Los sindicatos CCOO, CGT y SAT denuncian que la aplicación sigue siendo insuficiente, que la inspección no llega a todas las empresas y que los trabajadores continúan enfrentándose al miedo a perder el empleo si deciden parar.
Mientras buena parte del país vuelve a encadenar jornadas de temperaturas extremas, los sindicatos alertan de que el calor continúa siendo un riesgo laboral infravalorado. A la espera de que se esclarezcan las causas del fallecimiento de un trabajador en una obra de Sevilla hace apenas unos días —un caso que todavía se investiga para determinar si guarda relación con un golpe de calor—, las organizaciones sindicales insisten en que las muertes y enfermedades provocadas por las altas temperaturas no pueden seguir tratándose como hechos inevitables.
Sobre el papel, España cuenta con un marco normativo que obliga a proteger a las personas trabajadoras frente al estrés térmico. La base legal se encuentra en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 486/1997, que regula las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Tras la muerte de varios trabajadores durante el verano de 2022, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 4/2023, que reforzó las obligaciones empresariales cuando se producen fenómenos meteorológicos adversos.
La norma establece que, cuando existan avisos meteorológicos de nivel naranja o rojo y los trabajos al aire libre no puedan desarrollarse de forma segura, las empresas deben adaptar las condiciones laborales o, si el riesgo no puede eliminarse, suspender la actividad sin que ello suponga una pérdida salarial para la plantilla. Entre las medidas preventivas figuran la modificación de horarios para evitar las horas centrales del día, la reducción de la exposición al sol, pausas más frecuentes, acceso permanente a agua potable, zonas de sombra o espacios climatizados y equipos de protección adecuados.
Con el aumento de las temperaturas extremas, la Inspección de Trabajo ha reforzado este verano su campaña específica sobre riesgos derivados del cambio climático, dirigida especialmente a sectores como la construcción, la agricultura, la limpieza viaria, la recogida de residuos, la logística o el reparto. El objetivo es comprobar que las empresas realizan evaluaciones de riesgo, disponen de protocolos frente a fenómenos meteorológicos adversos y aplican medidas preventivas eficaces cuando se activan las alertas por calor.
Las organizaciones sindicales coinciden en que el aumento de las olas de calor asociado al cambio climático obliga a replantear la organización del trabajo en numerosos sectores. Para ellas, el debate ya no consiste únicamente en aprobar nuevas normas, sino en conseguir que las existentes se cumplan de forma efectiva y que ninguna persona tenga que elegir entre conservar su empleo o proteger su salud. Porque, recuerdan, un golpe de calor durante la jornada laboral no es una fatalidad inevitable: cuando la prevención falla, también falla el sistema de protección del trabajo.