Grandes empresas relacionadas con ese sector -bien porque son productoras, bien porque fabrican componentes para las que se dedican a eso, bien porque son grandes consumidoras de electricidad- están poniendo en peligro la firmeza del tejido industrial de la comunidad y, lo más importante, miles de puestos de trabajo tradicionalmente bien remunerados. Las amenazas principales se concentran en seis compañías, radicadas todas en el noroeste de la comunidad, que rondan los dos millares de empleos.
Dos han anunciado que van a cerrar. Otra, lo acaba de hacer. Una más está aplicando un ERTE y el futuro de las otras dos es de lo más incierto.
Así, la última en arrojar un jarro de agua fría sobre los gallegos ha sido Endesa, que ha descartado prolongar la vida de la central térmica de carbón de As Pontes, toda una máquina de producir electricidad a la que pretende echar el cerrojo el próximo verano. El declive del negocio del carbón en los dos últimos años está detrás de esta decisión. La térmica tiene ahora 81 empleados, y algunos más disponibles por si hiciera falta. No serán despedidos, porque la empresa aplica un generoso plan de recolocación, prejubilaciones y bajas incentivadas, pero seguramente sí perderán su puesto 180 trabajadores de subcontratas. En los buenos tiempos, la central contaba con medio millar de operarios directos, y en los últimos años, con casi 200. «Endesa no se va, cambia de modelo de negocio», precisan fuentes de la eléctrica.
Naturgy cerró el verano pasado la otra térmica de carbón gallega: la de Meirama (Cerceda). Cuando eso ocurrió, contaba con 77 trabajadores, que fueron recolocados o enviados a casa con indemnizaciones. En la actualidad quedan en la térmica diez personas. Como en el caso de As Pontes, aunque ya no produzcan electricidad, hay que ir preparando el desmontaje y la demolición de las instalaciones. En uno y otro caso, el principal problema no es tanto la plantilla directa como el empleo auxiliar y la economía del entorno.
El caso más incomprensible -los otros no es lo que sean, pero ofrecen argumentos más o menos creíbles- es el de Siemens Gamesa, que ha anunciado el cierre de la fábrica de palas para aerogeneradores de As Somozas, al lado de As Pontes, con 215 trabajadores, que serán despedidos. Incomprensible porque adopta esta medida en un momento en el que los pocos negocios que van viento en popa son los de las energías renovables. Se están construyendo parques eólicos en todo el mundo a puñados para acelerar el tránsito hacia una economía verde. Y, sin embargo, cierra. El líder mundial en la fabricación de molinos de viento, de capital mayoritario alemán, prefiere producir en Portugal.
Xeal, con plantas en Cee y Dumbría, y 272 trabajadores, ni fabrica componentes para la industria de generación eléctrica ni tampoco produce energía. Pero sí depende de ella, de su precio, porque consume ingentes cantidades. Es una de las industrias electrointensivas gallegas que atraviesan por dificultades por el precio eléctrico, y también por la situación del mercado del acero, su principal cliente, pues elabora ferroaleaciones. Esta compañía, que asumió los activos en la Costa da Morte de Ferroatlántica, está en ERTE desde septiembre, que afecta de media a entre el 10 % y el 15 % de la plantilla, según la información proporcionada por la compañía, ahora en manos de un fondo de inversión estadounidense. El expediente expira en febrero.
Los casos Alcoa
Los dos últimos casos de crisis industrial merecen un aparte especial, pues en ambos desempeña un papel protagonista Alcoa, que quiso cerrar las fábricas de aluminio de A Coruña y de San Cibrao (Cervo), ambas electrointensivas, con casi un millar de empleados afectados. La primera, ahora denominada Alu Ibérica, la vendió a un fondo de inversión y este a un grupo de nombre Riesgo. Cuenta con 315 trabajadores, que llevan un mes en huelga. La garantía de empleo y actividad a la que se comprometieron los compradores acaba el verano que viene. La planta de San Cibrao se encamina también hacia su venta como alternativa al cierre y despido de 524 operarios. Las negociaciones serán, esta vez, con la SEPI.