Por Redacción | Sindicalismo.org
La huelga por la vivienda reúne reivindicaciones laborales y sociales en un momento de divisiones entre partidos de izquierda y de intimidaciones ultras contra movilizaciones ciudadanas.
La calle encuentra puntos de encuentro que los partidos no consiguen
Algo está cambiando en las movilizaciones sociales. Después de años de convocatorias dispersas y conflictos laborales que apenas salían de las empresas, distintas organizaciones han empezado a reconocerse en un problema común: trabajar ya no garantiza poder vivir dignamente.
La huelga general del próximo 11 de noviembre ha situado el acceso a la vivienda en el terreno del conflicto social y laboral. Sindicatos de distintas tradiciones y colectivos de inquilinos comparten una preocupación que atraviesa las nóminas y los barrios: el alquiler consume una parte cada vez mayor del salario y obliga a muchas familias a elegir qué gastos pueden afrontar.
Un empleado puede llevar veinte años trabajando y descubrir que su nómina apenas alcanza para sostener los gastos básicos. Una pareja con dos sueldos necesita hacer cuentas para alquilar un piso. Hay jóvenes que, incluso con empleo estable, no pueden abandonar la vivienda familiar. No son meros inconvenientes privados. Detrás hay un mercado que ha convertido una necesidad fundamental en un negocio extraordinariamente rentable.
La coincidencia entre organizaciones sindicales diferentes merece atención. No han desaparecido sus discrepancias sobre negociación colectiva, representación o relación con las instituciones. Pero una reivindicación concreta les permite actuar juntas sin tener que renunciar a sus ideas ni a su independencia.
La izquierda electoral discute sus alianzas mientras crece el malestar social
La situación contrasta con las negociaciones y desencuentros de los partidos situados a la izquierda del PSOE. Las diferencias entre Podemos, Sumar, Izquierda Unida y otras formaciones ocupan de nuevo buena parte del debate político, entre discusiones sobre proyectos, estrategias y candidaturas.
No todas esas discrepancias son menores ni cabe reducirlas sin más a una pelea por cargos. Existen desacuerdos legítimos sobre políticas económicas, participación en los gobiernos y relaciones con el PSOE. Pero tampoco resulta convincente presentar cada ruptura o negociación fallida como un acontecimiento trascendental para quienes llevan años esperando soluciones sobre el alquiler, los salarios o los servicios públicos.
También el PSOE debe asumir su responsabilidad en aquello que continúa sin resolverse. Las mejoras laborales y las subidas del salario mínimo no eximen a ningún gobierno de responder por los problemas que persisten. Una política social no se mide solamente por las leyes aprobadas, sino por lo que sucede cuando llega el recibo de la vivienda.
Ahí aparece una contradicción difícil de ignorar: parte del sindicalismo está encontrando acuerdos en torno a necesidades materiales mientras las formaciones políticas encuentran grandes dificultades para convertir sus coincidencias declaradas en un proyecto compartido.
La violencia ultra aparece donde se reclaman derechos
Los incidentes registrados el 12 de octubre en la Puerta del Sol de Madrid añadieron un elemento preocupante. Grupos de extrema derecha acudieron a las inmediaciones de la acampada por el derecho a la vivienda y se produjeron insultos, enfrentamientos y lanzamiento de objetos. La jornada acabó con detenenciones y un agente policial herido.
Lo sucedido plantea una cuestión mucho más seria que una disputa ideológica. Personas movilizadas para reclamar alquileres asequibles se encontraron ante grupos que acudieron a increparlas y hostigarlas. La escena resume una contradicción amarga: mientras una parte de la población protesta porque no puede pagar un techo, otros dirigen su hostilidad contra quienes están denunciando ese problema.
Conviene distinguir las posiciones de los partidos conservadores de los actos de grupos violentos, sin atribuir automáticamente a unos la responsabilidad de los otros. Pero tampoco puede pasarse por alto el efecto de discursos que presentan a sindicatos, inmigrantes o movimientos sociales como enemigos de la sociedad. Quienes ocupan responsabilidades públicas deben extremar el cuidado cuando describen protestas amparadas por derechos fundamentales.
El derecho a discrepar no incluye el de intimidar ni agredir. Y la defensa de la libertad de manifestación no debería depender de la simpatía que despierte una reivindicación.
Los derechos sociales no terminan en la puerta de la empresa
Durante décadas se ha intentado separar el conflicto laboral del resto de la vida. El salario se discute en el convenio; la vivienda, en otra ventanilla; la educación y la sanidad, en los presupuestos. Sin embargo, todas esas decisiones confluyen en el mismo hogar.
De poco sirve una subida salarial si el alquiler absorbe cualquier mejora. La precariedad contractual, las jornadas interminables y las plantillas insuficientes agravan una situación que no se arregla recomendando a los trabajadores que administren mejor su dinero. Cuando la vivienda devora una parte desproporcionada de los ingresos, la negociación salarial por sí sola resulta insuficiente.
Por eso una huelga que vincula trabajo y vivienda plantea algo importante. Su fuerza dependerá menos de una fotografía multitudinaria que de la organización previa, las asambleas, la presencia en los centros de trabajo y la capacidad de sostener las reivindicaciones después de la jornada de paro.
Ni cheque en blanco a los partidos ni subordinación de las luchas
La autonomía sindical resulta especialmente importante cuando las movilizaciones coinciden con las disputas electorales. Es legítimo que los partidos expliquen sus propuestas y respalden demandas sociales; otra cosa es convertir el esfuerzo de sindicatos y movimientos vecinales en una escenografía de campaña.
El derecho a la vivienda, la reducción de jornada, los salarios dignos y la defensa de los servicios públicos deben poder exigirse con la misma firmeza gobierne quien gobierne. Una organización de trabajadores pierde parte de su capacidad si sus reclamaciones se detienen cada vez que un partido próximo ocupa un ministerio.
La izquierda institucional tendrá que explicar qué medidas plantea, cómo pretende llevarlas a cabo y qué balance hace de los compromisos anteriores. El sindicalismo, por su parte, afronta su propio examen: transformar una coincidencia puntual en relaciones de trabajo capaces de sostener conflictos y lograr mejoras verificables.
Después del 11 de noviembre
Detrás de cada pancarta hay situaciones reconocibles: familias amenazadas por un desahucio, trabajadores que dedican medio sueldo al alquiler, pensionistas angustiados por una subida de renta y jóvenes que encadenan contratos sin poder emanciparse. No necesitan que nadie les explique con un eslogan qué significa perder poder adquisitivo.
La huelga no resolverá por sí sola esta crisis. Las conquistas sociales rara vez llegan después de una única convocatoria y ninguna movilización garantiza una victoria inmediata. Pero sí puede abrir espacios de colaboración que duren más que una jornada.
Mientras los partidos discuten sus diferencias, la gente que vive de su trabajo está intentando organizar respuestas a problemas compartidos. Y mientras grupos ultras hostigan a quienes protestan, las instituciones tienen la obligación de proteger el ejercicio de las libertades públicas.
El 11 de noviembre tendrá su respuesta en las calles y en los centros de trabajo. Al día siguiente continuará lo verdaderamente difícil: hacer que la fuerza de esa movilización se traduzca en condiciones de vida mejores y que las necesidades de la clase trabajadora no vuelvan a quedar enterradas bajo la siguiente disputa política.
