La seguridad y la salud en el trabajo ocuparon el mayor volumen de actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) durante 2025. La memoria anual del organismo recoge 510.074 actuaciones en prevención de riesgos laborales, el 42,29% del total, y 29.193 infracciones detectadas. Las sanciones propuestas ascendieron a 109,7 millones de euros y afectaron a empresas con 200.475 personas trabajadoras. Pese al volumen de intervenciones, esta materia solo representó el 12,78% del importe total de las sanciones propuestas por la Inspección.
El trabajo inspector incluyó 158.933 órdenes de servicio finalizadas y 107.590 visitas a centros de trabajo. Además, se formularon 213.292 requerimientos en materia preventiva, equivalentes al 80,49% de todos los requerimientos del organismo. La cifra sitúa la prevención en el centro de la actividad inspectora, pero también muestra la persistencia de deficiencias que exigen correcciones en las empresas.
Ocho de cada diez requerimientos afectan a la seguridad laboral
El análisis de los resultados indica que cerca del 48% de las actuaciones preventivas dieron lugar a un requerimiento, un acta de infracción o una paralización. En relaciones laborales, la proporción fue del 31,3%. El artículo 43 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece el requerimiento de subsanación cuando se comprueba una infracción en esta materia, de modo que no basta con tener evaluaciones de riesgos archivadas: las medidas deben aplicarse en los puestos de trabajo.
Hay, además, un dato que la memoria no permite conocer: cuántos requerimientos se cumplen finalmente. Se registraron 14.498 segundas visitas de comprobación, pero esa cifra no equivale a una tasa de cumplimiento. Tampoco se debe confundir el dinero propuesto en sanciones con cantidades efectivamente cobradas. Para valorar la eficacia de la intervención inspectora importa tanto detectar los incumplimientos como comprobar que desaparecen.
Las deficiencias más habituales se relacionan con la seguridad de los centros de trabajo (16%) y el uso de máquinas y equipos (15,2%). Les siguen los equipos de protección individual (9,6%), la formación e información a las plantillas (7,3%), las escaleras, plataformas y aberturas (6,1%) y las evaluaciones de riesgos (6%). Son problemas concretos, desde maquinaria sin medidas suficientes de protección hasta condiciones peligrosas para trabajar en altura.
Construcción y servicios concentran la mayor parte de las actuaciones
La construcción acumuló el 39,5% de las intervenciones preventivas y los servicios el 38,2%. La industria representó el 17,5% y la agricultura, ganadería y pesca el 4,6%. En conjunto, construcción y servicios reunieron más de tres cuartas partes del trabajo inspector en prevención.
La Inspección ordenó 76 paralizaciones de actividades por riesgo grave e inminente, frente a las 97 de 2024. Son decisiones excepcionales para detener tareas cuando continuar puede suponer un peligro inmediato. La disminución de este tipo de medidas, por sí sola, no permite concluir que haya desaparecido el riesgo en los centros de trabajo.
Amianto, calor, riesgos psicosociales y sobrecarga física
La actuación inspectora se extendió a riesgos que no siempre dejan lesiones visibles de forma inmediata. En los controles sobre agentes cancerígenos, mutágenos y reprotóxicos se contabilizaron 6.306 órdenes de servicio relacionadas con amianto, con 126 infracciones; 559 sobre sílice cristalina, con 159 infracciones; y otras 542 sobre radón y distintos agentes, con 140 infracciones.
Las campañas sobre condiciones ambientales adversas sumaron 8.311 órdenes de servicio, 17.783 actuaciones y 615 infracciones. En riesgos psicosociales hubo 1.932 órdenes, 6.104 actuaciones y 489 infracciones. También se investigaron los trastornos musculoesqueléticos, con 1.860 órdenes y 193 infracciones. Dentro de este último ámbito, la campaña dirigida a las camareras de piso registró 690 órdenes y 119 infracciones, un reflejo del peso que tienen la repetición de movimientos y las cargas físicas en determinados empleos.
Las carencias también aparecieron en la propia organización preventiva de las empresas: los controles sobre integración de la prevención acumularon 17.229 órdenes de servicio y 9.050 infracciones y requerimientos; la coordinación entre empresas concurrentes, 2.101 órdenes y 2.301 infracciones y requerimientos; y los servicios de prevención y auditorías, 1.010 órdenes con 979 infracciones y requerimientos. Estas últimas cifras reúnen distintas medidas inspectoras y no deben interpretarse como un número equivalente de empresas sancionadas.
En las administraciones públicas se efectuaron 2.161 requerimientos por el procedimiento específico del Real Decreto 707/2002. Los principales motivos fueron las condiciones de seguridad (15,9%), la ausencia de evaluación de riesgos (13,7%) y los riesgos psicosociales (8%). La obligación de prevenir no desaparece porque quien emplee sea una administración.
Más mortalidad en la construcción pese al descenso general
Los datos de avance de 2025 incorporados a la memoria registraron 529.838 accidentes con baja durante la jornada laboral, un 4,8% menos que el año anterior, y 584 fallecimientos, un descenso del 14%. La evolución no fue igual en todos los sectores: en construcción se contabilizaron 164 muertes laborales, un 13,1% más. Esa diferencia obliga a mirar más allá del balance general y examinar dónde se concentran los peligros más graves.
La Inspección investigó 10.322 accidentes y detectó 4.942 infracciones, con sanciones propuestas por 30,7 millones de euros. Además, formuló 4.959 propuestas de recargo de prestaciones. Según el informe, el 46,91% de los accidentes investigados presentaba incumplimientos preventivos, frente al 43,28% registrado en 2021. Las propuestas de recargo suponen una posible responsabilidad económica adicional cuando se acredita falta de medidas de seguridad.
Las enfermedades profesionales con baja también aumentaron: alcanzaron 12.288, un 6,4% más según los datos de avance. Se investigaron 626 casos, con 138 infracciones y 145 propuestas de recargo. En paralelo, la Inspección remitió 1.794 expedientes al Ministerio Fiscal, 114 de ellos relacionados con accidentes mortales, conforme al marco de colaboración recogido en la Instrucción 1/2025.
Detectar el riesgo no basta si no se corrige
La memoria describe una actividad inspectora intensa y un amplio número de medidas para corregir incumplimientos. También deja una cuestión pendiente: conocer de manera transparente qué ocurre después de cada requerimiento y si las condiciones denunciadas cambian de verdad. Para las plantillas, la prevención se mide en protecciones instaladas, formación útil, descansos, evaluaciones aplicadas y trabajos que dejan de realizarse cuando no son seguros. Las cifras de 2025 muestran cuánto trabajo queda por hacer para que esas obligaciones se cumplan.
