En septiembre de 1911, una huelga obrera contra la guerra de Marruecos y las condiciones de vida de la clase trabajadora desencadenó una revuelta que sacudió varias comarcas valencianas. En Cullera, el enfrentamiento entre los huelguistas y una comitiva judicial terminó con tres muertos. La posterior represión, las denuncias de torturas y las condenas a muerte provocaron una campaña que traspasó las fronteras españolas. Aquellos acontecimientos, conocidos como los Sucesos de Cullera, dejaron al descubierto las tensiones sociales de una España donde protestar podía acabar ante un consejo de guerra.
Por Abel García Santos.
Una comarca trabajadora entre la pobreza y la guerra
En 1911, Cullera era una población de unos 13.000 habitantes, muy distinta del municipio turístico actual. Su economía dependía fundamentalmente del cultivo del arroz, de la actividad agrícola y, en menor medida, de la pesca. Los jornaleros y pequeños campesinos vivían pendientes de las cosechas, los salarios y los precios de los alimentos. En toda la Ribera, la crisis arrocera agravaba unas condiciones de vida ya difíciles. El aumento del precio del pan y otros productos básicos, junto con los impuestos de consumos, alimentaba un descontento que iba mucho más allá de una reclamación salarial.
A aquella situación se añadía la guerra de Marruecos. Desde 1909, la movilización de reservistas había provocado una creciente oposición popular. Para miles de familias trabajadoras, el reclutamiento suponía perder uno de sus principales ingresos y enviar a un hijo, un marido o un padre a combatir en una guerra cuyos intereses políticos y económicos les resultaban ajenos. Las posibilidades de eludir el servicio militar mediante mecanismos económicos favorecían a las familias acomodadas. La guerra no pesaba del mismo modo sobre ricos y pobres.
En julio de 1909, esa desigualdad había sido uno de los detonantes de la Semana Trágica de Barcelona. Dos años después, la protesta antimilitarista seguía extendiéndose por los centros industriales y las comarcas agrícolas. En el País Valenciano coincidían el republicanismo popular, el socialismo, las sociedades obreras y un movimiento anarquista que ganaba influencia entre los trabajadores del campo y de la industria.
Septiembre de 1911: la huelga se extiende
Entre el 8 y el 10 de septiembre de 1911, la Confederación Nacional del Trabajo, constituida el año anterior, celebró en Barcelona su primer congreso. El movimiento de septiembre estuvo vinculado a la solidaridad con los trabajadores de Vizcaya, protagonistas de un importante conflicto laboral, y a la oposición al envío de nuevas tropas a Marruecos. El 17 de septiembre, representantes de sociedades obreras se reunieron en València para acordar la extensión de la protesta al día siguiente.
La huelga alcanzó tanto a la capital como a localidades de la Ribera, la Costera, la Safor y otras comarcas. No fue una protesta exclusivamente urbana. Trabajadores agrícolas, jornaleros, artesanos y obreros industriales participaron en un movimiento que reunía reivindicaciones laborales, rechazo a la guerra y oposición a las autoridades locales.
En Carcaixent, los manifestantes levantaron tramos de las vías ferroviarias, interrumpieron comunicaciones y detuvieron trenes que transportaban reclutas. También se produjeron incendios en edificios y archivos municipales. En Alzira hubo ataques contra propiedades vinculadas al poder político local. Xàtiva vivió barricadas y enfrentamientos con las fuerzas militares. En València, el Ejército y la Guardia Civil intervinieron para controlar las calles. La huelga había adquirido en distintas poblaciones un carácter insurreccional, aunque no existió una dirección única ni los acontecimientos se desarrollaron del mismo modo en todos los municipios.
Cullera: la comitiva judicial y tres muertes
La huelga había paralizado buena parte de Cullera el 18 de septiembre de 1911. Los piquetes obstaculizaron el ferrocarril, cortaron comunicaciones e intentaron impedir la salida de reservistas. Fue entonces cuando el juez de instrucción de Sueca, Jacobo López de Rueda, decidió trasladarse al municipio acompañado de funcionarios y otras personas para restablecer la autoridad judicial. La cronología de los enfrentamientos aparece fechada entre el 18 y el 19 de septiembre según las crónicas y las reconstrucciones históricas.
En las inmediaciones de la entrada a la localidad, la comitiva encontró a huelguistas que estaban interviniendo en las vías del tren. El magistrado ordenó detener a dos de ellos, entre quienes se encontraba Juan Jover Corral, conocido como el Xato de Cuqueta. La noticia de las detenciones se extendió rápidamente. Numerosos vecinos rodearon el carruaje exigiendo que los liberaran. Se produjeron agresiones, disparos y una escalada de violencia. Según diversas reconstrucciones, el juez utilizó una pistola contra la multitud.
Parte de la comitiva intentó refugiarse en el Ayuntamiento, pero los enfrentamientos terminaron con la muerte violenta del juez Jacobo López de Rueda, del alguacil Antonio Dolz García y del funcionario judicial Fernando Tomás Pastor, este último a consecuencia de las heridas sufridas. Tres personas habían muerto. La gravedad de los hechos fue utilizada por las autoridades para justificar una intervención militar de gran alcance. Tampoco puede entenderse aquella violencia separada de las circunstancias que habían conducido a la huelga: la guerra, la carestía, los conflictos agrarios y el enfrentamiento con el poder local.
El Ejército ocupa las poblaciones y comienza la represión
Tras los acontecimientos de Cullera, el Gobierno presidido por José Canalejas respondió con medidas excepcionales. Se suspendieron garantías constitucionales y se recurrió al estado de guerra. Las tropas ocuparon poblaciones donde se habían producido disturbios y comenzaron las detenciones. La represión no se limitó a investigar a los responsables directos de las muertes: alcanzó a dirigentes de sociedades obreras, sindicalistas, republicanos y personas vinculadas a las movilizaciones.
Se clausuraron locales asociativos y escuelas racionalistas, mientras los periódicos de oposición sufrieron censura y otras medidas administrativas. La CNT, que apenas había iniciado su desarrollo confederal, entró en una etapa de prohibición y clandestinidad. El conflicto social quedó sometido a la jurisdicción militar. En Cullera hubo numerosas detenciones y 22 hombres fueron procesados por los hechos más graves. Algunos permanecieron incomunicados durante parte de la investigación.
Interrogatorios, denuncias de torturas y justicia militar
Varios detenidos denunciaron golpes y malos tratos durante los interrogatorios y afirmaron que algunas declaraciones habían sido obtenidas mediante coacciones. Los republicanos valencianos desempeñaron un papel destacado en la difusión de las denuncias. Félix Azzati, director del periódico El Pueblo, y otros representantes políticos y jurídicos recogieron testimonios. Se exhibieron prendas manchadas de sangre que los denunciantes presentaron como pruebas de las agresiones sufridas.
Las denuncias tuvieron repercusión en la prensa española y extranjera. El Gobierno ordenó investigaciones y reconocimientos médicos; sus conclusiones oficiales no acreditaron las torturas denunciadas. Los presos y sus defensores, sin embargo, cuestionaron la forma en que se habían realizado las comprobaciones. El asunto ya no consistía solo en determinar responsabilidades por las muertes: también se discutía si podían considerarse válidas confesiones que los acusados aseguraban haber prestado bajo violencia.
El consejo de guerra se celebró en Sueca en diciembre de 1911, en medio de una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad. El fallo impuso durísimas penas. La documentación de la época y buena parte de las investigaciones posteriores recogen siete condenas a muerte, una condena a cadena perpetua y otras largas penas de prisión. Algunas síntesis históricas difieren en el cómputo de penas capitales; la prensa contemporánea y las fuentes que detallan el proceso de indultos documentan siete.
Entre los principales encausados figuraba el Xato de Cuqueta, señalado como uno de los participantes más destacados. El abogado republicano y posteriormente militante anarcosindicalista Eduardo Barriobero tuvo un papel importante en la defensa pública de los presos. La posibilidad de ejecutar a varios trabajadores transformó el proceso en una cuestión política de primer orden.
Una campaña de solidaridad que cruzó las fronteras
Las peticiones de indulto comenzaron a multiplicarse. Organizaciones obreras, republicanos, socialistas, anarquistas y sectores de la opinión pública reclamaron la conmutación de las condenas. A la campaña se incorporaron personalidades de la cultura y la ciencia, como Benito Pérez Galdós y Santiago Ramón y Cajal. Los pintores valencianos Joaquín Sorolla y José Benlliure, así como Antonio Muñoz Degrain, participaron en gestiones para evitar las ejecuciones.
La protesta también llegó a Francia y otros países europeos. La prensa recordó la ejecución de Francisco Ferrer Guardia, fusilado en Barcelona el 13 de octubre de 1909 después de un consejo de guerra cuya legitimidad había sido ampliamente cuestionada. El Gobierno de Canalejas se encontraba ante una situación delicada: había condenado unos hechos de extrema gravedad, pero la ejecución de los acusados amenazaba con desencadenar otra crisis política y diplomática.
El 12 de enero de 1912, el Consejo de Ministros decidió conmutar seis penas de muerte, mientras mantenía la de Juan Jover. La presión pública continuó y el 13 de enero el rey Alfonso XIII conmutó también la pena del Xato de Cuqueta. Canalejas presentó su dimisión, que el monarca no aceptó. Las ejecuciones se evitaron, aunque permanecieron las condenas de prisión y las consecuencias represivas de la huelga.
La huella de Cullera en el movimiento obrero
La conmutación de las penas fue un resultado importante de la movilización solidaria. No significó, sin embargo, la reparación completa de las injusticias denunciadas ni el final del sufrimiento de los encausados. La cárcel, la persecución sindical y el cierre de organizaciones dejaron una huella duradera. La CNT tuvo que reorganizarse en la clandestinidad, mientras la represión afectaba también a familias trabajadoras que no habían participado directamente en los enfrentamientos.
Durante décadas, el relato de los Sucesos de Cullera estuvo dominado por las muertes de los funcionarios judiciales y las condenas posteriores. Aquellas muertes fueron graves y no necesitan ser ocultadas ni justificadas para estudiar las causas del conflicto. Pero contar únicamente el enfrentamiento final significa dejar fuera a los jornaleros, a los reclutas, a las familias empobrecidas y a las organizaciones obreras que habían convertido el malestar social en una huelga.
La historia comenzó mucho antes de que el juez de Sueca subiera al carruaje. Comenzó con trabajadores que apenas podían sostener a sus familias, con una guerra que reclamaba hombres de las clases populares y con unas instituciones que respondían con frecuencia a las protestas mediante el Ejército. Cullera no fue un estallido inexplicable: formó parte de una oleada de movilizaciones obreras que puso en cuestión las condiciones de vida, el reclutamiento militar y el poder de las autoridades.
Aquella huelga terminó convertida en tragedia, represión y procesos judiciales. Pero dejó también una lección histórica sobre la solidaridad: las campañas que salvaron a los condenados de la ejecución demostraron que una sentencia no tenía por qué ser el final de una lucha colectiva.
Fotografía: llegada de los procesados de Cullera a Sueca para el consejo de guerra, 1911. José María Cabedo, publicada en La Hormiga de Oro; archivo de la Biblioteca Nacional de España. Imagen histórica de dominio público.
