El pasado mes de enero llegaron a nuestras costas más de 850 mujeres procedentes de Marruecos; esto es solo un pequeño número de las más de 12.500 trabajadoras que, cada año, vienen a
nuestro país desde distintos puntos del mundo para trabajar en la recogida de frutas y verduras.
España se sitúa como el principal exportador de estos productos dentro de la Unión Europea (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), por lo que el volumen de trabajo es elevado y la necesidad de contratar mano de
obra también.
A pesar de la importancia y el prestigio de nuestra cosecha, España tam-
bién se sitúa a la cabeza respecto al incumplimiento y vulneración siste-
mática de los derechos humanos y laborales de estas trabajadoras, tanto
a las contratadas en España, como a las trabajadoras extranjeras contra-
tadas en sus países de origen.
Los bajos salarios, la falta de descansos, la imposibilidad de acceder al
sistema público de salud por parte de las trabajadoras migrantes, la mani-
pulación y coacción por parte de los patrones y los abusos físicos e incluso
sexuales son alguno de los retos que, temporada tras temporada, afrontan
estas mujeres en nuestro país.
Ante esta problemática, en los últimos años hemos asistido a distintas re-
formas y modificaciones de la normativa legal laboral. Podemos mencionar
la aplicación anual por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migración, en el marco de las disposiciones establecidas por la Ley Orgá-
nica 4/2000, del procedimiento de gestión colectiva de contrataciones enorigen o de la aprobación en septiembre de 2020,del Convenio para la ordenación, coordinación e integración sociolaboral de los flujos migratorios laborales en campañas agrícolas de temporada.
Evidentemente, todas estas medidas resultan insuficientes para hacer frente a la situación real de estas trabajadoras, ya que la patronal y las Empresas
de Trabajo Temporal siguen perpetuando y esquivando la normativa legal vigente.
Sus mecanismos van desde no declarar a todos sus trabajadores para no asumir la subida del SMI, pasando por la contratación irregular que llega incluso a ser el 50%de la plantilla o, incluso, alquilando la documentación de otros trabajadores para enfrentarse a las inspecciones de trabajo.
A pesar de todo esto, los recursos destinados por la inspección de trabajo siguen siendo insuficientes y la explotación laboral que se da dentro del sector no es reconocida dentro del mismo. Por parte de los empresarios es algo normal, y por parte de lostrabajadores, no solo desconocen muchas de las prácticas que con ellos se llevan a cabo, sino que también desconocen sus derechos, los convenios y las leyes que los amparan.
Uno de los territorios con más trabajo temporero en nuestro país es la provincia de Huelva. Allí la presencia de los frutos rojos y la riqueza y exclusividad de los mismos, convierten a la provincia onuben-
se en una de las principales provincias con trabajo temporero de todo el país, sin olvidar que la situación geográfica de esta tierra favorece y facilita la contratación de mano de obra extranjera.
Ver texto completo en: https://cgt.org.es/wp-content/uploads/2022/05/LaBrecha_2_Mayo-22_-Temporeras.pdf
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