El Sindicato de Vivienda de Murcia ha constituido un Comité Popular de Huelga para preparar la movilización del próximo 11 de noviembre, con la intención de llevar la organización más allá de los centros de trabajo y extenderla a los barrios. La iniciativa, presentada el 21 de octubre en una asamblea celebrada en la plaza de la Merced, pretende incorporar a trabajadores, personas desempleadas, estudiantes e inquilinos a una convocatoria que sus impulsores consideran tanto laboral como social.
La organización prevé establecer dos estructuras territoriales, Murcia Norte y Murcia Sur, encargadas de coordinar la difusión de la convocatoria, organizar asambleas, repartir propaganda y preparar piquetes informativos. Según explicó Toñi Rojo, portavoz del Sindicato de Vivienda, la participación estará abierta a cualquier persona, independientemente de su afiliación sindical o de su presencia en las reuniones anteriores.
El proyecto también busca extender la coordinación al conjunto de la Región de Murcia. En Cartagena ya se ha impulsado un comité, mientras que en Molina de Segura se trabaja en otra iniciativa organizada al margen del propio sindicato. Lorca figura entre los municipios donde se estudia poner en marcha una estructura semejante. En Alcantarilla todavía no existe una base organizada suficiente, aunque sus promotores no descartan que pueda constituirse si aumenta la participación.
Para facilitar la coordinación se utilizará la plataforma Toca, además de canales de mensajería y grupos de difusión. Las reuniones y actividades se acordarán en cada comité territorial, con el objetivo de facilitar la incorporación de personas que no participan habitualmente en organizaciones sindicales o movimientos sociales.
Una huelga contra el rentismo y el empobrecimiento
El Sindicato de Vivienda sostiene que la huelga del 11N debe responder a una realidad que afecta directamente a las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora: disponer de un empleo ya no garantiza poder pagar un alquiler, afrontar los suministros o mantener un nivel de vida digno. La subida de los precios de la vivienda, junto con el encarecimiento de los productos básicos, absorbe una parte creciente de los ingresos familiares.
La organización defiende que la movilización debe servir para conectar las reivindicaciones salariales con la exigencia de vivienda asequible. De este modo, pretende superar la separación entre los conflictos laborales y los problemas que los trabajadores encuentran fuera de sus empresas, especialmente en los barrios populares.
Entre las reivindicaciones planteadas figura la conservación del parque público de vivienda, el freno a la venta de inmuebles protegidos y la utilización efectiva de los recursos públicos para garantizar el acceso a una residencia digna. El sindicato también reclama la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y medidas que permitan reducir los alquileres.
La portavoz mencionó la situación de las viviendas de La Fama, en Murcia, cuya venta a un fondo de inversión denuncia el colectivo. Para el sindicato, la vivienda pública debe permanecer al servicio de las necesidades sociales y no convertirse en una nueva oportunidad de negocio inmobiliario.
El 11N se prepara también en los centros de trabajo
La organización de estos comités populares coincide con la preparación de la huelga general de 24 horas convocada para el 11 de noviembre. En la Región de Murcia, las organizaciones sindicales y sociales han intensificado sus llamamientos a la participación, vinculando las reivindicaciones de salarios, convenios colectivos y servicios públicos con la crisis habitacional.
La convocatoria pretende trasladar el conflicto a los centros de trabajo, las calles y los barrios. Los comités populares aspiran a desempeñar un papel en esa coordinación, mediante asambleas abiertas, campañas informativas y actividades previas al paro.
Con esta iniciativa, el movimiento por la vivienda murciano trata de convertir la jornada del 11N en algo más que una protesta de un solo día: una oportunidad para fortalecer la organización colectiva y mantener la presión sobre las administraciones y los sectores empresariales responsables de las condiciones laborales y del mercado residencial.
La reivindicación que une ambos espacios es clara: unos salarios dignos difícilmente pueden garantizar una vida digna mientras una parte creciente de ellos termina destinada al alquiler.
