En septiembre de 2016, decenas de miles de personas presas participaron o se vieron afectadas por una movilización que alcanzó al menos 46 centros penitenciarios de Estados Unidos. Diez años después, sus protagonistas recuerdan una experiencia de organización que consiguió atravesar divisiones raciales, territoriales y entre diferentes grupos dentro de las prisiones, y que puso sobre la mesa una cuestión todavía abierta: el trabajo penitenciario y la explotación de la población encarcelada.
9 de septiembre de 2016
En la Institución Correccional Franklin, situada en Carrabelle, Florida, aquel día comenzó de una manera poco habitual. Las personas presas se negaron a acudir al trabajo. Tampoco fueron al comedor ni al economato. Robert Powell, que se encontraba encarcelado allí y participó en la organización de la protesta, recuerda que la dirección de la prisión había preparado para aquel día un menú extraordinario, con alimentos que los presos no habían visto anteriormente y que tampoco volverían a encontrar después. Powell interpretó aquella decisión como un intento de romper el paro y convencer a los presos para que acudieran al comedor. Pero los organizadores se habían preparado. Una semana antes habían comprado suficientes alimentos en el economato para repartirlos entre toda su sección de la prisión. De esa forma podían mantener el boicot sin depender de la comida ofrecida por la institución. Aunque habían tenido poco tiempo para organizarse, la acción consiguió alterar seriamente el funcionamiento habitual de Franklin. Lo que estaba sucediendo allí, sin embargo, era solamente una pequeña parte de algo mucho mayor.
Una movilización que atravesó las cárceles estadounidenses
La protesta del 9 de septiembre de 2016 se convirtió en la primera huelga penitenciaria coordinada a escala nacional en Estados Unidos. Las estimaciones recopiladas posteriormente sitúan entre 20.000 y 60.000 el número de personas presas que participaron directamente o resultaron afectadas por las movilizaciones, que alcanzaron al menos 46 instituciones penitenciarias. La fecha había sido escogida deliberadamente. El 9 de septiembre de 1971 había comenzado la rebelión de la prisión de Attica, en el estado de Nueva York, uno de los acontecimientos fundamentales de la historia de las luchas penitenciarias estadounidenses. Cuarenta y cinco años después, presos de diferentes estados recuperaban aquella fecha para lanzar una nueva movilización. El planteamiento era sencillo y al mismo tiempo difícil de ejecutar: detener el trabajo y alterar el funcionamiento de las prisiones.
Contra la «esclavitud penitenciaria»
Kevin «Rashid» Johnson fue uno de los presos que contribuyeron a organizar y difundir la movilización desde la William P. Clements Unit, en Amarillo, Texas. Johnson definió aquella protesta como una huelga contra lo que los activistas denominaban «esclavitud penitenciaria». Para sus organizadores, la cuestión no podía reducirse únicamente a los salarios extremadamente bajos —o directamente inexistentes— que reciben muchas personas encarceladas. Establecían una relación histórica entre el actual sistema penitenciario estadounidense y las estructuras de explotación surgidas después de la abolición formal de la esclavitud tras la Guerra Civil. Jason Renard Walker, también encarcelado en Clements en 2016, plantea una interpretación todavía más amplia: hablar de esclavitud penitenciaria significa hablar del trabajo involuntario, pero también de las condiciones de vida, la ausencia de derechos, los mecanismos disciplinarios y el enorme poder que las instituciones penitenciarias ejercen sobre quienes se encuentran bajo su control. La huelga pretendía utilizar uno de los pocos instrumentos colectivos disponibles dentro de las prisiones: retirar el trabajo necesario para mantenerlas funcionando.
Parar una prisión
Una huelga laboral puede conseguir rápidamente la atención de una administración penitenciaria, pero existe un problema evidente: no todas las personas presas tienen un empleo. Además, en algunas instituciones la respuesta ante una movilización consiste precisamente en decretar el confinamiento de la población reclusa. Eso ocurrió en Clements. El cierre de la prisión impidió desarrollar algunas de las acciones previstas, como el boicot al economato. De aquella experiencia surgieron debates sobre otras formas de resistencia, desde las huelgas de hambre hasta los boicots colectivos o la creación de redes de solidaridad capaces de proteger las pertenencias de quienes participaban en las protestas. Los organizadores sabían que después llegarían las represalias, y llegaron. Personas identificadas como organizadoras de la huelga fueron objeto de medidas disciplinarias y diferentes formas de represión dentro de las instituciones penitenciarias.
La movilización había comenzado antes
El 9 de septiembre no surgió de la nada. Durante los meses anteriores ya se habían producido importantes acciones dentro de las prisiones estadounidenses. En Texas hubo huelgas sucesivas durante abril de 2016 y los teléfonos móviles introducidos clandestinamente en las cárceles desempeñaron un papel importante, porque permitieron a presos de diferentes instituciones comunicarse y coordinar acciones. Pero había antecedentes todavía anteriores. En Alabama, el Free Alabama Movement (FAM) llevaba organizando paros desde 2014. Entre sus principales impulsores se encontraban Kinetik Justice —Robert Earl Council— y Bennu Hannibal Ra-Sun —Melvin Ray—. La experiencia de Alabama había aprendido, a su vez, de otra movilización. En 2010, personas encarceladas en Georgia utilizaron dispositivos introducidos clandestinamente para coordinar una huelga que llegó al menos a cuatro instituciones y que entonces fue considerada la mayor protesta penitenciaria de este tipo realizada en Estados Unidos. Las nuevas tecnologías estaban permitiendo algo que anteriormente resultaba extremadamente difícil: comunicar prisiones separadas por cientos o miles de kilómetros. FAM comenzó además a utilizar vídeos, páginas web y redes sociales para explicar desde dentro de las cárceles qué estaba ocurriendo. La organización penitenciaria comenzaba a romper los muros físicos de las prisiones.
«Dejad que las cosechas se pudran en los campos»
Antes de la huelga de septiembre circuló ampliamente un texto del Free Alabama Movement titulado Let the Crops Rot in the Fields —«Dejad que las cosechas se pudran en los campos»—. Su planteamiento partía de una idea sencilla: si el sistema penitenciario dependía del trabajo de las personas encarceladas, la retirada colectiva de ese trabajo podía convertirse en una poderosa herramienta de presión. FAM defendía que quienes se encontraban dentro de las prisiones debían organizarse a escala nacional y retirar su fuerza de trabajo. La iniciativa tenía además una dimensión explícitamente anticapitalista. Sus promotores relacionaban el trabajo penitenciario con un sistema económico que obtiene beneficios o reduce costes mediante el trabajo gratuito o extremadamente barato de las personas encarceladas. Cuando los presos dejaban de trabajar, también interrumpían el funcionamiento económico y cotidiano del sistema penitenciario.
Holman se detiene
En la prisión de Holman, Alabama, el paro comenzó poco después de medianoche. Los trabajadores encarcelados se negaron a presentarse en sus puestos. Cuando amaneció, la prisión estaba extraordinariamente silenciosa. Los presos permanecían en sus literas, leyendo o durmiendo, mientras los funcionarios tenían que realizar las tareas necesarias para mantener el centro funcionando. Aquella imagen resumía perfectamente la estrategia. No se trataba simplemente de protestar, sino de demostrar hasta qué punto las prisiones dependían del trabajo de las propias personas encarceladas.
Romper las divisiones internas
Para conseguirlo había que superar un obstáculo enorme. Las cárceles estadounidenses estaban atravesadas por divisiones raciales, territoriales y entre diferentes bandas. Los organizadores trabajaron deliberadamente para construir una unidad que atravesara esas fronteras. La experiencia de Franklin resulta especialmente ilustrativa. Cuando Robert Powell conoció los planes para la huelga a través de la Campaign to Fight Toxic Prisons, buscó primero a las personas que tenían verdadera influencia entre los presos. Eso incluía dirigentes o miembros respetados de diferentes grupos. Una vez conseguida su participación, esas personas realizaron su propio trabajo de organización. Powell considera que aquello fue determinante para el éxito de la movilización. Era, en esencia, una vieja técnica de organización sindical: localizar a los referentes naturales de cada grupo, convencerlos y conseguir que sean ellos quienes organicen a sus compañeros.
La IWW entra en las cárceles
En toda esta historia apareció también una organización con más de un siglo de existencia: la Industrial Workers of the World (IWW). Los conocidos como Wobblies habían nacido en 1905 con la aspiración de organizar conjuntamente a la clase trabajadora más allá de las divisiones profesionales, raciales o nacionales. Dos años antes de la huelga de 2016, la IWW había dado un paso particularmente importante. A iniciativa de Lorenzo Kom’boa Ervin, antiguo miembro de los Black Panthers y autor de Anarchism and the Black Revolution, se creó el Incarcerated Workers Organizing Committee (IWOC). La organización invitaba a las propias personas encarceladas a incorporarse a la actividad sindical. La idea era poco habitual dentro del sindicalismo estadounidense: considerar a los presos como trabajadores capaces de organizarse colectivamente.
IWOC y Free Alabama Movement
Ben Turk era uno de los organizadores de IWOC que trabajaba desde fuera de las prisiones. Desde 2014 mantenía contactos con Kinetik Justice y otros integrantes del Free Alabama Movement. Los activistas de Alabama estaban convencidos de que había llegado el momento de trasladar las movilizaciones penitenciarias a escala nacional. Turk y Kinetik colaboraron en el llamamiento que terminaría anunciando la huelga del 9 de septiembre. La experiencia de Alabama demostraba que una huelga podía funcionar, aunque también existían límites evidentes porque no todas las personas encarceladas trabajaban. Según las cifras citadas en el artículo original, alrededor de 900.000 de aproximadamente 2,4 millones de personas encarceladas trabajaban en 2016, realizando tareas necesarias para mantener las instituciones, trabajando para organismos públicos o participando en otras actividades laborales. Datos posteriores recogidos por la ACLU estimaron que en 2022 alrededor de 800.000 de los 1,2 millones de personas recluidas en prisiones estatales y federales tenían algún trabajo formal dentro de prisión.
Más que el impacto económico
Ben Turk plantea una reflexión importante: quizá el verdadero poder de una huelga penitenciaria no resida únicamente en las pérdidas económicas que pueda ocasionar, sino también en hacer que la prisión deje de funcionar normalmente. Las experiencias más potentes de 2016 fueron precisamente aquellas donde existía una organización masiva de presos. En algunos lugares se produjeron rebeliones abiertas; en otros, retiradas prolongadas de la fuerza de trabajo. En ambos casos aparecía la misma idea: sin la participación cotidiana de las personas encarceladas, mantener el funcionamiento ordinario de las instituciones podía resultar considerablemente más complicado.
La solidaridad desde fuera
IWOC desempeñó además otra función fundamental: establecer una conexión permanente entre quienes se encontraban dentro de las prisiones y las redes de solidaridad existentes fuera. Los activistas podían transmitir información, hacer públicas las represalias y mantener comunicaciones entre distintos centros. Walker considera que este trabajo fue uno de los elementos decisivos de la movilización. Para él, la experiencia de 2016 mostró lo que podría significar una auténtica organización sindical dentro de las prisiones si las personas encarceladas pudieran disponer de organizaciones laborales plenamente reconocidas.
Los 50.000 dólares de Zack de la Rocha
La repercusión de la huelga llegó también al mundo de la música. Durante el otoño de 2016, Ben Turk recibió un correo electrónico de Zack de la Rocha, cantante de Rage Against the Machine. El músico quería saber cómo podía ayudar económicamente a los huelguistas y, según recuerda Turk, terminó realizando una aportación de 50.000 dólares a la IWW. Entonces apareció otro problema: decidir qué hacer con el dinero. Dentro de la organización surgieron diferencias. Una parte de sus miembros consideraba que aquellos recursos debían administrarse con prudencia y utilizarse para fortalecer la organización a largo plazo. Otros, entre ellos Turk, defendían que el dinero debía llegar rápidamente a los presos que estaban protagonizando la lucha. Una parte terminó llegando al Free Alabama Movement, aunque no toda la cantidad. La discusión dejó una enseñanza menos espectacular pero igualmente importante: las grandes movilizaciones pueden generar entusiasmo y unidad mientras están creciendo, pero los problemas organizativos suelen aparecer después, cuando toca resolver cuestiones sobre recursos, estructuras y estrategias futuras.
Diez años después
Jason Renard Walker continúa denunciando las condiciones del sistema penitenciario estadounidense. Mirando hacia atrás, considera que la participación de IWOC tuvo una importancia extraordinaria. La comunicación constante con personas encarceladas permitió romper el aislamiento, aumentar la confianza entre quienes dudaban y extender la movilización a distintos puntos del país. La huelga de septiembre de 2016 no abolió el trabajo penitenciario ni terminó con las condiciones denunciadas por sus organizadores, pero demostró que personas encerradas en instituciones separadas por miles de kilómetros podían comunicarse, organizarse y desarrollar acciones colectivas coordinadas. Demostró también que las divisiones raciales, territoriales o entre diferentes grupos podían quedar relegadas cuando existía un objetivo común y recuperó dentro de las prisiones una herramienta histórica del movimiento obrero: la retirada colectiva de la fuerza de trabajo. Diez años después, la experiencia del 9 de septiembre de 2016 continúa planteando una cuestión que trasciende los muros de las prisiones: qué ocurre cuando quienes sostienen cotidianamente una institución descubren que pueden organizarse colectivamente y dejar de hacerlo.
Autor original: James Anderson. Publicado originalmente: ZNetwork, 9 de septiembre de 2026. Publicado en: Industrial Worker, 13 de septiembre de 2026. Versión y adaptación al castellano: Sindicalismo.org.
