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Comunicado Sindical

El colapso en los trámites administrativos provoca graves problemas en sectores vulnerables

El ingente incremento en la gestión de trámites en algunas administraciones públicas está provocando el colapso en servicios que actualmente se encuentran desbordados y en los que es una odisea poder obtener cita previa.

Pese al esfuerzo que vienen realizando todos los empleados públicos, que se encuentran plenamente incorporados al trabajo presencial o telemático, en la administraciones [encargadas de tramitar los expedientes relacionados con los ERTES; con el ingreso mínimo vital; con prestaciones económicas para hacer frente al cese de actividad debido a la pandemia; con prestaciones económicas de emergencia social; con los trámites derivados de permisos de residencia y trabajo, etc.] los retrasos son generalizados.

Lo cierto es que en algunas administraciones las citas previas para realizar las gestiones y/u obtener los certificados necesarios para su tramitación no se consiguen a tiempo para cumplir los plazos establecidos. En el caso de la Seguridad Social, si bien es cierto que el dispositivo de gestión on-line a través de la página web ha posibilitado el acceso de solicitudes telemáticas, también es cierto que este canal no puede absorber el grueso de la gestión que requiere esta administración en su relación con la ciudadanía.

Aunque se ha incremento el volumen de trabajo no se ha aumentado el personal necesario para atenderlo, además, muchas personas carecen de conocimientos para comunicarse telemáticamente con la administración.

Por todo ello, CCOO considera imprescindible una vía que garantice la atención presencial a todas aquellas personas que lo requieran y un refuerzo urgente del personal de las diferentes administraciones. “Nos estamos encontrando con situaciones como la de los expedientes del Ingreso Mínimo Vital, cuyos plazos se han más que duplicado. Existen serias dificultades para  que la ciudadanía pueda contactar con este servicio público, ya que no pueden ser atendidos sin cita previa, y a quienes se remite sistemáticamente a una línea 900 saturada y un canal on-line que muchas personas tienen dificultad para utilizar” denuncian.

La saturación de esta administración también afecta a las solicitudes de pago directo de IT, como por ejemplo le sucedió a un trabajador que, estando de baja médica, finalizó su contrato y pasó a situación de desempleo en septiembre y, a fecha de hoy, aún no se ha resuelto su expediente con el consiguiente retraso en el cobro de su prestación.  

Los Servicios Públicos de Empleo (SEPE) están teniendo también serios problemas para resolver las demandas y solicitudes de los trabajadores y trabajadoras por el incremento exponencial de la carga de trabajo a causa de los ERTE y el subsidio para personas empleadas en el hogar y por la falta de recursos e infraestructuras.

La celeridad en el diseño de las medidas políticas contrasta con la total ausencia de una estrategia para la gestión de más de cinco millones de solicitudes y la falta de previsión con la que se han puesto en marcha las medidas sociales para la protección de las trabajadoras y los trabajadores.

Respecto a las oficinas de extranjería resulta prácticamente imposible conseguir cita para tramitar la documentación de renovación y de regularización debido a la falta de recursos y nos encontramos con personas que tienen resuelto favorablemente el expediente y no logran conseguir cita para que les tomen la huellas dactilares, con lo cual, no pueden renovar su permiso de residencia y trabajo. 

Además, se estan dando serias dificultades para respetar los plazos en las tramitaciones de algunas gestiones o prestaciones por no conseguir a tiempo la documentación requerida para su tramitación, como por ejemplo los certificados de empadromaniento necesarios para algunos tramites. 

En definitiva, nos encontramos ante una falta de previsión en la gestión de los servicios públicos que ha destapado las graves deficiencias existentes de personal y de medios que puede poner en riesgo la calidad en la atención al ciudadano y por tanto en que las medidas de choque, frente a la crisis desatada por la COVID19, no lleguen de manera adecuada al conjunto de la ciudadanía. 

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