- Francia abre un gabinete de crisis al agravarse la protesta estudiantil tras la quema de un instituto de secundaria,
- La protesta comenzó en París por la falta de profesores y las condiciones en los centros.
- El Gobierno califica las manifestaciones de «violencia urbana».
Francia vive desde hace una semana unas importantes movilizaciones estudiantiles para exigir mejoras educativas, seguidas sobre todo por los estudiantes de secundaria de los liceos (institutos), pero que se han extendido también a la Universidad y han obligado al Gobierno a intervenir.
Las protestas se han extendido desde París a varias ciudades del país y se han intensificado este jueves, con enfrentamientos con la Policía, bloqueos de centros educativos y quema de mobiliario urbano. Hay casi 2.000 detenidos, según el Ministerio de Interior.
Los estudiantes se quejan por la falta de profesores; exigen la mejora de las condiciones en los centros; acabar con la supresión de puestos universitarios; y revertir el recorte de becas, entre otras reivindicaciones.
El Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu ha afirmado que la protesta ya no es legítima, sino que ha adquirido «características de una situación de violencia urbana«.
Bloqueo de centros y enfrentamientos con la Policía
La movilización estudiantil comenzó la pasada semana en la región de París y se ha ido extendiendo por todo el país.
«Protestamos contra las aulas masificadas, contra este Gobierno que (…) no invierte en calefacción, aire acondicionado ni en los salarios de nuestros profesores», ha declarado a la agencia Afp Maëlle, una estudiante de 16 años de Caen (noreste).
«Los jóvenes tenemos que protestar para que nos escuchen; no nos queda otra opción», ha afirmado Lola, estudiante de décimo grado, frente a un instituto bloqueado en Rennes (oeste).
En Lyon, Lille o Pantin (a las afueras de París) ha habido incidentes como la quema de contenedores y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En Nantes se ha registrado un incendio supuestamente intencionado en un instituto..
La Policía ha cargado contra los jóvenes y ha utilizado gas lacrimógeno. El Ministerio de Interior ha informado de que hay 1.949 detenidos y 284 agentes de policía y gendarmes heridos.
En Brest o Burdeos ha habido manifestaciones en las que no se ha informado de incidentes.
En total ha habido 1.027 centros educativos afectados en toda Francia. Decenas de ellos permanecerán cerrados el viernes por precaución y se impartirán clases a distancia.
El Gobierno habla de «violencia urbana»
El primer ministro francés ha movilizado al Gobierno para frenar las protestas. Lecornu ha reunido a su gabinete de crisis y ha pedido que los prefectos (delegados del Gobierno) estén disponibles para gestionar la situación en cada localidad.
El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, ha hablado con los 36 fiscales generales del país y, según informan los medios franceses, ha pedido una «respuesta penal firme».
No obstante, el ministro de Educación, Édouard Geffray, recibirá a representantes de los sindicatos de estudiantes, padres, docentes y otros miembros de la comunidad escolar para intentar calmar los ánimos.
El Gobierno de centro-derecha ha acusado a La Francia Insumisa (LFI, el partido de Jean-Luc Mélenchon, situado a la izquierda) y a grupos de ultraizquierda de estar detrás de las protestas.
Tanto Mélenchon con el principal sindicato estudiantil, la Union Syndicale Lycéenne (USL), lo han negado, aunque el líder de LFI, candidato a las elecciones presidenciales que se celebran dentro de siete meses, sí ha mostrado su apoyo a los estudiantes.
Según un sondeo de Odoxa-Backbone para el diario Le Figaro, el 62 % de los franceses consideran que la movilización de los liceos está justificada.
Mientras tanto, en el suburbio parisino de Saint-Denis, multitudes de jóvenes se congregaron frente a un cordón policial. Un estudiante sostenía un cartel que decía: “¿Podemos explicarnos sin que nos lancen gases lacrimógenos?”.
Los estudiantes han acusado a la policía de emplear tácticas represivas, incluido el uso de gases lacrimógenos.
Un brutal ajuste para rescatar al capital financiero
El detonante de esta jornada de protesta es el plan de ajuste fiscal de 54.000 millones de euros anunciado por el gobierno de Emmanuel Macron. Con el argumento de reducir el déficit por debajo del 5 % del PBI, Macron y su primer ministro, Lecornu, pretenden congelar nuevamente los salarios de los empleados públicos, manteniéndolo inmóvil desde 2023. Esto implica una congelación salarial de facto para millones de trabajadores estatales en medio de una inflación que devora los ingresos populares.
A esto se le suma un ataque directo a las condiciones de vida de la juventud: la congelación de las ayudas de vivienda (APL), el aumento de los precios de los comedores universitarios y el incremento de las tasas de matrícula. Todo para pagar una deuda pública récord que alcanza el 119 % del PBI (3,59 billones de euros), endeudamiento generado por los rescates multimillonarios a los grandes empresarios y el aumento desenfrenado del presupuesto militar.
