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La precariedad de los trabajadores es el principal vector de contagio de COVID-19 en las residencias

La mitad de las muertes de la segunda ola están volviendo a darse en estos centros geriátricos. Y según un reciente informe de ActuarCOVID, un grupo de más de mil sanitarios que avala análisis independientes sobre la evolución de la enfermedad, el grupo de trabajadores de residencias de ancianos más afectados por la COVID son las auxiliares, las que están más cerca de los residentes, ya que les dan de comer y les asean, y las que sufren una situación laboral más precaria.

Los empleados –también hay casos entre personal médico, de enfermería o de limpieza– son el vector principal de transmisión, alerta el informe. Mucho más que los familiares, donde ahora se pone principalmente el foco, prohibiendo las visitas o restringiéndolas duramente. La falta de contacto con sus allegados está suponiendo graves problemas psicológicos para los residentes.

Lo que ha quedado demostrado durante la epidemia de COVID-19 es que la precariedad de las condiciones laborales y de vida de algunos colectivos acaba teniendo una repercusión epidemiológica y sanitaria en el resto de los sectores de la población. Ya se puso de manifiesto con los brotes entre temporeros en el Noreste de la Península, origen de una nueva cepa que se extendió por toda Europa según una reciente investigación y así se está repitiendo en las residencias.

Salarios dignos para no trabajar en más de un centro

Las trabajadoras (en un 90% son mujeres) “están en riesgo de contagio en las comunidades donde residen y pueden introducir la infección en las residencias. También pueden infectarse en las residencias y transmitir la infección a sus familiares y allegados. Por último, se corre el riesgo de que trasmitan la infección a otras residencias cuando alternan su trabajo en varias”, alerta el informe, centrado en la Comunidad de Madrid. La epidemióloga María Victoria Zunzunegui, que es su redactora principal, tiene claro que “hay una relación muy estrecha entre infección en residentes y personal”. Consultados otros epidemiólogos, sus criterios al respecto son coincidentes. Fernando Rodríguez considera a los trabajadores “los principales vectores de la infección dentro de las residencias”, mientras Jonay Ojeda señala que “si se cumplen las medidas de seguridad y las visitas están controladas, es la hipótesis más probable”. “Si hay transmisión comunitaria del virus en el ámbito que rodea a la residencia, aumenta la probabilidad de que el trabajador “lleve” el virus dentro, especialmente en aquellos territorios con menos impacto en la primera ola y donde la inmunidad natural sea menor”, añade.

Un reciente estudio del CSIC también se refiere a la necesidad de establecer “grupos burbuja” similares a los de los centros educativos en las residencias. Pero ¿cómo pedir a una trabajadora cuyo salario a tiempo completo apenas llega a 900 euros o a 500 si es de media jornada que no busque otro empleo a tiempo parcial en otro centro? Lo que propone ActuarCOVID, tomando el ejemplo de lo que se ha hecho en países como Canadá, es completar el salario hasta que sea lo suficientemente digno como para que no tengan que trabajar en más de un centro.

La crisis sanitaria estalló con muchos asuntos pendientes de cerrar en el sistema de dependencia. Los sindicatos habían pedido a la Vicepresidencia de Derechos Sociales una inyección de presupuesto de 4.000 millones en total durante toda la legislatura, y presionaban a la patronal para que firmase el VIII Convenio de las trabajadoras, paralizado desde noviembre. Afecta a casi 200.000 de todo el país. La última oferta de CCOO y UGT fue una subida salarial total del 10% de forma que los salarios base más bajos llegaran alcanzar los 1.000 euros en 14 pagas. Anunciaban por todo ello un marzo de movilizaciones que la pandemia canceló.

La situación es mejor en las residencias públicas para sus trabajadores en términos salariales, pero también arrastran problemas como la falta de personal. Juan Carlos García, técnico auxiliar en la residencia de Arganda del Rey, explica que su salario es de 1.289 euros mensuales netos, frente a los 900 que se suelen cobrar como máximo en la privada. Pero igualmente considera que “se está exprimiendo” a los trabajadores: “Hay muchas bajas por COVID que no se están cubriendo y las bolsas de empleo están cerradas, pese a que hay muchos auxiliares y sanitarios parados y en casa”, denuncia.

En España hay 380.000 plazas residenciales, según datos del Imserso. Son 4,21 por cada 100 ciudadanos mayores de 65 años, menos que hace diez años y por debajo de las cinco plazas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Junto a ello, el modelo se basa fundamentalmente en las concesiones: el 75% del total de plazas está en manos privadas, pero el 59% se financian con dinero público.