La siniestralidad en el trabajo repunta hasta mayo: 293 muertes y un calor que no consta en las estadísticas. La vivienda dispara la inflación real por la subida de la electricidad y el gas. El coste de la vida no mejora.
La publicación de las últimas estadísticas del Ministerio de Trabajo confirma 246.401 accidentes con baja, un 1,1% más que en 2025, y rompe dos años de descensos. Los accidentes sin baja, en cambio, descienden un 1,4% (211.889). Hasta mayo de 2026, 293 personas trabajadoras han perdido la vida por accidente laboral: 239 durante la jornada (229 hombres y 10 mujeres) y 54 en el trayecto de ida o vuelta al trabajo (49 hombres y 5 mujeres). A ellas se suman 1.389 accidentes graves en jornada y 344 in itinere. Y es que mayo de 2026 ha sido, según la AEMET, el noveno mayo más cálido desde 1961. Tuvo un episodio de calor extremo en la segunda quincena que dejó 40,5 °C en Sevilla el día 31 y récords históricos de la serie para este mes en observatorios como Badajoz o Santander. Esta primera y temprana ola de calor dejó 101 defunciones en mayo. Es la cifra más alta desde que hay registros. Aumenta la siniestralidad en el trabajo.
La Estadística de Accidentes de Trabajo no dispone de ninguna categoría para la muerte por calor. Laboralmente, el calor extremo no mata como “golpe de calor”. Por eso, la primera causa de muerte en jornada son los infartos y derrames cerebrales. Hubo 100 fallecidos (el 42% de las muertes en jornada), sin que la estadística permita saber cuántos los desencadenó la exposición térmica. Al mismo tiempo, los atrapamientos y amputaciones mortales han pasado de 28 a 41 respecto al mismo periodo del año anterior, un 46% más, en un contexto en el que la fatiga térmica degrada la atención y la coordinación. Mientras la vigilancia sanitaria cuenta 101 muertes por calor sin distinguir quién estaba trabajando, la estadística laboral las disuelve entre los infartos y las “otras causas”. Ni un sistema ni otro contabilizan la muerte térmica laboral. El sistema preventivo español sigue tratando con laxitud a las empresas que incumplen su deber de protección.
Siniestralidad según la situación en el trabajo, sexo, sector y comunidades
Por situación profesional, los asalariados sufrieron 235.522 accidentes con baja (+1,4%), 200.231 de ellos en jornada (+0,9%), con 1.178 graves y 215 mortales. Los trabajadores por cuenta propia registraron 10.879 accidentes con baja (−3,8%) y 10.117 en jornada; sin embargo, sus fallecidos en jornada aumentan de 16 a 24, un 50% más, todos ellos varones. La flexibilidad y falta de regulación en la prevención para autónomos y PYMES deriva en una falsa autonomía que sigue dejando a los autónomos y a sus empleados sin estructura preventiva real.
En cuanto al sexo, el 70% de los accidentes en jornada afectaron a hombres (147.138) y el 30%, a mujeres (63.210). Entre los asalariados, la siniestralidad masculina en jornada apenas varía (+0,2%), mientras que la femenina crece un 2,5%, una brecha que evidencia la falta de perspectiva de género en las evaluaciones de riesgos. Los accidentes in itinere golpean mayoritariamente a mujeres (55%), un desequilibrio que la doble jornada, las exigencias de conciliación y unos planes de movilidad sin perspectiva de género siguen sin abordar.
Por sectores, la industria manufacturera acumula el mayor número de accidentes en jornada con baja (38.527), seguida de la construcción (31.332) y el comercio (24.623). Pero la mortalidad se ceba con la construcción, que suma 71 fallecidos en jornada (el sector más letal, muy por delante del transporte y almacenamiento (35), la industria manufacturera (25) y la agricultura (23)) y presenta además el mayor índice de incidencia, con 435,7 accidentes por cada 100.000 trabajadores al mes y una incidencia mortal de 0,99, frente a la media de 198,7 y 0,23 del conjunto.
Por comunidades autónomas, Andalucía vuelve a encabezar tanto los accidentes en jornada con baja (35.445) como los fallecidos (47). Le siguen en número de muertes Cataluña (34), la Comunidad Valenciana (25) y la Comunidad de Madrid (23), pese a que Madrid concentra más accidentes en términos absolutos (28.277) que la Comunidad Valenciana (21.841). Ceuta y Melilla cerraron el periodo sin fallecidos.
¿Qué dice la norma y qué hacen las empresas?
La norma existe. Igual que la pasividad ante ella. El Real Decreto-ley 4/2023 obliga a las empresas a adaptar jornadas y condiciones ante aviso naranja o rojo de AEMET, sin merma salarial y sin recuperación de horas, en todos los centros (obras, campo, transporte, minería), y se suma el permiso climático de hasta cuatro días retribuidos (art. 37.3.g ET) cuando el fenómeno impide acceder al trabajo. Pero la práctica mayoritaria sigue siendo la inacción: evaluaciones anticuadas sin variable calor, EPIs sin adaptar, jornadas sin modificar, pausas a la sombra inexistentes en mayo, cuando el termómetro ya supera los umbrales y el cuerpo no está aclimatado.
Y si bien es verdad que la reforma de la LPRL incorporará el cambio climático como condición de trabajo, mantiene la paralización de la actividad sujeta a la “apreciación empresarial del riesgo” (art. 21). Entonces, ¿por qué no se prohíben automáticamente los trabajos al aire libre con alerta naranja o roja? ¿Puede una empresa esperar a julio para proteger a su plantilla? ¿De qué sirve un permiso retribuido si la persona trabajadora debe solicitarlo por su cuenta, a menudo sin conocerlo, y la empresa no paraliza preventivamente? La norma existe, pero la decisión de parar sigue recayendo en quien teme por su empleo. Y en muchas ocasiones, es demasiado tarde o el resultado es letal.
La inflación no afloja y la cesta de la compra empeora la vida.
La última nota del INE confirma que la inflación no baja: el IPC se mantiene en el 3,2%, exactamente igual que en mayo. La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, apenas retrocede una décima hasta el 2,9%, mostrando que la presión sobre los precios continúa instalada en la economía. No mejora el coste real de la vida.
El principal problema vuelve a ser la vivienda, que registra una tasa anual del 4,7%, más de tres puntos por encima del mes anterior. Según el INE, “los precios de la electricidad y, en menor medida, del gas, aumentaron con mayor intensidad que en junio de 2025”.
En contraste, el grupo de Transporte reduce su tasa anual hasta el 5,1% por la bajada de los combustibles. Sin embargo, esta caída no debe interpretarse como una mejora estructural: el transporte sigue siendo uno de los sectores con mayor inflación acumulada y extremadamente sensible a cualquier repunte del petróleo. La volatilidad del sector muestra que la economía continúa dependiendo de factores externos que escapan al control interno.
La variación mensual del IPC (+0,6%) también refleja tensiones adicionales: la electricidad vuelve a subir con fuerza, los paquetes turísticos encarecen el ocio y los servicios de alojamiento aumentan sus precios en plena temporada alta. Todo ello indica que la cesta de la compra y los servicios esenciales siguen presionando a los hogares.
Por tanto, las cifras del IPC muestran que la inflación no se explica solo por el índice general, sino por el encarecimiento real de la vida: la cesta de la compra sigue subiendo y los precios de la vivienda vuelven a tensionar el presupuesto de las familias.