Ciento setenta y cuatro días de huelga. Cerca de seis meses es el tiempo que llevan sin ir a trabajar la mayoría de los operarios de Vulcanizados Zuloaga, una empresa de Zaratamo con más de 40 empleados que realiza piezas de automoción. No secunda la movilización el personal de oficina.
Y aunque el tiempo pesa en sus rostros, no tienen intención de rendirse y dejar a un lado su reivindicación. «Lo seguimos repitiendo. No queremos que la empresa se vaya a pique, queremos trabajar aquí, pero con unas mínimas condiciones dignas» reclaman. «Muchos de nosotros llevamos más de dos décadas al pie del cañón, ya es momento de revalorizar nuestros puestos», explica Edu Jiménez, uno de los empleados.
De momento, no parece que la situación tenga visos de mejorar. El conflicto laboral está estancado en los tribunales y será un juez el que decida quién tiene la razón. El pasado 30 de noviembre se iba a celebrar el juicio, pero la fecha se ha pospuesto a «enero», después de que el sindicato ELA, que ostenta el 100% de la representación sindical, haya ampliado la denuncia inicial por «vulneración del derecho fundamental de huelga». El tribunal necesitaba mayor plazo para avisar a las partes implicadas en el procedimiento laboral.
«Entendemos que no es legal que hagan otras personas por nosotros nuestro trabajo, se ha hecho primero dentro de la empresa por parte de los empleados de oficina y ahora se está derivando a una empresa de Gipuzkoa», sostiene la central. Y en esta línea, censuran que «siempre sucede la misma historia cada vez que una empresa quiere firmar unas condiciones propias».
La fábrica de Zaratamo se rige actualmente por el convenio estatal de Química, lo que supone que los empleados ganan «poco más de 1.000 euros al mes con el plus de nocturnidad incluido». La empresa, por su parte, prefiere no hacer declaraciones ni valorar las acusaciones.
Mientras, los propios operarios lamentan que son «los grandes perjudicados», muchos de ellos están en una edad complicada para volver al mercado laboral y encontrar un nuevo empleo. «Es una situación muy dura», reconocen. «Económicamente estamos cobrando la caja de resistencia de ELA que nos permite mantenernos y aguantar, pero estamos perdiendo dinero, no tenemos pagas ni cotizamos», comenta Jiménez.
Lamentan que «la empresa está cerrada en banda, no lo entendemos. Facturan más de 6 millones de euros al año y en 2020 hubo beneficios de 400.000 euros, ha comprado un pabellón en Lemoa y aún así nos querían mandar a un ERE», añade este empleado.
Agotamiento
El cansancio mental hace mella. «Es cierto que tenemos malos momentos, pero la gente está convencida de lo que estamos haciendo. No es una situación fácil, pero seguimos con ganas», recuerda. De momento, mantienen concentraciones de 7 de la mañana a 7 de la tarde frente a la fábrica y también se están desplazando a Andoain, donde está la sede de la empresa subcontratada para realizar el trabajo que ellos no hacen.
Otro trabajador que prefiere no desvelar su identidad, tiene sus esperanzas puestas en los jueces, después de que «nadie» se haya preocupado por ellos. «No sabemos por dónde va a salir la situación y no entendemos que no se sienten a negociar por esa birria de dinero que solicitamos», lamenta. «Tampoco entendemos la actitud tan agresiva» de la empresa cuando está «saneada y es gracias a nosotros», manifiesta.
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