Según los datos estadísticos de Interior, entre 2010 y 2019 las delegaciones de Gobierno prohibieron más de 3.000 movilizaciones auspiciadas por sindicatos y comités de empresa. También se impidieron protestas «contra medidas políticas y legislativas» o por «temas nacionalistas». En esas mismas fechas, las autoridades toleraron innumerables actos ultras.
En el Movimiento Católico Español conocen de sobra el procedimiento, y lo cumplen con absoluta tranquilidad. Cada vez que deciden salir a la calle para reivindicar los crímenes de la dictadura, previamente comunican el acto a la Delegación de Gobierno de Madrid. Da igual el partido que esté al frente del Ejecutivo: pese a los antecedentes de sus mítines, las autoridades dejan que todo siga su cauce sin poner pegas de ningún tipo. A día de hoy, la exaltación de la dictadura franquista no encuentra dificultades de ningún tipo en las Delegaciones de Gobierno.
Sin embargo, hay organizaciones que enfrentan una realidad diametralmente opuesta cuando recorren el trámite previo a la celebración de una manifestación. De acuerdo a los datos que figuran en las distintas memorias estadísticas del Ministerio del Interior, las Delegaciones de Gobierno han prohibido durante los últimos años un amplio listado de movilizaciones por cuestiones «laborales» o también «contra medidas políticas y legislativas».
«Gobierne quien gobierne, a las Delegaciones les resulta más fácil prohibir determinado tipo de manifestaciones«, afirma a Público José Muga, abogado del Estudio Jurídico Liria. Según la normativa vigente, quien desee convocar una manifestación debe comunicarlo por escrito a su respectiva Delegación de Gobierno –salvo en Euskadi y Catalunya, donde las competencias de seguridad están transferidas– «con una antelación de diez días como mínimo y treinta como máximo».
En ese escrito de comunicación se hará constar, además de los datos «del organizador u organizadores», el «objeto» de la movilización y el «itinerario proyectado, cuando se prevea la circulación por las vías públicas», así como las «medidas de seguridad previstas por los organizadores o que se soliciten de la autoridad gubernativa».
Del mismo modo, la ley permite «prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario» en caso de considerar que «existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes». «La resolución deberá adoptarse en forma motivada y notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas», explica Interior en el apartado de «servicios al ciudadano» de su página web.
Entre 2010 y 2019 –último año del que existen datos–, las Delegaciones de Gobierno prohibieron 3.699 manifestaciones convocadas por sindicatos y comités de empresa. Así se refleja en las distintas memorias estadísticas anuales de Interior, que no incluyen más datos precisos sobre las razones concretas de esas movilizaciones ni tampoco sobre los motivos exactos que llevaron a impedir su realización.
«Efectivamente, muchas manifestaciones son denegadas. Te encuentras con resoluciones de tipo ‘hay mucho tráfico’ por esa calle, aunque les digas que tienes que ir por ahí porque está el Ministerio de Trabajo», explica Raúl Maíllo, abogado del sindicato CGT. A su juicio, las delegaciones de gobierno «han convertido lo que es una mera comunicación en un régimen de autorización previa«, algo que, en la práctica, supone una dificultad para ejercer el derecho de manifestación.
Asimismo, durante los últimos diez años también se prohibieron 1.202 manifestaciones que tenían como «motivación» protestar «contra medidas políticas y legislativas», un dato que, a criterio del sociólogo navarro Ricardo Feliú, «deja un espacio para la discrecionalidad bastante inquietante. Es un poco siniestro, por decirlo de forma suave».
La misma suerte corrieron otras 291 movilizaciones que, según Interior, habían sido convocadas para pedir la «libertad de presos de grupos terroristas». Los datos estadísticos indican además que se decretó la prohibición de 78 manifestaciones sobre «temas nacionalistas», punto en el que tampoco se ofrecen más datos al respecto. Otras 46 manifestaciones prohibidas entre 2010 y 2019 aparecen catalogadas bajo el título «contra la violencia de género». Hubo además otras 24 prohibiciones de actos por el Primero de Mayo.
Carlos Escaño, responsable de campaña sobre libertad de expresión en Amnistía Internacional, destaca precisamente que «el objeto de la comunicación de una manifestación es para que las autoridades faciliten el ejercicio de ese derecho«. «Sin embargo, en España se ha convertido en una petición encubierta de autorización», advierte.
En total, durante ese periodo fueron prohibidas 8.592 manifestaciones. Además de los sindicatos, entre las entidades convocantes con más prohibiciones acumuladas figuran las categorizadas como «asociaciones ciudadanas» (con 2.556 expedientes contrarios) y «partidos políticos», que suman otras 641 manifestaciones prohibidas. En este último caso tampoco figuran las siglas de las organizaciones concretas que se vieron afectadas.
Fuente: Publico.es
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