- La defensa presentará un escrito ante la fiscalía por detención ilegal y uso desproporcionado de material antidisturbios contra las movilizaciones de los trabajadores, incluida una tanqueta.
El conflicto del metal en Cádiz sigue coleando mes y medio después del fin de la huelga que mantuvo paralizado durante nueve días el principal sector industrial de la provincia para exigir una subida salarial conforme al IPC. Ahora lo hace en un juzgado de Puerto Real, donde van a declarar entre este miércoles y jueves ocho personas acusadas de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y daños en las movilizaciones de noviembre. La defensa planteará acciones legales por detención ilegal y uso desmedido de material antidisturbios en las protestas, mientras organizaciones sindicales y sociales han convocado manifestaciones en varias ciudades españolas para protestar por lo que consideran una «represión» contra la clase trabajadora.
Ante dicho ejercicio de represión arbitraria que busca asustar a los trabajadores gaditanos, se han convocado distintas manifestaciones de solidaridad en todo el Estado. Se exige tanto la retirada de todos los cargos como la dimisión del subdelegado de gobierno en Cádiz y del ministro de Interior Marlaska.
También se ha fomentado una campaña de apoyo en redes sociales con el hastag #YoTambiénSoyCulpable con el que diversos colectivos y activistas han tratado de dar visibilidad a la represión policial que han sufrido los obreros. Multitud de videos donde personas se “autoinculpan” de haber apoyado la huelga del metal como muestra de solidaridad ante las acciones arbitrarias de la policía del gobierno PSOE-UP. El objetivo de la campaña según la Coordinadora de Trabajadores del Metal es implicarse con los detenidos, que tienen que afrontar juicios por desórdenes públicos, daños y atentados contra la autoridad y “visibilizar a los compañeros que fueron detenidos por apoyar la lucha y la huelga de los trabajadores del metal de Cádiz”.
El acta de una de las detenciones refleja que los hechos que se les imputan sucedieron en Río San Pedro el 22 de noviembre, el día que se inició la segunda semana de huelga con fuertes enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios en las proximidades de centros educativos de la zona, coincidiendo con la entrada del alumnado a los colegios, lo que provocó las protestas de muchos vecinos.
La defensa de los detenidos va a solicitar al juez el archivo de las diligencias, según uno de los abogados, Pedro Castilla, quien alega que los incidentes que se imputan se produjeron en el marco de una huelga que, a nivel provincial, reclamaba no sólo una subida salarial, sino el fin de la precariedad y la temporalidad de los trabajos. Y, más concretamente, que tuvieron su origen en un piquete informativo formado ante las puertas de la factoría de Navantia en Puerto Real, tras lo cual –agrega- se produjo «un uso desproporcionado» de material antidisturbios y un despliegue desmedido de vehículos y fuerzas policiales, incluida una tanqueta, en medio de un barrio y en las proximidades de centros escolares y de personas mayores.
Además, a juicio de este letrado, la detención de los vecinos de Río San Pedro fue ilegal, porque no existía ningún indicio de que fueran a fugarse y desentenderse de una citación para declarar en el juzgado que se podría haber realizado por correo, sin necesidad de llevar a cabo un despliegue policial como el que se hizo para llevarlos a comisaría, ante la presencia de familiares y vecinos, vulnerando el honor y la intimidad de los detenidos. Y prueba de que se podía haber hecho de otra manera es, señala Pedro Castilla, que dos semanas después fueron citados por correo otros dos de los manifestantes que van a declarar ahora en el juzgado.
La defensa letrada está estudiando poner en conocimiento de la fiscalía y adoptar acciones legales tanto por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado durante las movilizaciones de la huelga como por la forma en que se llevó a cabo la detención de los vecinos de Río San Pedro, así como por las «vejaciones y amenazas» que algunos de ellos aseguran que recibieron durante el tiempo que estuvieron retenidos en comisaría el pasado 16 de diciembre.
Otro aspecto que critica duramente el abogado de los detenidos es la filtración que se hizo a algunos medios de comunicación de Cádiz de los antecedentes penales y policiales de alguno de los arrestados. «Nos parece una barbaridad –afirma Pedro Castilla- que supone una violación del honor y la intimidad, con el único interés de desacreditar a los manifestantes detenidos, para crear una opinión pública negativa en torno a ellos».
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