Las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Coín, en Málaga, han rechazado por unanimidad de las personas asistentes la propuesta trasladada por el Ayuntamiento para regular sus condiciones laborales. La asamblea, convocada por CGT y con participación del 60 % de la plantilla, acordó iniciar movilizaciones y solicitar una mediación previa a la huelga.
El conflicto gira alrededor de la aplicación del convenio colectivo municipal. Según CGT, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció que ese convenio debía aplicarse al personal del servicio, frente a un acuerdo anterior del Gobierno local con CCOO y UGT que lo excluía y remitía al convenio sectorial andaluz.
El convenio municipal, en el centro de la disputa
La organización sindical sostiene que el Ayuntamiento mantiene incumplimientos y diferencias de trato con respecto al resto de empleados municipales. La última propuesta municipal incluía una bolsa de horas y otras condiciones que la asamblea considera incompatibles con la plena aplicación de los derechos reconocidos judicialmente.
Para una plantilla que atiende a personas mayores, dependientes y con discapacidad, las jornadas, los turnos y la estabilidad salarial influyen directamente tanto en sus vidas como en la continuidad del cuidado. El servicio de ayuda a domicilio es uno de los trabajos más feminizados e invisibilizados de la atención social.
La defensa del carácter público del servicio
Las personas asistentes también rechazaron la entrada de una empresa privada en la prestación, que CGT interpreta como un proceso de privatización progresiva. El sindicato cuestiona, además, la acreditación profesional de parte del personal de esa empresa, una denuncia que corresponderá verificar a las instancias competentes.
Tras la votación, las representantes de CGT anunciaron que solicitarán ante el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) la mediación previa a una posible huelga. La convocatoria de paro aún no está fijada: dependerá de los trámites y de la evolución de las negociaciones.
La plantilla reclama que se cumpla la resolución judicial y se respeten los derechos laborales del servicio, sin trasladar a quienes cuidan el coste del conflicto entre Ayuntamiento, empresa y representación sindical.
