El sindicato denuncia que el Consorcio dejó sin efecto parte de las condiciones laborales y sindicales recogidas en el acuerdo de adhesión de 2022 pocos días después de la convocatoria de una huelga indefinida. CGT exige recuperar los derechos suprimidos y reclama una indemnización de 10.000 euros por una posible vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical.
El conflicto laboral en las bibliotecas municipales de Barcelona ha llegado a los tribunales. CGT ha presentado una demanda ante los juzgados de lo social de Barcelona contra el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, al que acusa de haber eliminado unilateralmente diferentes derechos laborales, sociales y sindicales que hasta ahora disfrutaba la plantilla.
Entre las condiciones que, según denuncia el sindicato, han dejado de aplicarse se encuentran días de compensación vinculados a horarios especiales, derechos sindicales, ayudas y otros derechos sociales incluidos en el anterior acuerdo de adhesión.
CGT considera que el Consorcio no puede decidir unilateralmente qué partes de los acuerdos colectivos mantiene y cuáles deja de aplicar. Para el sindicato, esta actuación podría constituir una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o, subsidiariamente, un descuelgue de las condiciones pactadas colectivamente sin haber seguido los procedimientos legalmente establecidos.
Pero la demanda va más allá de una disputa sobre determinadas condiciones laborales. CGT sitúa la decisión del Consorcio dentro de un conflicto más amplio marcado por el bloqueo de la negociación colectiva y la convocatoria de una huelga indefinida.
Del bloqueo de la negociación a la huelga indefinida
El origen del conflicto se encuentra en la negociación de un nuevo acuerdo de adhesión al convenio del Ayuntamiento de Barcelona.
Tras varias reuniones sin acuerdo, movilizaciones de la plantilla y diferentes jornadas de huelga intermitente, las negociaciones quedaron bloqueadas.
Ante esta situación, el Comité de Empresa decidió convocar una huelga indefinida a finales de mayo como medida de presión para desbloquear el conflicto.
Según expone CGT, pocos días después de aquella convocatoria el Consorcio comunicó que daba por terminadas las negociaciones. Posteriormente anunció que dejaría sin efecto una parte de los derechos incluidos en el acuerdo de adhesión de 2022.
Esta sucesión de acontecimientos es uno de los elementos centrales de la demanda.
Para CGT, la retirada de condiciones laborales después de la convocatoria de una huelga podría afectar al ejercicio de derechos fundamentales. Por ello, además de cuestionar la legalidad de la supresión de las condiciones pactadas, el sindicato plantea una posible vulneración del derecho de huelga y de la libertad sindical en su dimensión de negociación colectiva.
CGT: los derechos laborales no pueden utilizarse como presión
El sindicato rechaza que la retirada de derechos pueda convertirse en una herramienta para presionar a los trabajadores y trabajadoras durante una negociación.
CGT defiende que ninguna empresa puede actuar de esta manera y subraya que esta obligación alcanza igualmente a las administraciones y a los organismos públicos.
“Los derechos laborales no se negocian bajo coacción: se defienden y se garantizan mediante la acción sindical y la negociación colectiva”.
La organización sindical considera especialmente preocupante que la supresión de determinadas condiciones se produzca precisamente cuando la plantilla estaba utilizando uno de los principales instrumentos reconocidos a los trabajadores para defender sus reivindicaciones: el derecho de huelga.
La demanda pretende ahora que sean los tribunales quienes determinen si las decisiones adoptadas por el Consorcio respetaron la legislación laboral y los derechos fundamentales de la plantilla.
El Síndic de Greuges ya había advertido al Consorcio
El conflicto cuenta además con un antecedente relevante.
El Síndic de Greuges ya había instado al Consorcio de Bibliotecas de Barcelona a respetar la negociación colectiva y los acuerdos vigentes.
También había señalado que cualquier modificación de las condiciones de trabajo debía realizarse utilizando los mecanismos de negociación colectiva establecidos legalmente.
Este pronunciamiento refuerza uno de los argumentos fundamentales defendidos por CGT: las condiciones pactadas colectivamente no pueden ser modificadas simplemente mediante una decisión unilateral.
CGT exige recuperar íntegramente los derechos suprimidos
La demanda presentada ante los juzgados de lo social plantea varias reclamaciones.
CGT solicita que se declaren nulas las medidas adoptadas por el Consorcio y que se restituyan íntegramente todas las condiciones laborales que han dejado de aplicarse.
El sindicato reclama igualmente que se reconozca la vigencia del acuerdo de adhesión de 2022 mientras no exista otro acuerdo que lo sustituya y que haya sido negociado entre las partes.
La posición sindical es que el anterior acuerdo debe continuar aplicándose hasta que trabajadores y Consorcio alcancen un nuevo pacto mediante la negociación colectiva.
Además, la demanda incluye una reclamación económica: CGT solicita una indemnización de 10.000 euros por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical.
Un conflicto que trasciende las bibliotecas de Barcelona
Lo que está en juego en este conflicto no se limita únicamente a una serie de días de compensación, ayudas o derechos sindicales.
El fondo de la disputa afecta directamente al papel de la negociación colectiva como instrumento para regular las condiciones de trabajo.
Aceptar que una empresa, administración o ente público pueda retirar unilateralmente derechos previamente pactados durante una negociación supondría, desde la perspectiva sindical, alterar profundamente el equilibrio entre las partes.
Los acuerdos colectivos perderían buena parte de su sentido si una de ellas pudiera decidir qué derechos mantiene y cuáles elimina cuando aparece un conflicto laboral.
El hecho de que la decisión denunciada se produzca además en un escenario marcado por movilizaciones y por la convocatoria de una huelga indefinida hace que el conflicto adquiera una dimensión todavía mayor.
De las movilizaciones a los tribunales
Después de meses de reuniones, protestas y huelgas, la batalla de la plantilla de las bibliotecas municipales de Barcelona abre ahora también un frente judicial.
CGT quiere que los tribunales obliguen al Consorcio a restituir los derechos eliminados, reconocer la vigencia del acuerdo de 2022 y reparar la posible vulneración de derechos fundamentales.
Mientras tanto, permanece abierto el conflicto sobre el nuevo acuerdo que deberá regular las condiciones laborales de la plantilla.
La disputa en las bibliotecas de Barcelona vuelve así a poner sobre la mesa una cuestión elemental para el movimiento sindical: los derechos conquistados mediante la negociación colectiva no deberían convertirse en moneda de cambio cuando los trabajadores deciden organizarse, movilizarse o ejercer su derecho a huelga.
