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A dos años de la tragedia de Brumadinho continúan los problemas en Vale

A dos años de la mayor tragedia ambiental, laboral y humana en Brasil, los trabajadores subcontratados por la minera Vale denuncian problemas de seguridad laboral y abuso de poder por parte de la gerencia.

La seguridad laboral en Vale Brasil aún dista de ser la deseada. En diciembre de 2020 falleció el operador de retroexcavadoras Júlio César de Oliveira Cordeiro, tras un deslizamiento de tierra en la mina de hierro en Córrego do Feijão. Oliveira era empleado por Vale Verde, una empresa subcontratada por la minera Vale.

Si bien la empresa emitió un comunicado donde informó que realizaría nuevos estudios y evaluaciones de las condiciones de seguridad porque mantiene su “compromiso con la seguridad de todos sus empleados y las comunidades”, los trabajadores subcontratados no lo sienten así.

El director del Sindicato de trabajadores de la industria de la construcción pesada de Minas Gerais, Eduardo Armond, le dijo al medio Brasil de Fato que los trabajadores subcontratados denuncian de forma recurrente que sufren acoso por parte de los gerentes de Vale para que realicen sus actividades, incluso aunque estén psicológicamente conmocionados. Además, denuncian que tienen miedo de realizar sus tareas porque carecen de seguridad laboral.

El dirigente sindical explicó que desde el 2020 le solicitan reuniones a Vale para discutir la situación de seguridad y salud de los trabajadores en todas sus áreas de actividad. Desean crear comisiones de situación laboral en minería para monitorear y prevenir accidentes. Hasta el momento no lograron reunirse.

El accidente de diciembre revivió el miedo que convive con los trabajadores vinculados a la minera Vale desde hace años. El 25 de enero de 2019 se derrumbó la presa de relaves de Vale, lo que causó el derrame de 10 millones de metros cúbicos de lodo tóxico en Brumadinho, en el estado de Minas Gerais. 272 personas murieron y 11 continúan desaparecidas.  

“La muerte del subcontratista de Vale, Júlio César de Oliveira Cordeiro, es un recordatorio constante del homicidio de Brumandinho, el cual no desaparecerá hasta que haya justicia para todos y responsabilidad por parte de Vale. También es un recordatorio oportuno de que los derechos a la salud y la seguridad en el trabajo son indivisibles”

En los últimos dos meses, representantes de Vale y del gobierno del estado de Minas Gerais desarrollaron negociaciones sobre el monto de la compensación por el desastre de Brumadinho. El objetivo era llegar a una cifra que contemplara los impactos directos del desastre en la economía, el medio ambiente y los daños personales a todos los habitantes de la región afectados por la tragedia. Lamentablemente, el 21 de enero informaron que no lograron llegar a un acuerdo.

De todos modos, el Movimiento de Afectados por Represas (MAB) denuncia que las mesas de negociación del acuerdo no contaron con la participación de los afectados. Esto supone para ellos un acuerdo secreto e injusto, que beneficiaría únicamente a Vale.

Por ese motivo, desarrollan desde diciembre una serie de actividades denominada “Viaje de luchas: 2 años del crimen de Vale en Brumadinho. Justicia solo con lucha y organización”. Reclaman asistencia financiera de emergencia, la contratación de asesores técnicos independientes para asegurar la seguridad de las represas, y el derecho a participar en las conversaciones sobre el convenio entre Vale y el gobierno del estado de Minas Gerais, a fin de defender los derechos de los afectados.

Finalmente, la presidenta de CNQ/CUT Lucineide Varjão Soares, dijo:

“¿Cuánto vale la vida? Pasaron dos años desde el crimen ambiental de Brumadinho y hasta ahora Vale aún no asumió su culpa ni su responsabilidad por el crimen contra los trabajadores, la sociedad y el medio ambiente.

Durante estos dos años, Vale utilizó dispositivos legales para retrasar el proceso y no presentó una propuesta que atienda los deseos de los familiares de las víctimas, el daño a la población y al medio ambiente. Incluso, la justicia se “inclina” ante el gran capital, en lugar de exigir o decretar una sentencia de reparación.

Es hora de que la justicia realmente haga justicia. En este sentido, el MAB junto con entidades del movimiento sindical y social siguen reclamando una solución definitiva.”