“Defendemos unos servicios públicos sociales y de calidad que son incompatibles con la privatización, la subcontratación y la precarización a la que nos enfrentamos” inciden desde la organización anarcosindicalista que ponen como ejemplo “el hacinamiento que sufren usuarias y usuarios en algunas líneas, a determinadas horas, al verse reducido el servicio programado para 2019-2020 por los efectos de la COVID-19”, remarcando que “una de las exigencias es que haya un cien por cien del servicio programado”.
Para la Confederación General del Trabajo esta convocatoria “no es por motivos económicos” afirman mientras informan sobre la situación de “7 trabajadores que tenían que haber entrado a trabajar el 23 de marzo, que fueron llamados por la empresa y no fueron contratados, dejando muchos de ellos sus empleos y quedando en la peor de las circunstancias económicas: sin ingresos ni derecho a paro y las mensualidades de la hipoteca venciendo” o “el despropósito de los váteres y la precariedad higiénica que sufren las personas conductoras diariamente, las bolsas de peones acordadas en agosto 2019 o las subcontrataciones y externalizaciones que siguen dándose en esta empresa pública”.
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