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Antecedentes de la huelga de Cádiz: cientos de demandas en la Inspección por incumplir anteriores convenios

El acuerdo entre sindicatos y patronal que acabó con un paro de nueve días incluye la creación de una Mesa de vigilancia sobre la eventualidad y las horas extras en el sector con la participación de la administración inspectora del Estado.

Publicado por Santiago F. Reviejo en Publico.es

El preacuerdo firmado por los sindicatos CCOO y UGT con la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz (FEMCA), representante de 700 empresas con 22.000 trabajadores, establece en su punto segundo la constitución de una Mesa para el seguimiento de lo acordado y «la vigilancia de las cuestiones referidas a la eventualidad y, en particular, el control horario, las horas extras y el abono de los atrasos». La comisión, que se tendrá que reunir cada tres meses, estará formada por ocho personas, cuatro representantes de la patronal y otros cuatro de las organizaciones sindicales firmantes, y se invitará a participar en ella a Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta, Tesorería de la Seguridad Social y Servicio Público de Empleo Estatal de Empleo (SEPE).

«Es el punto más importante del acuerdo, aunque se hable menos de él», subraya el secretario provincial de Industria de CCOO en Cádiz, Juan Linares. Otras organizaciones, como la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), ya lo habían recalcado durante los días de huelga, que la subida del salario, la firma del nuevo convenio del sector, no era lo prioritario; que lo fundamental era defender los derechos ya adquiridos, lo que ya estaba escrito en convenios anteriores y que muy pocos cumplían en una industria auxiliar formada por pequeñas y medianas empresas con una tasa de eventualidad altísima.

La altísima temporalidad –ni una sola empresa, según CCOO, respeta que como máximo haya un 20% de contratos eventuales en su plantilla-, sumada a un contexto de paro demoledor –el desempleo alcanzó el 27% en esta provincia a principios de año, según la Encuesta de Población Activa- y a una organización laboral marcada por una carga de trabajo muy variable a lo largo de año y dependiente, en muchos casos, de cuándo entran barcos para reparar, han acabado convirtiendo este sector en «una ley de la selva«, dice Linares.

Los trabajadores de la CTM, que empezaron como colectivo y ahora se han constituido en sindicato, han presentado desde 2017 unas 400 demandas ante la Inspección de Trabajo de Cádiz por múltiples motivos: por trabajar 60 horas a la semana, a una media de 11 horas al día, a veces sin descansar ni en domingos cuando hay que acabar como sea la reparación de un barco; por el incumplimiento de los límites de empleo eventual en las plantillas o por sufrir represalias tras haberse negado a hacer más horas extras, una de las cuales puede ser la amenaza de no volver a ser contratado en un sector aquejado de una enorme volatilidad.

A raíz de esas demandas, Inspección de Trabajo ha interpuesto sanciones a una treintena de empresas de la industria auxiliar, según la CTM, que ha declinado facilitar a este periódico el contenido de alguna de esas resoluciones. La cuantía de las multas ha oscilado, dicen, entre los 6.000 y los 12.000 euros, en los casos más graves, con el apercibimiento de imponer una sanción mayor si el infractor reincide.

«Este conflicto se ha creado porque en Cádiz hemos tenido décadas de incumplimiento de los convenios. Ese fue el detonante de esta huelga. ¿De qué te vale firmar el mejor convenio de España, si luego se queda en papel mojado, si no creas el mecanismo para hacer cumplirlo?», se pregunta Jesús Galván, portavoz de la Coordinadora, organización que rechaza el acuerdo que ha puesto fin a la huelga y ha mantenido la convocatoria de paros. Galván se hace también este otro planteamiento: si están trabajando para unos astilleros en los que participa el Estado a través de la SEPI, como es el caso de Navantia o Alestis, y la Inspección de Trabajo forma parte de esa misma Administración del Estado, ¿por qué no se ponen de acuerdo para controlar lo que pasa en esos tajos del metal y vigilar que se cumpla la legislación laboral

La lentitud de la Inspección de Trabajo

CGT, sindicato que tampoco ha desconvocado la huelga, ha presentado también en los últimos años muchas demandas ante la Inspección de Trabajo por la vulneración de la normativa laboral en el sector del metal gaditano, que da empleo a más de 30.000 personas. Sin embargo, según su secretario general regional, Miguel Montenegro, la respuesta de ese órgano inspector, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, deja bastante que desear, por su falta de recursos y por la lentitud de sus intervenciones, propiciada esta última, además, por la reforma laboral del último gobierno del PP que concede un plazo de hasta nueve meses para resolver un expediente.

«Se han denunciado casos de trabajadores a los que la empresa da de baja el fin de semana para no tener que pagarles los días de descanso y que luego les vuelve a dar de alta el lunes, de contratos parciales encadenados con jornadas de doce horas… Es una selva, pero los inspectores llegan tarde y mal, y cuando llegan ya no pueden comprobar lo que has denunciado hace meses, porque a lo mejor el trabajador ya no está ni en la empresa», explica Montenegro.

La última estadística anual publicada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la del año 2019, refleja que Cádiz es, junto a Sevilla, la provincia de Andalucía con mayor número de actuaciones en materia de relaciones laborales: 4.786, que concluyeron con 1.247 requerimientos y 378 infracciones. La memoria anual revela que, a nivel estatal, las infracciones relacionadas con el tiempo de trabajo son las mayoritarias (33%), seguidas de la transgresión de la normativa sobre contratos (26,6%), salarios, recibos y finiquitos (9,69%), convenios colectivos (5,58%), condiciones inferiores de trabajo (4,35%), horas extraordinarias (3,78%) y cesión de trabajadores (3,29%).

En lo que respecta al uso fraudulento de la contratación, Cádiz es la provincia andaluza que registra un mayor número de actuaciones de Inspección de Trabajo en ese año, 1.539, con una cuantía total de las sanciones que rebasa los 90.000 euros, una cantidad de multas superior a las interpuestas en comunidades enteras como Aragón, Asturias, Cantabria o Extremadura.

El primer Gobierno presidido por Pedro Sánchez aprobó en marzo de 2019 un real decreto con medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, con la que se modificó el Estatuto de los Trabajadores para garantizar el control de las horas extras en los centros de trabajo mediante un registro estricto diario del comienzo y final de cada jornada. En la fundamentación de esa reforma legislativa, se explica que la ejecución de un tiempo de trabajo superior a la jornada laboral legal o convencionalmente establecida «incide de manera sustancial en la precarización del mercado de trabajo, al afectar a dos elementos esenciales de la relación laboral: el tiempo de trabajo, con relevante influencia en la vida personal de la persona trabajadora al dificultar la conciliación familiar, y el salario». Y no sólo eso, además tiene una repercusión directa en las cotizaciones de Seguridad Social, «mermadas, al no cotizarse por el salario que correspondería a la jornada realizada» realmente, se añade.

Y en el mismo real decreto se advierte de que, a pesar de que nuestro ordenamiento laboral, en línea con la legislación europea, se ha dotado de normas que permiten cierta flexibilidad horaria para adaptar las necesidades de la empresa a las de la producción y el mercado (distribución irregular de la jornada, jornada a turnos u horas extraordinarias), «esta flexibilidad no se puede confundir con el incumplimiento de las normas sobre jornada máxima y horas extraordinarias».

Según señala este decreto del Gobierno de Pedro Sánchez anterior a la coalición progresista con Unidas Podemos, una de las circunstancias que habían incidido en los problemas del control de la jornada por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y en las dificultades de reclamación por parte de los trabajadores afectados por esa extralimitación horaria, que, a la postre, ha facilitado la realización de jornadas superiores a las legalmente establecidas o convencionalmente pactadas, había sido la ausencia en el Estatuto de los Trabajadores de una obligación clara por parte de la empresa del registro de la jornada laboral.

La situación “sangrante” del astillero de la ciudad de Cádiz

La función de la Mesa que se incluye en el acuerdo que ha puesto fin a la huelga del metal será, según Juan Linares, uno de los firmantes, recabar la información que proporcionen los comités de empresa y los representantes de los trabajadores sobre incumplimientos del convenio, con el fin de trasladársela a la patronal y a los representantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y del resto de organismos de las administraciones públicas a los que se invitará a participar, a fin de que adopten las medidas pertinentes para resolver esas infracciones

En los últimos años CCOO también ha presentado bastantes demandas como sindicato ante Inspección de Trabajo por incumplimientos del convenio en el sector del metal, además de las que han interpuesto trabajadores a título personal. Uno de los casos más sangrantes, asegura esta organización, es el del astillero de la ciudad de Cádiz, donde cuando entra un barco se echan jornadas de doce horas, de siete de la mañana a siete de la tarde, sin descansos semanales. Y eso, además de suponer un incumplimiento de la normativa laboral, acarrea un incremento del riesgo de que se produzcan accidentes en el tajo.

El problema, a juicio de este sindicato, es que la inspección es muy lenta y le faltan medios para cumplir su labor. «Aquí ha habido un incumplimiento por sistema del convenio, sobre todo en el sector naval, que es la ley de la selva en Cádiz. Y no puede estar la gente trabajando de sol a sol, sábados, domingos, todos los días del año. Las barbaridades que aquí se están cometiendo no pueden seguir», subraya su responsable provincial de Industria.

El acuerdo para la creación de la Mesa de vigilancia puede suponer un acicate para la inspección, «para que se ponga las pilas, que parece que aquí en Cádiz las tiene muy gastadas», dice Juan Linares. La pretensión de los sindicatos firmantes del acuerdo es, tal como recoge el documento que puso fin a la huelga, que la Inspección de Trabajo participe en la Mesa. «Sería un suicidio que dijera que no, porque ahora es el caballo del malo, el que llega siempre tarde», advierte el dirigente de Comisiones.

A juicio de este sindicato, el acuerdo firmado la noche del pasado miércoles debe suponer un antes y un después en la historia de la industria del metal de Cádiz, un cambio en el abordaje de las condiciones de trabajo en un sector con una altísima tasa de eventualidad y un aviso para otros gremios que sufren también una gran precariedad. «Aunque el convenio se haya firmado, el vaso sigue lleno», advierte Linares, quien viene a decir que en cualquier momento el vaso podría volver a rebosar, si no se ponen los medios para revertir las causas que espolearon una huelga de nueve días. «Los alcaldes de los ayuntamientos de la provincia, los partidos en el Parlamento, todo el mundo debería hacer una reflexión sobre lo que está pasando aquí, en Cádiz», previene este dirigente sindical.

El secretario regional de CGT pone sobre la mesa otro tema que, a juicio de su sindicato, es fundamental para solucionar los grandes problemas que arrastra la industria gaditana del metal: la equiparación salarial y laboral entre los trabajadores de la industria auxiliar, los que han ido ahora a la huelga por su convenio, y los de las empresas tractoras, Navantia, Airbus, Alestis y Dragados, que tienen el suyo propio cada una. Miguel Montenegro considera que en Cádiz se ha instaurado una doble vara de medir que divide a la clase trabajadora: una con salarios más altos y mejores condiciones laborales, formada por las plantillas de las empresas tractoras, y otra con mucha precariedad y eventualidad, que es la mano de obra de las empresas auxiliares que trabajan para las grandes compañías navales y aeronáuticas, y que constituye, además, el grueso del empleo en el sector del metal de la Bahía, con más de 25.000 trabajadores.

«La ministra de Trabajo debería hablar también de esto y no sólo de las actuaciones de la policía», afirma Montenegro, quien recuerda que CGT convocó la huelga tanto en la industria auxiliar como en las grandes empresas tractoras.

La industria constituye el segundo sector económico más importante de la provincia de Cádiz, después de los servicios. Según el último Informe del Mercado de Trabajo del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), del año 2020, la industria supone el 16,20% del PIB de la economía de esta provincia, 4,38 puntos por encima de lo que representa en toda Andalucía, pero casi similar a la de toda España. Esto la convierte en el enclave industrial más importante de Andalucía, junto al de la aeronáutica en Sevilla, la capital de una comunidad donde la agricultura representa el doble de peso (7,2% del PIB) que el que alcanza el sector agropecuario en la provincia gaditana, un 3,22.

Fabricación de productos básicos de hierro y ferroaleaciones, construcción de barcos y estructuras flotantes, aeronáutica y su maquinaria, fabricación de estructuras metálicas y sus componentes y carpintería metálica son las principales actividades de la industria del metal en Cádiz, que en total da empleo a más de 30.000 trabajadores.

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