Los discursos neofascistas vuelven a ganar visibilidad, parte del malestar social encuentra respuesta en la extrema derecha y la vivienda se ha convertido en un problema que atraviesa generaciones y salarios. Pero mientras algunos grupos buscan culpables entre los inmigrantes, las calles vuelven a llenarse de inquilinos, trabajadores y vecinos que reclaman soluciones concretas. La nueva oleada de movilizaciones también interpela a una izquierda institucional que puede acreditar reformas laborales, pero sigue teniendo cuentas pendientes en vivienda, libertades públicas y condiciones materiales de vida.
Por Ignacio Ortiz.
Cuando el compañero de trabajo se convierte en el enemigo
Imaginemos una empresa de mantenimiento, una contrata de limpieza o una fábrica. Faltan trabajadores, los turnos se prolongan, las bajas no se cubren y la dirección exige que la producción salga adelante. En el vestuario hay empleados nacidos en València, Marruecos, Colombia o Senegal. Todos responden ante la misma empresa. Todos necesitan cobrar a final de mes.
En ese ambiente pueden entrar discursos que presentan al trabajador extranjero como responsable de los salarios bajos, de la precariedad o de la dificultad para encontrar una vivienda. El problema deja de ser quién decide los turnos, quién fija las condiciones laborales o quién incumple un convenio: la sospecha se dirige hacia el compañero que tiene otro acento.
Es una explicación cómoda para problemas económicos complejos. El salario depende de leyes, convenios colectivos, negociación y decisiones empresariales. Los trabajadores migrantes pueden sufrir abusos precisamente porque algunas empresas se aprovechan de su situación administrativa o económica. En esos casos, el problema es la explotación laboral, no la procedencia de quien la sufre.
Hay que reconocer que la inmigración, como cualquier cambio demográfico importante, plantea necesidades de servicios, integración, empleo y vivienda. Son cuestiones legítimas de discusión pública. Pero debatir sobre políticas migratorias es diferente de atribuir a millones de personas una responsabilidad colectiva por los problemas del país.
La nacionalidad del trabajador no firma las nóminas. La empresa, sí. Cuando se señala al compañero extranjero en lugar de investigar los incumplimientos, la conversación deja de tratar sobre los derechos de la plantilla y pasa a dividirla.
La derechización de algunos sectores populares: el malestar tiene causas
Durante décadas se dio por supuesto que los barrios industriales, los trabajadores manuales y los sectores asalariados tendían a identificarse con la izquierda. Esa relación nunca fue automática ni homogénea. Hoy las encuestas y los estudios electorales muestran que la extrema derecha encuentra apoyos entre grupos de jóvenes y parte de los votantes de rentas modestas, mientras otras personas de esas mismas condiciones participan en protestas sociales de signo muy distinto.
No significa que toda la clase trabajadora se haya desplazado hacia la derecha ni que cualquier votante de un partido ultraconservador sea neonazi. Confundir ambas cosas sería un error que impediría entender el fenómeno. Lo que merece atención es por qué algunas personas que sufren problemas económicos se sienten escuchadas por discursos que atribuyen sus dificultades a colectivos vulnerables.
La respuesta no puede ser simplemente insultar a quienes sienten ese malestar. Un trabajador que lleva veinte años enlazando contratas conoce bien lo que significa ver pasar gobiernos sin que mejoren su jornada o su salud laboral. Una joven que no puede emanciparse, aunque tenga empleo, tiene razones para estar enfadada. Una familia que depende de un servicio público saturado también.
Ese enfado puede expresarse de formas muy distintas: abstención, voto a partidos de diferentes ideologías, participación en huelgas, asociaciones vecinales o movimientos por la vivienda. La política consiste, entre otras cosas, en disputar la explicación de los problemas. Y una explicación que funciona como consigna no necesariamente funciona como diagnóstico.
No toda derecha es fascista y no toda formación de extrema derecha es una organización neonazi. Es necesario distinguir programas, militancias y conductas. Pero los grupos que reivindican símbolos o ideas del nazismo sí remiten a una historia concreta que no debería borrarse bajo una estética de banderas, disciplina y retórica supuestamente obrera.
El 2 de mayo de 1933, las tropas de asalto nazis ocuparon las sedes de los sindicatos alemanes, incautaron sus archivos y bienes y detuvieron a dirigentes sindicales. El régimen destruyó las organizaciones obreras independientes y acabó sustituyendo la libertad sindical por una estructura sometida a la dictadura: el Frente Alemán del Trabajo.
La persecución alcanzó a sindicalistas, socialistas, comunistas y otros opositores. Muchos fueron encarcelados y algunos enviados a campos de concentración. Es un episodio documentado por archivos históricos y por el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos. No fue una diferencia de opinión sobre la negociación colectiva, sino la supresión del derecho a organizarse.
Quien hoy utiliza símbolos neonazis para presentarse como defensor del trabajador tiene ante sí una contradicción histórica difícil de disimular: sus referentes liquidaron los sindicatos que permitían a los trabajadores actuar con independencia de los empresarios y del Estado.
València: de los mensajes sobre inseguridad a las patrullas investigadas
La propaganda extremista no se queda siempre en las redes. Durante 2026, los llamados «Ángeles de la Noche», vinculados al entorno de España 2000, realizaron patrullas en barrios de València y se presentaron como una respuesta a la inseguridad. Sus integrantes difundieron imágenes de sus intervenciones, incluidas actuaciones sobre personas a las que atribuían conductas delictivas.
El 8 de octubre de 2026, la Fiscalía de Delitos de Odio de València abrió diligencias de investigación tras recibir informes policiales sobre estas patrullas. Según la información difundida, los hechos podrían presentar indicios de coacciones, amenazas o delitos de odio. Una investigación no equivale a una condena, y las responsabilidades deberán determinarse con las garantías correspondientes.
La preocupación por la seguridad de un barrio es legítima. También lo es reclamar una actuación eficaz de las instituciones. Otra cuestión distinta es que una organización política se atribuya funciones de vigilancia o convierta el origen de determinados vecinos en un motivo de sospecha.
La pregunta de fondo continúa siendo la misma: ¿una patrulla ideológica rebaja el precio de un alquiler, amplía la plantilla de un centro de salud o impide que una empresa incumpla un convenio? La inseguridad exige respuestas concretas, pero no sustituye los problemas laborales y sociales que afectan a un barrio.
Los delitos de odio no son una discusión abstracta
Según el Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad investigaron en España 2.417 delitos e incidentes de odio durante 2025, un 23,6 % más que el año anterior. La categoría de racismo y xenofobia fue la más numerosa, con 934 hechos registrados.
Estas cifras no permiten decir que todos los delitos los cometan neonazis, ni atribuirlos sin más a una organización política. Sí muestran que las agresiones y amenazas motivadas por prejuicios son un problema social con víctimas reales. La responsabilidad penal es individual; la nacionalidad, el aspecto físico o las creencias no pueden convertirse en una presunción de culpabilidad.
En la memoria valenciana permanece el asesinato de Guillem Agulló en Montanejos en 1993. La violencia de motivación ultraderechista no es una anécdota inocua ni algo que deba confundirse con cualquier discrepancia política. Pero denunciarla con rigor exige identificar hechos, organizaciones y responsabilidades, no repartir etiquetas indiscriminadamente.
La vivienda desmonta las respuestas fáciles
La situación de la vivienda ha pasado a ocupar el centro del malestar social. El Instituto Nacional de Estadística registró un aumento interanual del 12,2 % en los precios de compraventa de viviendas durante el segundo trimestre de 2026. Es un indicador del mercado de compraventa, no una tasa de subida de todos los alquileres, pero ilustra la presión sobre el acceso a un hogar.
La Seguridad Social contabilizó en septiembre de 2026 más de 3,6 millones de afiliados extranjeros, el 16,2 % del total. Son personas que trabajan, generan actividad económica y cotizan. Su presencia también forma parte de una demanda residencial que crece; negarlo sería tan poco serio como reducir toda la crisis inmobiliaria a la inmigración.
El acceso a la vivienda depende de más elementos: oferta disponible, ubicación, producción de obra nueva, vivienda pública, urbanismo, financiación, alquileres temporales y decisiones de propietarios e inversores. Las respuestas pueden diferir sobre cómo intervenir en ese mercado, pero deben explicar sus efectos y sus costes en lugar de conformarse con encontrar culpables.
Un trabajador que cobra 1.300 euros y se enfrenta a un alquiler de 900 tiene un problema muy concreto. También lo tiene una trabajadora extranjera que cobra lo mismo. Saber de qué país es el vecino no resuelve ninguna de esas cuentas.
La calle se mueve: la vivienda recupera protagonismo social
Y aquí está la parte que algunas lecturas de la política reciente pasan por alto. No toda la protesta se ha desplazado a la derecha ni la izquierda social ha desaparecido de los barrios. Las movilizaciones por la vivienda están generando un nuevo ciclo de organización popular, con asociaciones de inquilinos, sindicatos, colectivos vecinales y miles de personas que participan sin pertenecer a ningún partido.
El 3 de octubre de 2026, Madrid acogió una multitudinaria manifestación por el derecho a la vivienda bajo la consigna «Hacia la huelga general». La ciudad vive también una acampada en la Puerta del Sol surgida después del desahucio de Maricarmen, que se convirtió en un símbolo del conflicto. Las protestas se han acompañado de asambleas, redes de apoyo y convocatorias que buscan llevar el problema de los alquileres también a los centros de trabajo.
Estas movilizaciones no surgieron por arte de magia ni empezaron cuando un partido decidió prestarles atención. Detrás hay años de organización de inquilinos, luchas contra desahucios y reivindicaciones que hoy han alcanzado una visibilidad nueva. La izquierda social, el movimiento vecinal y distintos sectores sindicales tienen un papel real en ese proceso.
No es necesario idealizar cada protesta ni asegurar que toda propuesta planteada en una asamblea funcionará. Lo significativo es que miles de personas están saliendo a la calle a discutir precios, desahucios, salarios y viviendas disponibles, en vez de limitar la conversación a quién ha nacido dentro o fuera de una frontera.
La izquierda institucional: reformas reales y cuentas pendientes
Reconocer la fuerza de las movilizaciones no obliga a eximir de responsabilidad a la izquierda que gobierna o ha gobernado. La crítica debe distinguir entre los movimientos sociales y las decisiones adoptadas por instituciones concretas. No todo lo que sucede en la calle representa al Ejecutivo, y un Gobierno no puede atribuirse automáticamente el trabajo organizado durante años por colectivos independientes.
Los gobiernos progresistas pueden señalar avances laborales verificables. El salario mínimo interprofesional alcanzó en 2026 los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas; la reforma laboral introdujo cambios relevantes en la contratación, y la ocupación ha registrado cifras elevadas. Sería injusto negar esos resultados solo para construir un reproche político.
Pero una mejora salarial no garantiza por sí sola que una persona pueda alquilar un piso. Un contrato indefinido tampoco impide que existan cargas excesivas de trabajo, falta de personal, subcontratación abusiva o problemas de salud laboral. Lo que muestran las protestas actuales es, precisamente, la distancia entre algunos indicadores macroeconómicos favorables y las dificultades de la vida cotidiana.
La vivienda es el ejemplo más difícil de eludir. Se han aprobado leyes y medidas de protección, pero la disponibilidad de alojamiento asequible sigue lejos de cubrir las necesidades de numerosos hogares. Existen responsabilidades compartidas entre administraciones, diferencias competenciales y obstáculos parlamentarios. Eso no borra una conclusión comprobable: las medidas aplicadas hasta ahora no han impedido una crisis social de acceso a la vivienda.
El debate no debería terminar con un ministro prometiendo soluciones ni con un partido achacándoselo todo a la administración anterior. Hay que medir qué vivienda se construye, cuánta se incorpora al parque público, qué protección efectiva reciben los inquilinos y qué resultados tienen las normas aprobadas.
Ley Mordaza, jornada laboral y límites del Parlamento
Otro punto delicado es el de las libertades públicas. La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, continúa vigente después de años de críticas y compromisos de reforma. Las garantías durante manifestaciones, identificaciones y sanciones siguen siendo objeto de discusión pública. Para quienes se movilizan, los derechos no son únicamente una declaración solemne: se ejercen en una calle, ante una empresa o frente a una actuación administrativa.
La reducción de la jornada laboral muestra una responsabilidad parlamentaria mucho más delimitada. El 10 de septiembre de 2025, el Congreso rechazó continuar la tramitación del proyecto que pretendía reducir la jornada máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin rebaja salarial. Las enmiendas a la totalidad prosperaron por 178 votos frente a 170, con el apoyo de PP, Vox, Junts y UPN.
En ese caso existió una propuesta del Ministerio de Trabajo y una mayoría parlamentaria que impidió su avance. Atribuir toda la responsabilidad a quien la presentó distorsionaría los hechos; olvidar qué partidos votaron para frenarla también. Pero para el trabajador cuya jornada sigue siendo de cuarenta horas, el resultado es una reforma que no llegó a aprobarse.
Una crítica rigurosa a la izquierda institucional puede reconocer lo conseguido, identificar lo que no logró sacar adelante y reclamar respuestas a los problemas que persisten. Lo contrario —convertir cada balance en una propaganda de éxitos o en una negación absoluta de todo avance— empobrece el debate.
Cuando la representación se pierde entre despachos y platós
La distancia entre las instituciones y las necesidades de ciertos sectores populares merece una reflexión menos complaciente. Hay trabajadores que conocen el nombre del encargado que les cambia el turno, pero apenas pueden identificar a quienes diseñan las políticas laborales que les afectan. Una auxiliar de ayuda a domicilio, un electricista de mantenimiento o una camarera de piso viven problemas que difícilmente caben en un debate televisivo de dos minutos.
No se trata de exigir que la izquierda abandone el feminismo, la igualdad de derechos o la lucha contra el racismo. Todas esas cuestiones tienen dimensiones laborales y materiales evidentes. Se trata de no presentar sus reivindicaciones desconectadas de los salarios, los cuidados, la vivienda, la seguridad y los servicios públicos, y de escuchar a quienes viven esos problemas antes de dar por hecho lo que necesitan.
La recuperación de las movilizaciones por la vivienda demuestra que la organización social existe y que no todo se decide en los despachos. También obliga a los partidos a decidir si quieren responder a esas demandas con medidas evaluables o utilizar la protesta como un elemento más de la batalla entre siglas.
El sindicalismo también tiene que mirarse al espejo
Sería cómodo repartir responsabilidades únicamente entre partidos y empresarios. Pero el movimiento sindical tiene sus propias dificultades. En muchos centros de trabajo hay personas que apenas conocen a sus representantes, no participan en asambleas o temen reclamar por miedo a perder una renovación de contrato.
La dispersión de las contratas, las jornadas cambiantes, la rotación y la precariedad dificultan la organización colectiva. También existen diferencias reales entre organizaciones y entre centros: algunas tienen presencia diaria y otras apenas aparecen cuando llega una negociación.
La historia de unas siglas no garantiza la representación de quienes hoy trabajan en un almacén, cuidan a personas dependientes o realizan mantenimiento de madrugada. Esa confianza se construye atendiendo conflictos, explicando decisiones y defendiendo derechos sin establecer jerarquías por nacionalidad.
La lucha por la vivienda plantea un reto adicional. Si el alquiler consume gran parte del salario, la negociación colectiva no puede ignorarlo como si fuera un gasto ajeno a la vida laboral. Eso no significa que una empresa pueda resolver por sí sola la política de vivienda, sino que la realidad material de las plantillas no acaba en la puerta del centro de trabajo.
Ni enemigos inventados ni cheques en blanco
El neofascismo merece una crítica firme por sus referencias históricas, sus discursos de exclusión y, cuando existan, las conductas concretas de intimidación o violencia. Pero combatirlo no exige llamar nazi a todo votante conservador. Una generalización semejante impediría comprender las diferencias políticas y el origen de los malestares que otros intentan aprovechar.
Tampoco exige conceder un cheque en blanco a la izquierda institucional. Se puede rechazar la xenofobia y exigir al mismo tiempo más vivienda pública; reconocer una subida del salario mínimo y denunciar que no alcanza para vivir en determinadas ciudades; defender las libertades públicas y preguntar por qué ciertas reformas siguen pendientes.
Los problemas de la población trabajadora no desaparecen cuando alguien encuentra un enemigo al que señalar. El alquiler se paga cada mes, los turnos llegan cada semana y la nómina tiene una cantidad concreta. Las políticas públicas deben responder con resultados, y los movimientos sociales tienen derecho a exigirlos sin convertirse en comparsas de ningún partido.
La bandera no paga el alquiler. Una consigna contra el inmigrante no mejora el convenio. Y una declaración institucional contra el fascismo, por solemne que sea, tampoco sustituye las políticas que faltan. La diferencia es que, mientras unos buscan culpables entre los más vulnerables, miles de personas están volviendo a llenar las calles para hablar de vivienda, salarios y derechos.
Redacción | Sindicalismo.org
Fotografía: manifestación por el derecho a la vivienda en Madrid, 3 de octubre de 2026. Autor: Nemo / Wikimedia Commons, licencia CC BY-SA 4.0. Imagen redimensionada y convertida a WebP.
Documentación consultada
Instituto Nacional de Estadística, Índice de Precios de Vivienda, segundo trimestre de 2026; Ministerio de Inclusión, afiliación a la Seguridad Social de septiembre de 2026; Ministerio del Interior, Informe de delitos e incidentes de odio 2025; Consejo de Ministros, salario mínimo de 2026; Congreso de los Diputados, votación del 10 de septiembre de 2025; Boletín Oficial del Estado, Ley Orgánica 4/2015; Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, represión de los sindicatos alemanes en 1933. Para los acontecimientos de octubre, crónicas periodísticas y documentación de las convocatorias por la vivienda.
