Jornada, bajas médicas, pensiones, privatizaciones y Ley Mordaza: las propuestas que podrían cambiar la vida de millones de trabajadores.
La posibilidad de un Gobierno formado por el Partido Popular y Vox tras las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 abre interrogantes sobre el futuro de la jornada laboral, las bajas médicas, las pensiones y los servicios públicos. También sobre el derecho a la protesta y el papel de las grandes empresas en las decisiones económicas. Las declaraciones de Feijóo, Abascal y Garamendi, junto con las votaciones parlamentarias y las propuestas de ambos partidos, permiten analizar qué cambios podrían llegar. Aún no existe, sin embargo, un programa laboral conjunto de PP y Vox.
Las 37,5 horas: cuando la votación importa más que el discurso
El 10 de septiembre de 2025, el Congreso rechazó la tramitación de la reducción de la jornada máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin pérdida de salario. Las enmiendas de devolución apoyadas por PP, Vox, Junts y UPN salieron adelante con 178 votos frente a 170. La reforma también pretendía mejorar el registro horario y reforzar la desconexión digital.
PP y Vox alegaron razones de coste empresarial, productividad y negociación por sectores. Ambas formaciones sostuvieron que una modificación general podía perjudicar a pequeñas empresas y autónomos. La patronal coincidió en el rechazo: en mayo de 2025, CEOE y Cepyme pidieron expresamente a los partidos que frenaran el proyecto, al considerar que producir lo mismo con menos horas podía elevar los costes y comprometer negocios.
El hecho político es claro: una medida que la patronal pidió detener terminó bloqueada, entre otros, con los votos del PP y Vox. Eso demuestra coincidencia en este asunto, no un pacto electoral. Tampoco permite afirmar que un Gobierno de ambos partidos aumentaría la jornada máxima; sí muestra que aquella reducción legal no formaba parte de sus prioridades compartidas.
Feijóo y las bajas médicas: ¿quién decide cuándo volver al trabajo?
El control de las incapacidades temporales se ha convertido en una de las prioridades declaradas de Alberto Núñez Feijóo. El 5 de octubre de 2026, durante un encuentro del Instituto de la Empresa Familiar, preguntó: «¿Cómo es posible que la mayoría se den los lunes y los viernes?». Su afirmación fue discutida por organizaciones sindicales, que señalaron que los registros de los lunes pueden recoger dolencias comenzadas durante el fin de semana y que estos datos no demuestran fraude generalizado.
Feijóo propone ampliar las competencias de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para intervenir más directamente en las bajas por enfermedad común, incluida la posibilidad de emitir altas médicas en determinados procesos. Actualmente, las mutuas pueden hacer seguimiento y propuestas de alta, pero no sustituir con carácter general al organismo público competente para decidirla.
La CEOE y la asociación de mutuas AMAT apoyan ampliar esas facultades y argumentan que permitiría reducir tiempos de espera. Por el contrario, sindicatos y profesionales de atención primaria alertan de los posibles conflictos entre los intereses económicos de estas entidades y la valoración clínica de los pacientes. La discusión afecta a cualquier trabajador que necesite recuperarse de una lesión, una operación o una enfermedad prolongada: quién determina la reincorporación y con qué garantías.
El PP también ha defendido mejorar la protección económica durante determinadas enfermedades graves. Esa propuesta debe considerarse junto a las medidas de control: el debate no se limita a cuánto cuesta una baja, sino a cómo se garantiza la recuperación y quién toma la decisión médica.
Abascal y la desregulación: qué propone cambiar Vox
Santiago Abascal ha fijado condiciones para una posible negociación de gobierno con el PP, resumidas en tres ideas: «prioridad nacional, desregulación y remigración». En el terreno económico, el concepto de desregulación puede traducirse en eliminación de requisitos administrativos o modificación de obligaciones para las empresas; sus efectos laborales dependen de qué normas se cambien y de cuáles permanezcan.
Vox defiende reducciones de impuestos, simplificación administrativa y una transformación de las pensiones. En su programa económico de septiembre de 2025 propuso avanzar desde el sistema público de reparto hacia un modelo mixto, con un fondo de pensiones público gestionado con criterios de rentabilidad y ventajas fiscales para el ahorro individual.
En octubre de 2026, el diputado José María Figaredo volvió a cuestionar la sostenibilidad del modelo actual y defendió cambios hacia mecanismos de capitalización. No hay, sin embargo, una reforma aprobada ni se conocen todos los detalles de su financiación y transición. El PP mantiene compromisos distintos sobre la revalorización de las pensiones: un eventual cambio del sistema exigiría negociar entre ambos partidos y reunir apoyos suficientes en el Congreso.
La Ley Mordaza sigue vigente: qué puede ocurrir con las protestas
La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, fue aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy y entró en vigor el 1 de julio de 2015. Continúa vigente a pesar de los compromisos de reforma adquiridos durante legislaturas posteriores. Su aplicación a manifestaciones, concentraciones y otras formas de protesta ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos por el posible efecto disuasorio de determinadas sanciones.
La norma contempla infracciones y sanciones administrativas relacionadas con la seguridad ciudadana. Para movimientos sindicales y sociales, la discusión va más allá de un debate jurídico: afecta al margen real para desarrollar piquetes, concentraciones y movilizaciones sin exponerse a sanciones desproporcionadas. También durante los gobiernos posteriores al de Rajoy se han denunciado actuaciones policiales contra protestas y no se ha culminado la reforma prometida.
Una mayoría parlamentaria de PP y Vox podría mantener la legislación actual, modificarla o impulsar nuevas medidas de orden público. Vox ha defendido públicamente reforzar los medios, el personal y la protección jurídica de las fuerzas de seguridad. Quienes cuestionan la Ley Mordaza temen que un enfoque más restrictivo pueda endurecer su aplicación frente a la protesta social. No puede afirmarse que ese aumento de la represión esté decidido, ni que reforzar recursos policiales implique necesariamente vulnerar derechos.
El derecho de manifestación y el derecho de huelga tienen protección constitucional. Aun así, la interpretación y aplicación de las normas de seguridad ciudadana influyen en cómo pueden ejercerlos las organizaciones sociales y las plantillas movilizadas. Este es uno de los asuntos sobre los que deberían exigirse compromisos públicos precisos antes de las elecciones.
Garamendi y la CEOE: las reivindicaciones de la patronal
Antonio Garamendi, reelegido presidente de la CEOE el 1 de octubre de 2026, ha cuestionado distintas iniciativas laborales del Gobierno, entre ellas la reducción general de jornada y algunas ampliaciones de obligaciones para las empresas. Durante la Asamblea General de la CEOE de 2025 reclamó al Ministerio de Trabajo: «Que nos deje trabajar, déjenos ponernos de acuerdo». Defendía que la duración de la jornada debía resolverse en la negociación colectiva, no mediante una reducción legal común.
La CEOE no ha anunciado una adhesión electoral oficial a una coalición PP-Vox y no todas las empresas comparten idénticas posiciones. Sin embargo, sus comunicados permiten identificar demandas que podrían encontrar mayor receptividad en un Ejecutivo partidario de reducir cargas regulatorias y menos favorable a nuevas obligaciones laborales. La coincidencia resulta visible en la jornada de 37,5 horas y en el debate sobre las bajas médicas.
Ante la convocatoria de huelga general por la vivienda, CEOE y Cepyme cuestionaron su encaje jurídico. La patronal sostiene que no corresponde a las empresas asumir los costes de un conflicto dirigido contra decisiones de política pública. Los sindicatos convocantes consideran que el precio de la vivienda repercute directamente sobre la vida de los asalariados y que ese problema también puede formar parte de sus reivindicaciones.
El desacuerdo refleja dos posiciones acerca del alcance de la acción sindical. Para quienes convocan, las condiciones de vida no terminan en la puerta del centro de trabajo. Para la patronal, una huelga contra la política de vivienda puede desbordar el ámbito propio del conflicto laboral. En un futuro Gobierno, la cuestión será qué intereses encuentran mayor influencia en las reformas y qué papel mantienen las garantías legales y la negociación colectiva.
Servicios públicos y privatizaciones: el negocio de gestionar lo público
En España conviven servicios públicos de gestión directa con conciertos, concesiones y contratos con empresas privadas. La sanidad es uno de los sectores donde este modelo provoca mayor controversia. Según el duodécimo informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, publicado en octubre de 2026, Madrid encabeza su índice de privatización sanitaria, seguida de Baleares y Cataluña. La clasificación refleja los indicadores elegidos por esa federación, no una medición única de calidad asistencial.
Los defensores de la colaboración público-privada sostienen que puede ampliar la capacidad de atención y mejorar determinados procesos de gestión. Sus críticos advierten de los riesgos para la transparencia de los contratos, el control público, las condiciones laborales de las plantillas externalizadas y la distribución de los recursos presupuestarios. La discusión no puede separarse de preguntas concretas: quién presta el servicio, con qué convenio trabajan sus empleados, cómo se cubren las vacantes y cómo responde la Administración ante incumplimientos.
En febrero de 2026, el Gobierno aprobó un anteproyecto para establecer la gestión directa como modalidad preferente en el Sistema Nacional de Salud y limitar determinadas fórmulas de externalización. Un Ejecutivo diferente podría replantear esas prioridades, especialmente si defiende mayor participación empresarial. Eso no significa que esté acordada una privatización general de la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Para las trabajadoras y los trabajadores, el nombre del gestor no es una cuestión menor, pero tampoco garantiza por sí solo buenas condiciones. Importan el convenio, las subrogaciones, las plantillas reales, la estabilidad del empleo y la capacidad de fiscalizar el dinero público. Cualquier propuesta de privatización o reversión debería evaluarse con esos criterios y con datos sobre la atención prestada.
Beneficios empresariales y derechos laborales: dónde aparece el conflicto
No toda ganancia empresarial supone una pérdida automática para una plantilla. Las empresas necesitan inversión y actividad para sostener el empleo. Pero existen decisiones en las que los intereses pueden chocar: reducir costes mediante salarios menores, ampliar la disponibilidad horaria, trasladar riesgos al trabajador o rebajar obligaciones legales puede mejorar márgenes a corto plazo mientras empeoran las condiciones de trabajo.
Una rebaja fiscal tampoco garantiza por sí misma más contrataciones o mejores salarios. El resultado depende de cómo se utilicen los recursos y de las condiciones de cada sector. Por eso resultan importantes la negociación colectiva y las normas laborales, que establecen mínimos para que la competencia entre empresas no descanse únicamente en abaratar el trabajo.
PP, Vox y CEOE no tienen propuestas idénticas. Sin embargo, sí aparecen coincidencias en asuntos concretos: rechazo a una reducción general y obligatoria de jornada, preocupación por los costes empresariales y defensa de mayor flexibilidad. Esas coincidencias merecen un examen riguroso, sin convertirlas en prueba de un acuerdo de Gobierno que todavía no existe.
Qué puede cambiar después del 29 de noviembre
Las elecciones generales están convocadas para el 29 de noviembre de 2026. No existe por ahora un acuerdo definitivo de Gobierno entre PP y Vox ni se conocen todas las medidas que podrían pactar o cuáles reunirían la mayoría parlamentaria necesaria. Ganar unas elecciones tampoco convierte automáticamente cada promesa de campaña en ley.
Lo comprobable son las votaciones, las propuestas y las declaraciones: el bloqueo de las 37,5 horas ya ocurrió; Feijóo ha defendido ampliar el papel de las mutuas en las bajas; Vox propone transformar el modelo de pensiones; la Ley Mordaza sigue vigente y la regulación de las protestas permanece abierta a cambios; y la CEOE mantiene posiciones públicas sobre qué reformas laborales considera aceptables.
Para quienes viven de una nómina, las consecuencias de un cambio político no deberían medirse únicamente por las promesas de crecimiento o de empleo. También importa qué sucede con la duración de la jornada, la protección ante una enfermedad, las garantías frente al despido, las pensiones, los servicios públicos y la posibilidad de protestar cuando se vulneran derechos. Esas son las cuestiones sobre las que cualquier aspirante a gobernar debe ofrecer respuestas concretas.
Redacción | Sindicalismo.org
