El aumento de la productividad en el trabajo durante estas últimas décadas es un hecho innegable. La evolución de los procesos de especialización y tecnificación comporta un mayor valor final de los productos, algo que no solo repercute en los beneficios que los propietarios de las empresas obtienen sobre las horas de trabajo, sino que debe llevarnos a preguntarnos por qué estas tienen que seguir siendo todavía 40 horas semanales.
Por Adrián Zarco Santiveri.
La reivindicación de una disminución de la jornada no es una innovación ni una demanda exclusiva de los anarcosindicalistas. Por un lado, en los años veinte y treinta ya se planteaba como una medida para paliar el desempleo; por otro, la necesidad de una reducción de jornada es compartida por un espectro muy amplio de sindicatos y partidos políticos dentro de la izquierda. Trabajar menos horas al día o alargar el fin de semana son algunas de las ideas que se plantean en este sentido, argumentándose incluso que repercutirían en un aumento de la productividad.
En esta escalada del aumento de los márgenes de beneficios empresariales, mientras las condiciones de vida retroceden, reclamar una reducción de jornada es, en primer lugar, una forma de defender una redistribución de la riqueza: si con nuestras horas de trabajo generamos más valor final al producto (y, por tanto, más ganancias para la empresa), trabajar menos es una exigencia lógica y debería estar entre las demandas de las secciones sindicales y los comités. En octubre de 2024 se consiguió, a raíz de una huelga indefinida, que en la empresa de recogida de residuos y limpieza Secomsa, del Baix Camp, la jornada se redujera a 35 horas semanales.
En segundo lugar, en un contexto de crisis ecosocial y de necesidad de transformar la economía, la reducción de jornada también es más necesaria que nunca. En un horizonte de escasez de energía y recursos, trabajar menos es una solución para garantizar el reparto del trabajo y la reducción del consumo, sobre todo en el ámbito industrial, además de desmaterializar la economía y repercutir en un aumento de la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras.
Lejos de ser una propuesta lógica que la patronal haya acogido de inmediato, la reacción hostil que ha despertado entre amplios sectores empresariales demuestra que es una medida que afecta a los intereses del capital. Ya hemos visto cómo una tímida reducción de jornada a 37 horas y media semanales, cuando ya hay sectores que trabajan esas horas o incluso menos, ha generado grandes dificultades para que esta salga adelante. Por ello, no es una medida tan fácil de conseguir si no se plantea desde la movilización y la presión.
Desde una izquierda parlamentaria, timorata y moderada, no se alcanzarán grandes avances en este sentido, y los pocos que se consigan despertarán —o despiertan— una gran resistencia, en contraste con la modestia de los resultados. Sin embargo, las encuestas muestran cómo la mayor parte de la población es favorable a esta medida, mientras las instituciones se muestran poco eficaces. Así, el ámbito sindical vuelve a ser un garante de derechos reales para la clase trabajadora.
Para hacer efectiva una reducción de jornada hay que establecer este avance desde los centros de trabajo. Si retrocedemos más de cien años, podemos constatar cómo las luchas obreras habían impuesto en diversos oficios la reducción de la jornada antes de 1919. Por el contrario, en muchos centros de trabajo las ocho horas no se implantaron pese al real decreto del 3 de abril de aquel año, que establecía las 48 horas semanales en seis días, porque la desobediencia patronal impidió que la medida se hiciera efectiva. La fuerza de la clase trabajadora organizada fue la garante de la reducción de jornada, antes y después de las medidas legales.
El escenario actual, de aumento de los márgenes de beneficios empresariales, mayor productividad por la tecnificación de los procesos de producción, la popularidad de reducir el tiempo de trabajo y la necesidad ineludible de hacer frente a una crisis ecosocial, sitúa la reducción de la jornada como una reivindicación factible por parte de los sindicatos y sus secciones.