No hay ninguna derogación. En todo caso, retoques que no atacan la situación de indefensión de la clase trabajadora.
Por Marco Antuña Es trabajador de banca y sindicalista de la CSI en Liberbank.
La reforma laboral de 2012, promulgada por un Gobierno del PP con mayoría absoluta, tenía un objetivo central claro y nada disimulado: favorecer los intereses de la gran patronal y aplicar un plan de ajuste neoliberal que permitiera que los despidos masivos, los cierres de empresas y las deslocalizaciones fueran más baratos y más fáciles de realizar.
Quienes tuvimos que pelear, con mayor o menor fortuna, contra los ERES llevados a cabo desde ese cambio legislativo, pudimos comprobar cómo, en la práctica, gracias a esa ley, las empresas podían aplicar todo tipo de medidas sin que tuvieran que demostrar su necesidad para la continuación de la actividad.
Previamente a la reforma laboral de 2012, los ERES, para ser aplicados, debían de contar con la autorización de la Dirección de Trabajo, previo informe preceptivo de la Inspección de Trabajo.
Después de dicha reforma, las empresas pueden aplicar todo tipo de medidas incluyendo despidos colectivos con el simple requisito de cumplir los plazos y las formalidades del proceso de negociación.
Si, además, cuentan con la firma de la mayoría sindical, como lamentablemente ha ocurrido en casi todos los ERES promovidos al amparo de la reforma laboral del PP, la pelea legal contra esos despidos colectivos o contra el cierre de empresas se hace entre muy difícil y sencillamente imposible.
En el mejor de los casos, las sentencias sobre las demandas contra los ERES se retrasan meses y, contando con los recursos que las empresas presentan ante instancias superiores en caso de que un tribunal anule los despidos, pueden suponer años y, en algunos casos, el desmantelamiento de la empresa en ese periodo de tiempo hace imposible la vuelta al en el caso de que así lo determinase la sentencia final.
El hecho de que la reforma que se ha pactado con la patronal y CCOO y UGT no haga ninguna modificación tanto del procedimiento de los ERES como del abaratamiento del despido que supuso la reforma laboral de 2012 significa que el principal propósito de esa medida de ajuste neoliberal, despedir más barato y con más facilidad, sigue vigente.
Por mucho que los cambios en lo referente a las modalidades de contratos y a la ultraactividad de los convenios se puedan valorar como positivos, a la espera de su aplicación real, no era eso lo prometido en su momento y hasta escasas fechas.
No hay ninguna derogación de la reforma laboral del PP.
En todo caso, retoques que no atacan la situación de indefensión de la clase obrera que esa reforma (sumada a las que en su día llevó a cabo el PSOE) acentúo en extremo.
Al margen de lo que suceda en su trámite parlamentario, parece claro que calificar de hecho histórico para los trabajadores este cambio legislativo, constituye, como mínimo, un exceso retórico que no se corresponde con la realidad.
Una oportunidad histórica para revertir el retroceso permanente en los derechos de los trabajadores que se ha desperdiciado, en todo caso.
Y un blanqueamiento de la reforma laboral de Rajoy que, en su mayoría y en sus partes más importantes, queda tal cual.
Por algo el representante de la patronal, asesorado por los mismos gabinetes de abogados que urdieron el entramado legal de la reforma laboral de Rajoy, ha dado su visto bueno.
Aunque pueda resultar un tanto desagradable disentir de ese clima de buenismo navideño que pretende convertir la vieja y perenne lucha de clases (que sigue siendo el motor de la historia) en un recuerdo de tiempos pasados, todo parece indicar que, salvo que dicho representante patronal haya cambiado de bando, cosa muy dudosa, su defensa de esta nueva reforma como preservadora del espíritu de la de 2012 debería hacer innecesaria la demostración de su carácter nocivo para los trabajadores.
Y también por algo los directivos de CCOO y UGT, en ese extraño papel de agentes sociales (quiera decir esto lo que quiera decir) en el que tan a gusto se sienten están de acuerdo, una vez más, con la patronal.
Como lo estuvieron a la hora de aplicar esa reforma laboral del PP a sus propios trabajadores y lo estuvieron a la hora de firmar los ERES promovidos al amparo de esa ley, salvo honrosas y hermosas excepciones, que también las hubo, afortunadamente.
Lamentablemente, más allá de los discursos entusiastas, la realidad es tozuda y obstinada y esta estrategia de cambiar muy poco para que nada cambie resulta un fraude para la clase obrera.
Y que cuente con esa extraña (o no tanto) coincidencia de intereses entre patronal y algunos sindicatos no hace que una reforma que deja intacta la parte más sustancial y más perjudicial para los trabajadores de la reforma laboral de 2012 constituya un avance para la nuestra clase.
Sean cuales sean las siglas o las personas que la promueven.
En todo caso, a seguir en la pelea, que ningún corderito se salvó balando.
Sindicalismo 