Iowa City (Estados Unidos), 15 de octubre de 2026. Los compañeros de Fatou Traore, trabajadora de limpieza del hospital universitario de Iowa, reclaman su regreso después de que las autoridades estadounidenses la deportaran el 12 de octubre a Sierra Leona, un país en el que nunca había vivido. Su expulsión se produjo mientras los abogados trataban de paralizarla y ha provocado movilizaciones de trabajadores sanitarios, asociaciones migrantes y vecinos de Iowa City.
Traore, nacida en Costa de Marfil, llevaba más de veinte años viviendo en Estados Unidos. Trabajaba desde hacía más de una década en los Hospitales y Clínicas de la Universidad de Iowa y pertenece al sindicato AFSCME, Consejo 61, Local 12. Es madre de cuatro hijos estadounidenses, el menor de tres años. Su marido también trabaja en el centro sanitario. La familia denuncia que la intervención migratoria ha dejado a los niños separados de su madre.
Detenida camino del trabajo y expulsada a un tercer país
Los hechos comenzaron el 24 de septiembre. Según el relato de su familia, dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) interceptaron a Traore cuando acudía a recoger a su hermana para ir a trabajar. Tras pasar por varios centros de detención, fue trasladada a un establecimiento de Louisiana. Desde allí salió el vuelo que la llevó a Sierra Leona, pese a que no tiene vínculos familiares ni personales conocidos con ese país.
La situación jurídica es uno de los puntos centrales de la denuncia. En 2011, un juez de inmigración le había concedido una orden de protección frente a la devolución a Costa de Marfil por el riesgo que suponía enviarla allí. Esta medida permite residir y trabajar en Estados Unidos, aunque no equivale a una residencia permanente. Las organizaciones Escucha Mi Voz Iowa y Immigrant Welcome Network sostienen que la deportación se ejecutó antes de que un juez resolviera una nueva solicitud de suspensión y sin practicar la entrevista de evaluación del temor a una posible persecución que había pedido.
El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, sostiene que Traore ya había comparecido ante un juez en 2011 y que existía una orden de expulsión. La agencia también ha formulado acusaciones sobre los documentos utilizados para entrar en el país, rechazadas por la familia. Su respuesta pública no aclaró si un juez examinó la última petición de suspensión antes de que se ejecutara el traslado a Sierra Leona.
La plantilla se organiza para exigir su regreso
La solidaridad empezó entre los propios trabajadores del hospital. Sara Gilmore, técnica de extracción de sangre y afiliada al mismo sindicato, relató en Labor Notes cómo difundieron el caso entre sus compañeros, promovieron una recogida de firmas y escribieron a responsables del centro y representantes políticos. Muchos conocían a Fatou por su trabajo cotidiano en la limpieza de las habitaciones, una tarea esencial para la atención hospitalaria que, como denuncian sus compañeros, suele permanecer invisible.
Los trabajadores pidieron a la dirección de University of Iowa Health Care que se pronunciara públicamente contra la detención. Según el testimonio de Gilmore, la institución respondió que cada empleado podía expresar su opinión individualmente, pero que el hospital no iba a emitir una declaración. Lejos de cerrar el asunto, la respuesta animó a extender la campaña fuera del centro de trabajo.
El 30 de septiembre, más de cuatrocientas personas se reunieron en la iglesia metodista de Iowa City para reclamar la liberación de Traore. Entre quienes apoyaron las gestiones figuran Escucha Mi Voz, redes de acogida a migrantes, organizaciones comunitarias y responsables religiosos. También intervino la congresista Mariannette Miller-Meeks, que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional una suspensión de la deportación. Estas iniciativas no lograron detener el traslado del 12 de octubre.
Una familia separada y una campaña que continúa
Tras conocer la deportación, su hijo mayor, Esoumaila Diallo, pidió a las autoridades que permitan el regreso de su madre y revisen su situación. Sus abogados trabajan desde Sierra Leona, Nueva York e Iowa para buscar vías legales que faciliten su retorno. Mientras tanto, sus compañeros mantienen la presión pública y reclaman explicaciones por lo ocurrido durante el procedimiento.
El caso de Fatou Traore ha unido dos reclamaciones que rara vez aparecen juntas en los titulares: la defensa de los derechos de las personas migrantes y el reconocimiento de quienes sostienen los hospitales desde los puestos menos visibles. La petición de sus compañeros es concreta: que vuelva a Iowa City, a su familia y a su puesto de trabajo.
Fotografía: movilización de apoyo a Fatou Traore en Iowa City. Escucha Mi Voz / Labor Notes.
