La huelga indefinida del profesorado valenciano entra en su cuarta semana marcada por un aumento de la tensión entre la comunidad educativa y la Conselleria de Educación. La falta de avances significativos en la negociación, la creciente frustración de los docentes y los recientes incidentes ocurridos durante las movilizaciones han contribuido a endurecer un conflicto que, lejos de acercarse a una solución, parece enquistarse.
Una agresión policial que enciende la indignación
El episodio que ha marcado el comienzo de esta nueva semana de movilizaciones ha sido la agresión sufrida por una maestra jubilada durante una protesta celebrada en las inmediaciones de la Conselleria de Educación. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo un agente policial empuja violentamente por la espalda a la mujer mientras participaba en una marcha que se desarrollaba de forma pacífica.
La docente cayó al suelo tras el impacto y sufrió diversas lesiones. Según ha anunciado, emprenderá acciones judiciales para exigir responsabilidades por unos hechos que numerosos colectivos consideran injustificables.
La reacción de organizaciones educativas y sindicales no se hizo esperar. Entidades como Escola Valenciana y la Asociación de Direcciones de la Escuela Pública del País Valenciano condenaron públicamente la actuación policial. En un comunicado, esta última organización denunció que «no se puede tolerar que profesionales de la educación, que ejercían legítimamente su derecho a la manifestación, sean objeto de violencia mientras reivindican mejoras para un servicio público esencial».
La agresión ha reforzado la percepción entre muchos docentes de que las administraciones están optando por una estrategia de confrontación en lugar de facilitar espacios reales de negociación.
Desalojos y amenazas de sanción
Tras la movilización, miles de manifestantes se concentraron ante la sede de la Conselleria, un espacio que se ha convertido en símbolo de la resistencia docente durante las últimas semanas. Sin embargo, por primera vez desde el inicio de la huelga, la Policía procedió al desalojo de los manifestantes que permanecían en los accesos principales del edificio.
Paralelamente, tres representantes sindicales de STEPV, CCOO y UGT valoraron la posibilidad de permanecer encerrados en las dependencias de la Conselleria como medida de presión. Finalmente desistieron tras recibir un requerimiento oficial que advertía de posibles consecuencias disciplinarias y penales, incluyendo la eventual inhabilitación para ejercer funciones públicas.
A la salida de la reunión negociadora, los representantes sindicales se encontraron con centenares de docentes que continuaban concentrados durante la madrugada, visiblemente indignados por la actuación policial y por la falta de avances en las conversaciones.
La presión de la calle fuerza nuevas reuniones
La continuidad de las movilizaciones ha sido determinante para mantener abierta la negociación. La reunión celebrada el domingo entre el comité de huelga y el equipo negociador de la Generalitat fue consecuencia directa de la presión ejercida por los docentes durante los días previos.
Los sindicatos denuncian que la propuesta presentada por la Conselleria apenas introduce cambios respecto a planteamientos anteriores. Según las organizaciones convocantes, las medidas presentadas solo abordan parcialmente la reducción de ratios y ofrecen una mejora salarial considerada insuficiente por buena parte del profesorado.
Además, cuestiones fundamentales como la atención a la diversidad, la inclusión educativa, la reducción de la burocracia o la mejora de las plantillas continúan pospuestas a futuras mesas sectoriales sin compromisos concretos.
La fractura sindical beneficia a la Conselleria
Uno de los elementos que más controversia ha generado durante el conflicto ha sido la ruptura de la unidad sindical. Los sindicatos CSIF y ANPE decidieron firmar un acuerdo con la Conselleria que contempla una subida salarial escalonada de 200 euros brutos mensuales hasta 2028 y algunas mejoras organizativas.
La decisión fue rechazada por el resto de organizaciones sindicales y por una amplia parte del profesorado movilizado, que considera insuficientes las medidas acordadas y critica la ausencia de compromisos respecto a las principales reivindicaciones laborales y educativas.
Diversas asambleas docentes han denunciado que este acuerdo debilita la capacidad negociadora del conjunto del profesorado y favorece la estrategia de la administración de dividir al movimiento sindical.
Las críticas se han intensificado tras conocerse que una amplia mayoría de los docentes consultados por la Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valenciano rechazó el acuerdo y se mostró favorable a continuar la huelga indefinida.
Más allá del salario: la defensa de la educación pública
Aunque la cuestión salarial ha ocupado buena parte del debate público, los docentes insisten en que la movilización responde a problemas estructurales mucho más amplios.
Entre las principales reivindicaciones destacan la reducción efectiva de las ratios, el incremento de las plantillas, una mejor atención al alumnado con necesidades específicas y un plan de inversión para modernizar infraestructuras educativas que, según denuncian, acumulan años de abandono.
Profesores de distintos centros educativos señalan que trabajan en aulas masificadas, con importantes dificultades para atender adecuadamente a estudiantes recién incorporados al sistema educativo y con recursos claramente insuficientes para afrontar los retos actuales.
La Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià ha recopilado centenares de fotografías que documentan deficiencias en centros educativos de todo el territorio, desde problemas estructurales hasta carencias en equipamientos básicos.
Una movilización de largo recorrido
Desde la Coordinadora se insiste en que la huelga indefinida nunca se planteó como una medida destinada a obtener resultados inmediatos, sino como una estrategia sostenida para acumular fuerza colectiva y visibilizar el deterioro progresivo de la educación pública.
Los docentes movilizados sostienen que el conflicto trasciende las reivindicaciones laborales y afecta directamente a la calidad del servicio educativo que recibe el alumnado. Por ello, rechazan cualquier intento de presentar las protestas como una cuestión exclusivamente salarial.
Mientras tanto, todas las miradas se dirigen ahora a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), cuya celebración coincide con un momento especialmente delicado del conflicto. La Conselleria ha establecido servicios mínimos del 100 % para el profesorado implicado en su organización, una decisión que los sindicatos consideran una nueva limitación al ejercicio efectivo del derecho de huelga.
Con centenares de dimisiones en equipos directivos, una movilización que mantiene un elevado nivel de seguimiento y una negociación estancada, la comunidad educativa valenciana afronta una semana decisiva en un conflicto que ya se ha convertido en uno de los mayores pulsos educativos de los últimos años en el País Valencià.