Hay palabras que, de tanto repetirlas, terminan perdiendo su verdadero significado. «Productividad», «flexibilidad», «absentismo», «libertad de elección». Palabras que suenan razonables, incluso modernas, hasta que uno se pregunta qué significan en la vida de quien tiene que fichar cada mañana para llegar a fin de mes.
Por M. Cienfuegos.
En julio de 2025, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo puso por escrito buena parte de sus propuestas en materia laboral y social. No hacía falta demasiado esfuerzo para entender hacia dónde apuntaban. Y desde entonces tampoco han faltado las señales de complicidad entre el PP, la patronal y los grandes intereses económicos.
CEOE, bancos, grandes empresas y capital extranjero saben perfectamente qué tipo de políticas les resultan más cómodas. Y el Partido Popular, allí donde gobierna, ya ha demostrado que está dispuesto a aplicarlas.
No estamos hablando, por tanto, de una discusión teórica ni de un programa guardado en un cajón. En Galicia, Andalucía, Extremadura o la Comunidad Valenciana ya hemos visto recortes en la financiación de las organizaciones sindicales. En el Congreso avanzan iniciativas para modificar las relaciones laborales. Y mientras tanto se intenta convencer a la opinión pública de que el principal problema del mercado de trabajo es que hay trabajadores que faltan demasiado.
Siempre resulta curioso que, cuando llega el momento de hablar de derechos laborales, el foco termine colocado sobre el trabajador.
Nunca parece haber demasiadas preguntas sobre los beneficios empresariales. Sobre los salarios que no alcanzan. Sobre las jornadas interminables. Sobre los contratos precarios. Sobre la falta de personal. Sobre el estrés. Sobre las enfermedades profesionales.
El problema, al parecer, somos nosotros.
Si estás en paro, acepta lo que haya
Una de las propuestas del PP en materia de empleo pasa por endurecer las condiciones para mantener la prestación por desempleo cuando se rechaza una oferta considerada «adecuada».
La expresión parece inocente: empleo adecuado. Pero detrás de esas dos palabras hay una cuestión fundamental. ¿Adecuado para quién?
Para quien tiene una hipoteca, hijos, gastos y una vida organizada en una determinada ciudad, aceptar un trabajo que está dentro de un supuesto «radio razonable» puede significar tener que desplazarse durante horas cada día. Para quien ha trabajado durante años en una profesión concreta, aceptar cualquier puesto porque es lo que hay supone renunciar a su experiencia y a su cualificación. Y para quien cobra una prestación, utilizar esa prestación como mecanismo de presión significa algo muy sencillo: acepta el empleo o pierdes la ayuda.
Así es como se puede terminar convirtiendo un derecho conquistado mediante cotizaciones en una herramienta de disciplinamiento laboral.
Con el Ingreso Mínimo Vital ocurre algo parecido. En lugar de preguntarnos por qué existen trabajadores que, aun teniendo empleo, siguen siendo pobres, se pone el foco sobre las personas que reciben una ayuda.
Pero la cuestión debería ser otra.
¿Por qué trabajar ya no garantiza una vida digna?
Si un trabajador necesita complementar su salario con una prestación para poder sobrevivir, el problema no es el trabajador. El problema es un mercado laboral que permite pagar salarios insuficientes.
Obligar a aceptar cualquier empleo no acaba con la pobreza laboral. Lo que puede hacer es aumentar el número de personas dispuestas a aceptar cualquier condición.
Y eso, evidentemente, beneficia a alguien.
La productividad no puede ser siempre la excusa
Con los salarios ocurre algo parecido.
Feijóo ya manifestó en 2025 su rechazo a nuevas subidas del Salario Mínimo Interprofesional. Y desde el área económica del PP se insiste en una idea que conocemos bien: los salarios deben crecer de acuerdo con la productividad.
De acuerdo. Hablemos entonces de productividad.
Pero hablemos de todo.
Si un trabajador produce más, ¿quién se queda con el incremento de riqueza? Si una empresa obtiene mayores beneficios gracias al aumento de la productividad, ¿qué parte termina en el bolsillo de quienes han generado esa riqueza?
Porque parece que la productividad solo sirve como argumento cuando se trata de explicar por qué no deben subir los salarios. Cuando aumenta el beneficio empresarial, entonces ya encontramos otras razones.
Y hay algo que tampoco conviene olvidar: la reforma laboral del PP de 2012 permitió a las empresas descolgarse de los convenios colectivos en determinadas circunstancias y dejar de aplicar las condiciones salariales pactadas. La reforma laboral de 2021 no eliminó por completo esta posibilidad.
Por eso resulta difícil aceptar el discurso de que todo depende simplemente de la productividad. Los salarios no son una fórmula matemática. Son también el resultado de una relación de fuerzas.
Y cuanto más débil es el trabajador organizado, más fácil resulta que esa relación de fuerzas se incline hacia el empresario.
Nuestro tiempo también les pertenece, según parece
La jornada laboral es otro campo de batalla.
Mientras se plantea reducir la jornada a 37,5 horas, desde la CEOE se ha defendido que España necesitaría jornadas efectivas más largas para alcanzar determinados niveles europeos de productividad.
Y el PP apuesta por fórmulas como la flexibilidad horaria o los bancos de horas.
Otra palabra bonita: flexibilidad.
Pero, de nuevo, hay que preguntar quién tiene realmente la capacidad de decidir.
Porque si la flexibilidad significa que una persona puede organizar mejor su jornada y conciliar su vida familiar, estupendo. Si significa que la empresa puede disponer de las horas del trabajador cuando más le conviene, estamos hablando de otra cosa.
Estamos hablando de que el trabajo vuelve a ocupar el centro de nuestras vidas.
Después de décadas luchando para reducir la jornada laboral, ahora parece que debemos explicar por qué queremos trabajar menos.
La respuesta no debería ser complicada.
Queremos trabajar menos porque la vida no consiste únicamente en trabajar.
Queremos tener tiempo para nuestros hijos, para nuestras parejas, para nuestros amigos, para cuidar a nuestros mayores, para descansar y, sencillamente, para vivir.
La jornada de ocho horas no fue un regalo. Fue una conquista. Y convendría recordar que detrás de cada una de las conquistas laborales que hoy damos por normales hubo trabajadores que tuvieron que luchar por ellas.
Un trabajador solo siempre es más débil
Quizá uno de los aspectos más preocupantes de estas propuestas sea el ataque a la organización colectiva.
En las comunidades donde gobierna el PP junto a Vox se ha reducido la financiación de las organizaciones sindicales mayoritarias. Se puede discutir sobre cómo deben financiarse los sindicatos, por supuesto. Pero también hay que ser honestos: menos recursos significan menos capacidad para asesorar, organizar y defender trabajadores.
Después llega el llamado diálogo social.
El PP ha impulsado en el Congreso una iniciativa para que determinadas reformas del mercado laboral cuenten previamente con el acuerdo de sindicatos y patronal.
Sobre el papel suena razonable. En la práctica, la pregunta es quién sale reforzado cuando una de las partes puede bloquear una reforma.
Porque sindicatos y empresarios no parten de la misma posición.
Un empresario tiene capital, capacidad de organización y poder de decisión sobre la empresa. Un trabajador, individualmente, tiene muy poco margen para negociar.
Por eso existe el sindicato.
Y por eso existen también los sindicatos de empresa.
Pretender eliminar los comités en empresas de menos de 250 trabajadores supondría privar a millones de asalariados de una herramienta básica de representación y defensa colectiva.
Un comité de empresa no es un papel que sobra en una oficina. Es el lugar donde un trabajador puede encontrar apoyo cuando tiene problemas con sus horarios, sus vacaciones, su salario, sus condiciones de seguridad o sus derechos.
Eliminar ese contrapoder solo beneficia a quien ya tiene el poder.
Y llegamos al famoso «absentismo».
Aquí es donde el discurso resulta especialmente peligroso.
Nos quieren convencer de que el problema son los trabajadores que están de baja. Se cuestionan las incapacidades temporales, se pone bajo sospecha al trabajador y se plantea un mayor control sobre las bajas.
Y mientras tanto, dejamos de hacernos las preguntas verdaderamente importantes.
¿Por qué enfermamos trabajando?
¿Por qué hay trabajadores que llegan a casa destrozados después de una jornada?
¿Por qué determinadas profesiones acumulan problemas, ansiedad, depresión y otras enfermedades relacionadas con el trabajo?
¿Por qué seguimos teniendo accidentes laborales mortales?
¿Por qué hay personas que acuden a trabajar enfermas porque tienen miedo de perder su empleo o de ser señaladas?
Es mucho más fácil hablar de absentismo que hablar de las condiciones laborales que provocan enfermedades.
También es más fácil enfrentar al trabajador que está de baja con el compañero que sigue trabajando.
El que fuma contra el que no fuma. El que toma café contra el que no lo toma. El que se coge una baja contra el que aguanta.
Divide y vencerás.
Mientras discutimos entre nosotros, dejamos de mirar hacia arriba.
Dejamos de preguntarnos si hay suficiente personal. Si los turnos son razonables. Si los ritmos de producción son soportables. Si la prevención funciona. Si los servicios sanitarios tienen recursos suficientes.
Y, sobre todo, dejamos de hablar de una cuestión elemental: una persona que está enferma necesita recuperarse, no sentirse culpable por estar enferma.
No es absentismo. Es poder
Al final, todas estas propuestas pueden presentarse por separado como medidas técnicas.
Una para mejorar el empleo. Otra para aumentar la productividad. Otra para flexibilizar horarios. Otra para combatir el absentismo. Otra para modernizar la negociación colectiva.
Pero cuando se colocan todas juntas, aparece una imagen bastante más clara.
Más presión sobre quien está desempleado.
Más dificultades para aumentar salarios.
Más disponibilidad del tiempo del trabajador.
Menos fuerza sindical.
Menos representación en los centros de trabajo.
Y una campaña que pretende convertir al trabajador enfermo en sospechoso.
No creo que sea casualidad.
Durante décadas, la clase trabajadora ha conseguido derechos porque se ha organizado. La jornada de ocho horas, los convenios, las vacaciones, la representación sindical, la prevención de riesgos y tantas otras conquistas no aparecieron porque empresarios y gobiernos decidieran un buen día ser generosos.
Se conquistaron.
Por eso hay que mirar con atención cada vez que alguien nos habla de «flexibilidad», «productividad» o «absentismo» como si fueran conceptos neutrales.
Las palabras no son neutrales cuando detrás de ellas hay intereses.
Y la pregunta que deberíamos hacernos es muy sencilla:
¿Quién gana y quién pierde con cada una de estas reformas?
Si la respuesta vuelve a ser que los trabajadores tenemos que trabajar más, aceptar menos, cobrar menos o estar más disponibles, mientras quienes están arriba conservan sus beneficios y su poder, entonces no estamos ante una modernización del mercado laboral.
Estamos ante lo de siempre.
Que la crisis, los errores de gestión y la búsqueda de mayores beneficios los pague quien vive de su trabajo.
Y frente a eso solo hay una respuesta posible: organización, solidaridad y defensa de los derechos conquistados. Porque cuando un trabajador está solo, es débil. Cuando los trabajadores se organizan, las cosas cambian.