CEOE y CEPYME han endurecido este 6 de octubre su respuesta a la huelga general de 24 horas por la vivienda que preparan CCOO, UGT y CGT junto al movimiento de inquilinas. Antonio Garamendi cuestiona su naturaleza laboral, introduce el contexto electoral en la discusión y sostiene que las empresas no deberían asumir las consecuencias de una protesta dirigida principalmente contra las políticas públicas. Los sindicatos responden situando salarios, alquileres y poder adquisitivo dentro del mismo conflicto.
Garamendi: «Todos sabemos que no es un tema laboral»
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha reconocido que existe un problema real con la vivienda, pero sostiene que su origen debe buscarse fundamentalmente en las políticas desarrolladas durante los últimos años y no en las empresas. La patronal considera que las reivindicaciones persiguen principalmente cambios legislativos y presupuestarios y rechaza que la actividad empresarial tenga que convertirse en el instrumento utilizado para presionar a las administraciones.
CEOE y CEPYME califican de «inadmisible» trasladar las consecuencias de esta movilización a empresas y trabajadores. Para Garamendi, los sindicatos están intentando introducir un componente laboral en una protesta cuyo origen, según su interpretación, se encuentra fuera de las relaciones entre empresas y plantillas.
La patronal introduce las elecciones en el conflicto
La proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre ha añadido otro elemento a la discusión. Garamendi considera que la convocatoria presenta un componente político y electoral y ha llegado a afirmar que «parece que está montada una huelga general contra la oposición, no contra el Gobierno».
CEOE y CEPYME consideran «difícilmente justificable» utilizar la actividad de las empresas como instrumento de presión durante un proceso electoral. Las organizaciones empresariales apelan al diálogo social y sostienen que las relaciones laborales deberían mantenerse alejadas de la confrontación electoral.
Los sindicatos, por su parte, defienden la autonomía de la convocatoria y relacionan el paro con el deterioro del poder adquisitivo y las dificultades crecientes para acceder a una vivienda.
La huelga no ha sido declarada ilegal
Aunque el debate sobre la legalidad está ocupando buena parte de las declaraciones, existe una diferencia importante entre cuestionar jurídicamente una convocatoria y que esta haya sido declarada ilegal.
La huelga todavía no tiene una fecha definitivamente cerrada ni se ha presentado el correspondiente preaviso con todos sus objetivos y condiciones. CEOE y CEPYME han anunciado que estudiarán su encaje jurídico cuando conozcan formalmente esos elementos.
Por tanto, actualmente no existe ninguna resolución judicial que haya declarado ilegal la huelga. Existe una posición de la patronal cuestionando que sus objetivos puedan justificar una huelga general y anunciando que analizará jurídicamente la convocatoria cuando se formalice.
CCOO: «Un sindicato negocia condiciones de trabajo y de vida»
CCOO ha respondido directamente al argumento empresarial. Su secretario general, Unai Sordo, ha defendido que «un sindicato negocia condiciones de trabajo y de vida», vinculando el acceso a una vivienda con los salarios y la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
La posición de CCOO es que resulta difícil separar ambos problemas cuando una parte cada vez mayor de los ingresos familiares debe destinarse al alquiler o a la hipoteca. El sindicato relaciona además el conflicto con la negociación colectiva y con la necesidad de conseguir incrementos salariales suficientes.
CCOO y UGT plantean una huelga general de 24 horas durante este otoño. La intención es acordar la fecha definitiva con el movimiento de inquilinas y el resto de organizaciones participantes.
CGT ya había apostado por las 24 horas
La incorporación de las dos centrales mayoritarias se produjo después de que CGT asumiera públicamente la necesidad de una huelga general de 24 horas por la vivienda.
Tras finalizar el XX Congreso Confederal de CGT en Parla, Miguel Fadrique situó la convocatoria entre las primeras cuestiones que debía afrontar la organización. El secretario general defendió sentarse con los sindicatos de inquilinas y los movimientos sociales para concretar una fecha independientemente del resultado que hubiera tenido la elección interna.
Fadrique fue además explícito respecto a la duración del paro: «Medidas inferiores a esa no creo que sirvan para mucho».
Para CGT, la vivienda no puede desligarse del encarecimiento general de la vida y de la situación económica de la clase trabajadora. Su posición es llevar el conflicto desde las movilizaciones sociales hasta los centros de trabajo mediante una jornada completa de huelga.
El Sindicato de Inquilinas empujó primero
La secuencia resulta importante para entender cómo se ha llegado hasta aquí. La propuesta no nació inicialmente de las grandes centrales sindicales. Fueron las organizaciones de inquilinas las que empezaron a plantear la necesidad de convertir las movilizaciones por la vivienda en una huelga general.
Alicia Del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, aseguró antes de la incorporación de CCOO y UGT que «la huelga va a seguir», señalando que ya existían acuerdos con CGT y con organizaciones del sindicalismo combativo.
El objetivo declarado era ampliar progresivamente los apoyos hasta conseguir la incorporación de las principales centrales sindicales. CCOO y UGT terminaron dando el paso y el escenario cambió considerablemente: una propuesta surgida desde el movimiento por la vivienda pasaba a contar con organizaciones sindicales con presencia en miles de empresas.
Dos interpretaciones enfrentadas
El debate empieza a definirse alrededor de dos posiciones claramente diferentes. La patronal considera que las políticas de vivienda corresponden fundamentalmente a los poderes públicos y rechaza trasladar sus consecuencias a las empresas mediante una huelga.
Los sindicatos responden que la frontera no resulta tan sencilla. Argumentan que cuando el alquiler absorbe una parte importante de una nómina, el acceso a la vivienda termina afectando directamente al salario real y al poder adquisitivo.
A ello se añade la negociación colectiva. CCOO y UGT quieren relacionar la convocatoria con la mejora salarial y los convenios, mientras CGT introduce además la carestía general de la vida dentro del conflicto.
La batalla empieza antes de conocer la fecha
La huelga todavía tiene que concretarse, pero las posiciones están cada vez más definidas. El Sindicato de Inquilinas impulsó la propuesta; CGT apostó por una huelga completa de 24 horas; CCOO y UGT han decidido incorporarse; y CEOE y CEPYME anuncian que examinarán jurídicamente la convocatoria mientras cuestionan su naturaleza laboral.
La siguiente decisión será probablemente la más importante: fijar la fecha y concretar formalmente las reivindicaciones.
A partir de ese momento dejará de discutirse solamente sobre una posible huelga. Comenzará la batalla por organizarla en los centros de trabajo y, previsiblemente, también la discusión jurídica sobre sus objetivos.
La crisis de la vivienda ha dejado así de ser únicamente una protesta en las calles. Ha entrado de lleno en el terreno sindical.
