El XX Congreso Confederal de CGT terminó en Parla con Miguel Fadrique reelegido por 689 votos frente a los 639 de Nuria Negro. Pero el cierre formal del Congreso no ha cerrado la crisis interna. Las denuncias sobre acreditaciones, la impugnación anunciada por el SOV de Alicante y la dura valoración publicada por CGT Andalucía mantienen abierto un debate que va mucho más allá de quién ocupa la Secretaría General.
Una victoria por 50 votos y una organización casi partida por la mitad
La elección dejó una diferencia mínima entre las dos candidaturas: 689 votos para Miguel Fadrique y 639 para Nuria Negro. El dato se vuelve todavía más significativo al observar el número de sindicatos que respaldaron a cada opción: 84 apoyaron a Fadrique y 90 a Negro. El sistema de voto ponderado explica que una candidatura pueda sumar más sindicatos y, al mismo tiempo, menos votos, pero la fotografía política es difícil de ignorar: dos bloques de tamaño muy parecido conviven hoy dentro de CGT.
La reelección es válida conforme al resultado proclamado, pero no borra el fuerte cuestionamiento interno expresado durante el Congreso. Tampoco resuelve las protestas sobre cómo se gestionaron determinadas acreditaciones y turnos de participación.
CGT Andalucía cuestionó con dureza la gestión saliente
Durante el propio Congreso, CGT Andalucía, Ceuta y Melilla publicó una valoración muy crítica de la gestión del Secretariado Permanente saliente. La organización territorial calificó el rechazo recibido por esa gestión como histórico y vinculó la situación con el malestar acumulado durante los últimos años.
En ese comunicado se recogían además denuncias de delegaciones críticas sobre exclusiones en el proceso de acreditación. Es importante distinguir entre hechos acreditados y valoraciones políticas: la acusación de que esas exclusiones buscaban alterar las mayorías pertenece a los sectores críticos que la formularon. Lo indiscutible es que la cuestión de las credenciales se convirtió en uno de los principales focos de conflicto del Congreso.
Alicante mantiene la impugnación
El comunicado posterior del Sindicato de Oficios Varios de CGT Alicante añadió datos concretos al conflicto. Según explicó el propio sindicato, su delegación había sido elegida por Asamblea y acudió al Congreso con la documentación correspondiente, pero la Comisión Revisora de Credenciales decidió no acreditarla a raíz de una reclamación sobre aquella Asamblea.
El SOV Alicante sostiene que no recibió previamente la reclamación ni la documentación utilizada para adoptar la decisión y que no tuvo oportunidad efectiva de formular alegaciones antes de quedar excluido. También afirma que 79 sindicatos firmaron un escrito solicitando la acreditación de los sindicatos que habían quedado fuera.
Finalmente, la delegación alicantina pudo acceder físicamente al recinto, pero, según su comunicado, lo hizo sin voz y sin voto. El sindicato ha dejado por escrito sus impugnaciones y ha anunciado que utilizará los mecanismos orgánicos y, cuando corresponda, las vías jurídicas para que las decisiones sean revisadas.
El problema ya no es solo quién ganó
Reducir lo ocurrido a una pelea entre dos candidaturas sería simplificar demasiado. La discusión que queda abierta afecta al propio funcionamiento de una organización que se define como federalista, asamblearia y basada en la democracia directa. Si un sindicato considera que ha sido privado de participación, el problema no desaparece porque termine el Congreso.
Eso tampoco significa que las denuncias conviertan automáticamente en inválidos todos los acuerdos adoptados. Significa que existen impugnaciones concretas que deberán ser respondidas por los cauces internos correspondientes y, si finalmente se plantean, por las instancias jurídicas competentes.
Una dirección reelegida ante una oposición interna de enorme peso
La nueva dirección inicia mandato con una realidad incómoda: casi la mitad de los votos apoyaron una candidatura alternativa y un número mayor de sindicatos respaldó a Nuria Negro. A eso se suman sindicatos que denuncian no haber podido ejercer sus derechos congresuales y una confederación territorial como Andalucía que ha hecho pública una valoración extremadamente crítica de la gestión anterior.
La pregunta que deja el XX Congreso no es únicamente quién dirige CGT durante los próximos cuatro años. Es también cómo se gestiona una organización profundamente dividida sin convertir la discrepancia en expulsión, la mayoría en propiedad de las siglas o la oposición en una ruptura permanente.
El Congreso terminó; la crisis interna, no
CGT afronta ahora retos sindicales de enorme importancia, entre ellos la huelga general por la vivienda del 11 de noviembre. Esa movilización puede convertirse en una primera prueba para comprobar si la Confederación es capaz de trasladar sus acuerdos a la calle mientras resuelve una fractura interna que el Congreso no ha cerrado.
Fadrique ha sido reelegido. Ese hecho no está en discusión. Pero tampoco debería estarlo que una parte muy importante de CGT reclama cambios y que varias decisiones del Congreso han quedado formalmente cuestionadas. El futuro inmediato dependerá de si esas diferencias encuentran cauces de debate y resolución o continúan convirtiéndose en nuevos conflictos orgánicos.
