Los sindicatos Intersindical Valenciana, CGT, CNT y COS convocan para este 29 de mayo una huelga general en todo el País Valencià para «exigir responsabilidades penales por la negligencia que puso fin a la vida de centenares de personas trabajadoras, reparación y justicia para las víctimas de la DANA».
Las organizaciones sindicales, que quieren rendir un sentido homenaje «a las personas que perdieron la vida en su puesto de trabajo o in itínere, a la vez que visibilizar la situación de riesgo en que se vieron rodeadas las personas trabajadoras, muchas de las cuales todavía sufren la precarización laboral a consecuencia de la negligencia y pésima gestión», convocan la jornada de huelga general con las demandas de la reducción de la jornada laboral, la recuperación del poder adquisitivo en los salarios y unos servicios públicos reforzados.
Así mismo, más de 200 entidades sociales y cívicas y organizaciones políticas se suman a la convocatoria, junto con las asociaciones de víctimas de las inundaciones, los comités locales de emergencia y reconstrucción (CLER) y el Acord Social Valencià, convocando también a una nueva manifestación unitaria para reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat Carlos Mazón. La séptima gran movilización en siete meses para exigir responsabilidades sobre la gestión de la gota fría que causó la muerte de 228 personas.
En un comunicado los sindicatos convocantes denuncian que «siete meses después, el marco institucional todavía es desolador: contratos de reconstrucción asignados a dedo a empresas manchadas por la corrupción, reducción de servicios esenciales o ayudas que son insuficientes o que, incluso, no llegan».
Hay que recordar que tan solo un mes después de la catástrofe de la gota fría el gobierno de Carlos Mazón adjudicaba con 75 millones de euros para reparar los daños causados a empresas beneficiarias vinculadas a casos de corrupción. Entre ellas Becsa S.A., de la cual el administrador único es Gabriel Alberto Batalla Reigada, condenado por la trama Gürtel. O el caso también de Pavasal S.A y Pavagua Ambiental S.L.U., las dos vinculadas al caso Taula, y que han visto desde el principio como se las adjudica contratos millonarios por 5,7 millones de euros para la reconstrucción.
Por otro lado, los sindicatos convocantes señalan que han solicitado formalmente reuniones con las direcciones de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para debatir las reivindicaciones y presionarlos a tomar posición, todo sin respuesta. La política de la burocracia sindical de CCOO y UGT ha pasado desde el primero momento por permanecer pasivas ante la situación, negándose, durante los peores momentos, a impulsar iniciativas desde las fábricas y empresas, y no situarse al frente de la organización de las medidas de lucha para exigir responsabilidades políticas y patronales ante la crisis de la dana a expensas de las grandes empresas.
Una posición, la de las direcciones de los grandes sindicatos, que está en línea con la sumisión al gobierno del PSOE y Sumar y la responsabilidad que sobre él recae también en cuanto a la crisis de la nefasta gestión de la dana. Y es que la responsabilidad del gobierno «progresista» va más allá de los hechos que demuestran que a nivel estatal había conocimiento desde el mismo día de la gota fría y la correspondiente no actuación por parte del gobierno del PSOE y Sumar ante la magnitud de la situación.
La primera medida a tomar era la paralización inmediata de toda actividad no esencial desde la mañana cuando se tuvo constancia del nivel de alarma de la Aemet y esto no se planteó desde ninguna instancia institucional ni autonómica ni, por supuesto, tampoco estatal. Lo que prevaleció fue la preservación de los beneficios de la patronal, y en esto colaboraron desde el minuto cero los gobiernos de Carlos Mazón y de Pedro Sánchez, con la complicidad de las direcciones de los grandes sindicatos.
De hecho, los sindicatos convocantes destacan que esta huelga general nace de la creación de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) en los municipios golpeados por la dana, y que ahora impulsan la construcción de un Acord Social Valencià. Un espacio en el que dicen «tienen que estar todos los sectores que están siendo agredidos por las políticas genocidas: también en defensa del territorio, hasta los colectivos migrantes, por la vivienda o por los derechos lingüísticos».
La convocatoria de la huelga general coincide también en un contexto en el que tanto Sánchez como Mazón están intentando aproximarse a las asociaciones de las víctimas de la gota fría, para tratar de mejorar la imagen, aunque estas reuniones lleguen siete tarde, nada más y nada menos. Mientras, las investigaciones judiciales sobre la gestión de la crisis siguen su curso, dejando de manifiesto en algunos informes la «grave inactividad» del gobierno autonómico en los primeros momentos de la catástrofe. No obstante, poco se puede esperar del poder judicial que mantiene mil y un vínculos con la casta política capitalista.
Sin duda, la convocatoria de la huelga general en el conjunto del País Valencià puede no solo profundizar en la grave crisis política que atraviesa el gobierno de la Generalitat Valenciana, sino que a través de la movilización popular se pueda imponer la lucha para avanzar en el juicio y castigo de todos los responsables.
Pero esto no puede quedar en manos de una juez sino que es necesaria la conformación de una comisión de investigación independiente, encabezada por los propios afectados, junto a las organizaciones de trabajadores y profesionales que pueda esclarecer los hechos y depurar las responsabilidades políticas y patronales de este crimen social capitalista. Una cuestión que va en la línea de lo que exigen desde las entidades convocantes al decir que «exigimos comisiones de investigación con la participación directa y real de la ciudadanía. El pueblo valenciano no puede esperar más».
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