes públicos
Las tareas descritas en el expediente distan mucho de la formación prometida. Había jóvenes dedicados a retirar grapas, digitalizar documentos o preparar paquetes de pegatinas. Otros llegaron a numerar miles de expedientes, formar a personal que se incorporaba al departamento, preparar intervenciones institucionales o tramitar documentación de patrimonio protegido. Los destinos incluían archivos, museos, servicios de restauración, inventario y comunicación.
La inspección considera que la prestación era laboral y no formativa, que la Generalitat obtenía un beneficio directo de esas tareas y que, de no existir los becarios, tendría que haberlas realizado otro trabajador público. La presencia de tutores y el seguimiento pedagógico, según los testimonios recabados, resultaban en ocasiones puramente formales.
La denuncia llegó desde quienes sostenían el trabajo
La intervención de Inspección no surgió de la nada. Más del 60 % de los becarios firmaron una reclamación colectiva y, junto al sindicato IAC-CATAC, intentaron abrir una negociación para transformar las becas en contratos formativos con derechos. La petición no prosperó y acabó convirtiéndose en denuncia. El sindicato vincula el problema a la escasez crónica de personal y a una carga de trabajo que la Administración trasladó a personas jóvenes en situación precaria.
No se trata de oponer trabajadores fijos a jóvenes que necesitan experiencia. El problema es que el empleo estructural se cubra con becas sin protección suficiente. Una administración pública que debe vigilar el respeto a la legislación laboral tiene una responsabilidad especial: no convertir las prácticas en una vía barata para cubrir puestos de trabajo.
