El Real Decreto 723/2026 obliga a las empresas a informar sobre los sistemas automatizados que intervengan en decisiones relacionadas con jornada, tareas, salarios, promoción, lugar de trabajo o extinción del contrato. La norma entrará en vigor el próximo 5 de octubre.
Los algoritmos dejan de ser una caja negra
La digitalización ha introducido sistemas automatizados capaces de distribuir turnos, asignar tareas, evaluar rendimientos o intervenir en decisiones salariales. A partir del 5 de octubre, cuando estas herramientas condicionen aspectos de la relación laboral, la empresa deberá informar por escrito de su existencia y de las pautas, criterios y reglas que determinan su funcionamiento.
La obligación alcanza expresamente a las decisiones relacionadas con la duración y distribución de la jornada, la asignación de tareas, los salarios, la progresión profesional, el lugar de trabajo y la extinción del contrato. Esto significa que una persona trabajadora tendrá derecho a saber si detrás de una decisión que afecta a sus condiciones existe un sistema algorítmico y qué criterios relevantes utiliza.
Saber cómo se toman las decisiones
La nueva regulación no prohíbe a las empresas utilizar algoritmos ni exige revelar el código fuente de sus programas. Lo que establece es un derecho de información: la tecnología utilizada para organizar el trabajo no podrá permanecer completamente oculta cuando participe en decisiones que afecten directamente a la plantilla.
La medida adquiere especial importancia en sectores altamente digitalizados, donde buena parte de la organización laboral puede realizarse mediante aplicaciones y sistemas automáticos. Turnos, rutas, cargas de trabajo, incentivos o evaluaciones pueden parecer decisiones impersonales cuando, en realidad, responden a criterios previamente introducidos en una herramienta informática.
Un nuevo derecho de información
La obligación individual introducida por el Real Decreto se añade a los derechos de información y representación ya existentes y forma parte de la transposición parcial de la Directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. El propio preámbulo relaciona además esta nueva obligación sobre sistemas automatizados con el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial.
La norma no elimina el poder empresarial para utilizar estas tecnologías, pero introduce un límite básico frente a la opacidad: si un algoritmo participa en una decisión que modifica las condiciones de trabajo, la persona afectada tendrá derecho a conocer su existencia y los criterios que intervienen en esa decisión.
Fuente oficial: Real Decreto 723/2026 — Boletín Oficial del Estado