Este martes 30 de noviembre, los sindicatos iniciaran la convocatoria de huelga en el sector público en Catalunya, València y Madrid.
Los sindicatos y plataformas sociales de personal interino intensifican esta semana las movilizaciones contra la reforma legislativa que se tramita en el Congreso español.
Reivindican una solución “justa, legal y a coste cero” para el colectivo afectado, que cuantifican en 800.000 personas en todo el Estado español y 20.000 en Aragón. Exigen que este personal, que llevan tres o más años encadenando contratos temporales en la administración, se considere fijo en su puesto, de acuerdo con las normas y jurisprudencia europeas.
Este martes en Zaragoza los sindicatos STEPA, STEA, CGT, SOMOS y CATA y la Plataforma de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza se concentrarán en Zaragoza en la sede del PSOE (Conde Aranda, 138) a las 18.00 horas. Lo harán en apoyo a la convocatoria de huelga convocada en Catalunya, València y Madrid, así como a las movilizaciones previstas en todos los territorios. El jueves 2 a las 10.00 horas, los sindicatos y plataformas lo harán en Madrid ante la sede del Congreso, coincidiendo con el debate y aprobación del denominado “Icetazo”.
Los sindicatos y plataformas de plantillas públicas temporales de las distintas administraciones (locales, territoriales y estatales) de todo el territorio español denuncian que el proyecto de Ley de Medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, conocido como el “Icetazo”, sigue sin transponer la Directiva 1999/70/CE y no cumple las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Consideran “un paso adelante” las últimas enmiendas introducidas por el Gobierno PSOE-Podemos y los grupos de ERC y PNV, que abre la puerta al concurso de méritos como vía para “estabilizar plazas, que no personas”, cuando hayan sido ocupadas de forma ininterrumpida por personal temporal desde el 1 de enero de 2016. Pero denuncian que el propio Tribunal Supremo ha fijado la relación de abuso a partir de los tres años. “Para que los procesos sean acordes a las normas europeas”, inciden desde STEPA, “se debe garantizar que esos procesos se restrinjan realmente a los interinos en fraude de ley y sean de resultado cierto. Además se sigue sin articular un instrumento sancionador equivalente y disuasorio, a la que no llega ni de lejos, la propuesta de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades”.
Los convocantes piden al PSOE y al resto de fuerzas políticas que solucionen de una vez el problema de la temporalidad en las administraciones públicas. “La indefinición llevará a litigios de todo tipo, se van a colapsar los juzgados, se está poniendo en peligro la llegada de los fondos europeos y al final los contribuyentes vamos a tener que asumir las elevadas indemnizaciones a las que van a tener que hacer frente, y lo más importante, la perdida de la calidad de los servicios públicos, cada vez más deficitarios de personal”, señala STEPA.
Propuestas de la CGT:
1) Articular mecanismos que permitan con resultado cierto que los y las trabajadoras obtengan relación de fijeza de personal funcionario de carrera o laboral fijo, o idéntica en derechos.
2) Trasponer los principios de las clausulas 4 y 5 de la Directiva 1999/70/CE y jurisprudencia del TJUE relativas a la prevención, y sanción del abuso de contratación en las Administraciones Públicas.
3) Prevenir nuevos abusos de contratación mediante sanciones e indemnizaciones proporcionadas y disuasorias que recaigan en las Administraciones y no en su personal.
4) Apostar por una defensa sin ambages de los servicios y empresas públicas como garantes del derecho democrático de la inmensa mayoría a recibir y gestionar unos servicios de calidad con garantías laborales dignas para todos los trabajadores y trabajadoras vinculadas a ello.
Para el sindicato anarcosindicalista CGT: «en vista del contenido que se ha conocido hasta ahora del texto que se quiere someter a votación en el pleno del Congreso de los Diputados el próximo día 2 de diciembre, el cual no da cumplimiento en absoluto a los puntos anteriormente mencionados, consideramos que hay motivos más que suficientes para la movilización, para salir a la calle en masa a protestar y, en aquellos territorios donde los entes de la CGT así lo han decidido, para ir a la huelga. La defensa de unos servicios y de un empleo público dignos y de calidad, así lo exigen.»
En la convocatoria de la protesta se denunciará el incumplimiento de la Ley por parte de las administraciones españolas, “que sancionan la contratación temporal abusiva en la empresa privada, pero llevan décadas aplicándola sin ningún rubor al cubrir plazas estructurales con contratos temporales en lugar de fijos, como exige la legislación y la jurisprudencia europea”.
Ante el reiterado llamamiento desde la UE a acabar con este abuso, la única propuesta hasta ahora ha sido convocar oposiciones, un sistema que “ni compensa a las víctimas del abuso ni sanciona a los responsables”, y que puede dejar además en el paro y sin indemnización a miles de personas afectdas.
Por ello, demandan también la paralización de las Ofertas de Empleo Público convocadas “hasta que se realice esa estabilización, para que la plazas afectadas se puedan adaptar a la nueva norma”.
Sindicalismo 