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Exigen al Gobierno que cumpla su compromiso de crear una prestación extraordinaria para quienes las han consumido durante la pandemia

El II ASDE (Acuerdo Social en Defensa del Empleo) recogía en junio la reivindicación sindical de extender la protección por desempleo a las personas que habían consumido sus prestaciones durante el estado de alarma.

Esta negociación se desarrolló durante el pasado mes de julio. La propuesta sindical fue que se reconociera un periodo de reposición de prestaciones a todas las personas que habían percibido y consumido prestaciones por desempleo durante el estado de alarma. El Gobierno rechazó esta propuesta, sobreestimando claramente su coste, que resultaba, en opinión de las organizaciones sindicales perfectamente asumible (1.500 millones repartidos entre 2020 y 2022).

Alternativamente, el Gobierno ofreció la creación de un subsidio extraordinario para quienes hubieran agotado sus prestaciones o subsidios por desempleo durante el Estado de Alarma (230.000 personas), lo que no fue aceptado, alcanzándose un acuerdo finalmente que debía dar cobertura, al menos, a 550.000 personas que habían agotado o agotarían sus prestaciones, en principio, hasta el 30 de septiembre, además de contemplarse la posibilidad de que se prorrogaran estas prestaciones con la prórroga entonces posible de los ERTES. De este acuerdo formaban parte las organizaciones sindicales y empresariales, además del propio Gobierno, claro está. Por último y para evitar más agravios comparativos y no dejar a nadie atrás en materia de protección, solicitamos la apertura en septiembre de la mesa de diálogo social para la reforma de la protección por desempleo, para dar respuesta al 1.600.000 desempleados y desempleadas que ya no tenían prestación antes de la crisis del COVID19.

Tras esa negociación, de manera inexplicable, el Gobierno ha demorado la concreción escrita del resultado de la negociación. En este momento aún no lo ha hecho, pese a que la negociación se inició bajo la premisa de una respuesta urgente a esta situación que ya debería estar en marcha.
UGT y CCOO consideran que esta es una cuestión prioritaria que extiende la cobertura de protección más allá de los ERTES dirigidos a mantener y preservar el empleo y las empresas, donde el esfuerzo realizado por la sociedad española es innegable.