La acampada por el derecho a la vivienda en la plaza del Ayuntamiento de València ha convertido el centro de la ciudad en un espacio de protesta continuada contra el encarecimiento de los alquileres. Sus participantes han reclamado a la alcaldía una vía de diálogo para abordar tanto las reivindicaciones del movimiento como la convivencia de la movilización con las actividades municipales.
La protesta comenzó el 3 de octubre, tras una manifestación por el derecho a la vivienda, y fue creciendo durante los días siguientes. A principios de mes, las tiendas se extendieron por la plaza hasta transformar el espacio en una acampada organizada, con participación de jóvenes, personas trabajadoras y colectivos sociales preocupados por la dificultad de acceder a una vivienda digna.
La organización pidió públicamente a la alcaldesa, María José Catalá, una interlocución que, según los propios acampados, no se había establecido. El llamamiento se produjo en los días previos al 9 d’Octubre, cuando la coincidencia de la acampada con las celebraciones oficiales generó un desacuerdo sobre el uso de la plaza.
El 9 d’Octubre y el desacuerdo institucional
Tras sus contactos con la Delegación del Gobierno, la acampada aseguró que se habían encontrado soluciones para facilitar los actos de la festividad. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, defendió que no se daban las circunstancias para desalojar la protesta. Finalmente, la mascletà prevista en la plaza fue suspendida, en medio de discrepancias entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno sobre las responsabilidades de la decisión.
Los participantes insistieron en que su objetivo no era convertir las fiestas valencianas en el centro del conflicto, sino mantener visible el problema de la vivienda. El movimiento anunció que ese 9 d’Octubre no desarrollaría programación interna y adaptó parte de la disposición de las tiendas. La relación con el consistorio siguió marcada por la falta de un acuerdo.
Una movilización que ganó tamaño
El 10 de octubre, portavoces de la acampada comunicaron que en la plaza se reunían más de un millar de personas distribuidas en unas 600 tiendas. Es una cifra atribuida a la organización en esa fecha, no un recuento actualizado al 21 de octubre. El crecimiento de la protesta, en cualquier caso, da una idea del alcance social de una reivindicación que une la subida del alquiler, los salarios y la imposibilidad de emanciparse.
El apoyo de organizaciones del movimiento por la vivienda, entre ellas el Sindicat de Llogateres, conecta la protesta con una problemática que afecta a muchos barrios de la ciudad. La demanda de medidas para frenar el encarecimiento residencial no se agota en la ocupación de una plaza: apunta a la necesidad de políticas públicas, mayor oferta asequible y protección para las personas que viven de alquiler.
La cuestión pendiente es si las administraciones abrirán un diálogo concreto sobre esas reivindicaciones y qué respuesta ofrecerán. Mientras eso no suceda, la acampada seguirá siendo una referencia en el debate social sobre el derecho a vivir en València.
Imagen: acampada por la vivienda en la plaza del Ayuntamiento de València, octubre de 2026. Fotografía de archivo de Sindicalismo.org.
