El Consejo de Europa critica que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana no se adapta «plenamente» a las normas europeas e internacionales de derechos humanos. Esta carta dirigida al Congreso y Senado español se ha hecho pública un día antes de que se reúna la Ponencia de la Comisión de Interior en el Congreso para abordar los principales acuerdos de la reforma.
En la carta publicada este lunes, 14 de febrero, la Comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatović, pide al Parlamento español que garantice que la revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 (“Ley Mordaza”) se utilice como una oportunidad para adaptarla plenamente a las normas europeas e internacionales de derechos humanos, en particular en lo que respecta a las disposiciones que afectan a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, al derecho a solicitar asilo y al principio de no devolución.
El texto del Consejo Europeo subraya que la actual reforma debe abordar las preocupaciones que expresó sobre esta Ley en noviembre de 2018, así como las expresadas por la Comisión de Venecia y los relatores especiales de las Naciones Unidas en 2021. En particular, se señala el amplio margen de discrecionalidad que la redacción de la Ley otorga a las fuerzas del orden para interpretarla, lo que permite su potencial aplicación desproporcionada y arbitraria. Señala además que la aplicación de la Ley ha seguido dando lugar a la imposición de sanciones por motivos poco claros.
El Consejo de Europa destaca también la dificultad de recurrir las sanciones administrativas impuestas en base a la Ley y la necesidad de reforzar el marco general de responsabilidad de los funcionarios y funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley.
Por último, se pide que se introduzcan garantías claras contra la devolución, así como contra las expulsiones colectivas, respetando el derecho a solicitar asilo y el derecho a la tutela judicial efectiva, independientemente de la forma en que las personas lleguen a territorio español.
Este posicionamiento europeo se produce apenas 24 horas después de que la plataforma No Somos Delito convocara este 13 de febrero a colectivos de todo el Estado a manifestaciones en rechazo a la reforma planteada desde el Congreso para cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana.
Entre los más de cien colectivos que se sumaron a esta convocatoria se encuentran entidades como Ecologistas en Acción, Amnistía Internacional, Defender A Quien Defiende (DQD), Greenpeace, Confederación General del Trabajo (CGT), Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), Red ACOGE, además de asambleas y colectivos del 15M como la Comisión Legal Sol, Yay@flautas o Marea Granate, entre otras muchas. Colectivos que llevan años denunciando y reportando junto a la Plataforma No Somos Delito que la Ley de Seguridad Ciudadana vulnera derechos y libertades fundamentales.
La nueva reforma
Las demandas expresadas por el Consejo Europa coinciden con las demandas de la Plataforma No Somos Delito.
El Consejo señala que la actual reforma no incluye cambios a las disposiciones de la Ley que han tenido un impacto más perjudicial en el disfrute de los derechos de la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica.
También dice que no modifica las disposiciones que regulan las sanciones por motivos como la resistencia o desobediencia a los agentes de policía (artículo 36.6) y la falta de respeto o consideración a los agentes de policía (artículo 37.4), las cuales han sido impuestas de forma amplia en contexto de protesta vulnerando el derecho a la libertad de manifestación pacífica.
Continúa con la amplia e imprecisa redacción de la Ley en su conjunto, que sigue dando un amplio margen de discrecionalidad a las fuerzas de seguridad a la hora de interpretarla y permite su posible aplicación desproporcionada y arbitraria.
“Debe reforzarse el marco general de fiscalización y rendición de cuentas de las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, señala la plataforma No Somos Delito. Además, resalta que la Ley debe prohibir las devoluciones en caliente y garantizar el principio de no devolución, el derecho al asilo y a una tutela judicial efectiva.
Por último, tanto el Consejo como No Somos Delito, señalan que es necesaria una reforma de la Ley que aporte claridad y previsibilidad, garantice la seguridad jurídica y evite una aplicación arbitraria y desproporcionada que pueda tener un efecto disuasorio para el ejercicio de las libertades de expresión y reunión en el Estado español.
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