Recientemente, el líder del primer partido de la oposición, ha planteado ante empresarios vascos recortar sueldo y prestaciones a las personas trabajadoras que estén de baja médica, con permiso o ausentes “por cualquier otro motivo”. Ha calificado el fenómeno de “absentismo” y “cáncer”, y ha fijado, sin aportar una fuente que lo sostenga, que todo lo que supere el 4-5% de ausencias “tiene un enorme porcentaje de fraude”. Y ha añadido que lo hará “con o sin acuerdo” de patronal y sindicatos.
No es una propuesta nueva. Es el mismo guion que la CEOE lleva repitiendo años: elevar el coste económico del absentismo, pedir que la Seguridad Social asuma menos días de baja, devolver capacidad de decisión a las mutuas y facilitar el despido por ausencias justificadas. Lo que cambia ahora es que ese discurso empresarial ha pasado directamente a un programa electoral.
Lo que se está contando mal
El primer problema es de origen: los datos que circulan sobre “absentismo” no salen de estadísticas oficiales, sino de informes de empresas de trabajo temporal como Adecco o Randstad. Esos informes suman en el mismo saco bajas médicas, permisos retribuidos, bajas por maternidad y paternidad, formación, huelga o crédito sindical. Con esa mezcla, cualquier cifra sale abultada.
El Estatuto de los Trabajadores no define el absentismo así. Desde 2012, cuando se eliminó el requisito de que la plantilla completa de un centro superara un umbral de ausencias para poder aplicar el despido individual, la ley empezó a mirar solo al trabajador que falta, no a lo que le hace faltar. En 2019 el Tribunal Constitucional avaló ese despido objetivo por faltas justificadas; en 2020 se derogó, tras años de sentencias del TJUE que lo consideraban discriminatorio para personas con enfermedades crónicas o discapacidad. La discusión de fondo, sin embargo, nunca se cerró: solo cambió de forma.
Lo que sí hay son datos, y no hablan de fraude
En 2025 murieron 735 personas en accidentes de trabajo en España y hubo más de 620.000 accidentes de trabajo registrados. Una media de más de dos muertes diarias. Las bajas por salud mental —ansiedad, estrés, depresión— han subido un 66% desde 2018, según datos del INSS. Y el catálogo de enfermedades profesionales (RD 1299/2006) sigue sin incluir ningún trastorno de salud mental, lo que significa que buena parte de esas bajas se contabilizan como enfermedad común, aunque su origen sea laboral.
Mientras se debate un porcentaje de fraude sin desagregar, esto no entra en el debate: las mutuas tienden a no reconocer el origen laboral de dolencias musculoesqueléticas o psicosociales, y derivan sistemáticamente a los trabajadores a la sanidad pública. El coste se traslada así al Sistema Nacional de Salud, y la persona trabajadora aparece en las estadísticas como “absentista” por una dolencia que, en realidad, es de origen laboral no reconocido.