Desgraciadamente, más de 50 años después de la muerte del dictador fascista, seguimos sufriendo actitudes y actuaciones de carácter fascista por parte de algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Por Josep Vicent Codonyer Soria.
Parece que la transición democrática pasó de largo para algunos estamentos del Estado y, mientras tanto, los sucesivos gobiernos y sus administraciones continúan mirando hacia otro lado.
Esta falta de depuración ante las actitudes violentas y las expresiones neonazis de algunos agentes contribuye a generar un clima de impunidad y favorece la repetición de actuaciones violentas contra personas indefensas. Lo hemos podido ver en numerosas ocasiones y, más recientemente, en los casos de la profesora jubilada en València o del menor del Barça en Elche.
Estos casos de violencia policial deben ser investigados hasta las últimas consecuencias y deben depurarse las responsabilidades correspondientes. Los agentes que actúan al margen de la legalidad y de los principios democráticos no pueden continuar ejerciendo funciones de protección de la ciudadanía. Si queremos preservar la democracia, no podemos tolerar la impunidad ante la violencia policial ni permitir que aquellos que deberían garantizar los derechos y las libertades sean precisamente quienes los vulneren.
Además, estas actuaciones violentas y desproporcionadas de los cuerpos antidisturbios alimentan el odio y la violencia y generan rabia, frustración e impotencia entre una parte importante de la población. Lejos de contribuir a la convivencia, profundizan la desconfianza hacia las instituciones y hacia los propios cuerpos de seguridad.
Esta violencia tampoco ayuda a cerrar las heridas todavía abiertas de la Guerra Civil y de la posterior dictadura franquista. Las actuaciones cargadas de odio e injusticia solo generan más dolor y resentimiento. Para aquellas personas que, en nuestras familias, hemos sufrido la represión, el miedo, la violencia e incluso el asesinato a manos de un régimen fascista que acabó con la incipiente democracia, la indignación y el sufrimiento son especialmente profundos. Y así de sentida es también nuestra solidaridad con todas las víctimas de la violencia y de la represión.
Por todo ello, y para defender la democracia, el Estado de derecho y la dignidad de los propios cuerpos de seguridad del Estado, desde Intersindical Valenciana exigimos que se investiguen los hechos, se depuren todas las responsabilidades y se apliquen las medidas necesarias para que estas actuaciones no vuelvan a repetirse.
Asimismo, reclamamos la derogación de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como «ley mordaza», porque consideramos que restringe derechos y libertades fundamentales y puede favorecer contextos de impunidad ante actuaciones contrarias a los principios democráticos.
La democracia no se defiende con el miedo ni con la violencia. Se defiende garantizando los derechos, exigiendo responsabilidades y asegurando que nadie, tampoco quien lleva un uniforme, está por encima de la ley.